Con la participación de Soria, se abrió el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia pasó a un cuarto intermedio la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo. El debate se retomará este miércoles a las 10.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta retomará este miércoles a las 10 el debate que comenzó este martes sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo. Se buscará emitir dictamen con el fin de poder sesionar la próxima semana. Desde la principal bancada opositora cuentan con una iniciativa propia.

El plenario de este martes fue encabezado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, y el de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli. En el inicio de la reunión, Juntos por el Cambio completó la grilla de autoridades de Asuntos Constitucionales designando al senador José María Torello para cubrir la vicepresidencia que había dejado vacante al conformarse la comisión. Estuvieron presentes en el plenario el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El debate

Previo a la ronda de preguntas, Soria contextualizó el debate del proyecto y calificó de “extorsivo” el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de diciembre de 2021 en el que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de 2006. En tanto, pidió al Congreso de la Nación que “rechace y repudie esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación”, subrayó.

Fue la diputada Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) la primera en consultar por los “riesgos” en la demora en sancionar una nueva ley y consideró que “esto es una intromisión del Poder Judicial en estipularle al Congreso los tiempos para sancionar una ley”. También preguntó por la redacción del proyecto actual en comparación con la iniciativa anterior del 2017 para “saber por qué la oposición no acompañaría” y si “se tomaron otros antecedentes legislativos”. Por último, remarcó que las dos leyes que la Corte Suprema declaró inconstitucional “no incluía la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura”.

A su turno, la opositora Guadalupe Tagliaferri cuestionó: “El fallo de la Corte ocurrió el 16 de diciembre y los senadores estuvimos esperando todo enero y febrero que nos convoquen a extraordinarias, tanto por el FMI como por el Consejo de la Magistratura, por lo cual, si llegamos a este tiempo, hay que tener consideración con ésto porque estamos a mediados de marzo porque podríamos haber empezado a trabajar en esto antes”.

“Usted nos solicita que declaremos inconstitucional algo que está fuera de nuestra competencia entendiendo que la Corte Suprema es el máximo organismo de interpretación de las leyes, no es un organismo cualquiera y tiene por facultad su intérprete final por excelencia y no es el Congreso el que define si una ley es o no inconstitucional”, lanzó la senadora y criticó “la redacción sobre paridad de género”, porque no se contempla en su totalidad.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) consideró: “El fallo de la Corte nos está dando una oportunidad única para que este Congreso nos devuelva una justicia más independiente”, y aclaró que “no venimos a defender la justicia actual, venimos a defender los derechos de los ciudadanos”.

Sobre el proyecto del Ejecutivo y sus formas, cuestionó: “Nos está haciendo desaprovechar esta oportunidad que está sumando más grietas”, y le pidió al ministro que se “hagan cargo” de lo que planteaban del “tratamiento exprés” porque “demoraron nueve meses desde que el presidente anunció el proyecto hasta que lo envió. Sobre todo, porque estuvimos tres meses desde que su Gobierno nos estuvo prometiendo, amenazando, de que iban a mandar 14 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, entre las cuales estaba el Consejo de la Magistratura”.

Foto: Comunicación Senado

“Acá estuvimos esperando que mandaran, que nos convocaran, pero no ocurrió. Me hace pensar que la propia interna que tienen en el Gobierno no les permitió poder convocarnos y perdernos la oportunidad, antes de estar a cuatro semanas, hubiésemos tenidos más de tres meses discutiendo el tema”, recalcó Juri y lanzó: “No me extraña porque ustedes están bastante acostumbrados a no hacerse cargo de las cosas. Y más me sorprende que cuestionó lo que hizo la Corte, su Gobierno durante pandemia tenían vacunatorio Vip, fiesta en Olivos. Me gustaría que haya consenso, pero queremos que reflexionen, encontrar los canales de diálogo”.

A su vez, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, la tucumana Beatriz Ávila, observó que “el fallo que habla de incorporar al presidente de la Corte tiene un sentido que es conseguir un equilibrio y no atentar con la división de poderes”. Respecto a la iniciativa del Ejecutivo cuestionó: “Hay una preponderancia del poder político gobernante que excluye al presidente de la Corte, deja de lado en su composición una visión federalista sobre cuántos son sus integrantes, en cuanto al ámbito democrático solo habla de facultades de derecho nacionales y no privadas”.

Por último, el senador oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) disintió con la legisladora preopinante sobre la designación del presidente de la Corte como miembro que presida el Consejo porque “el fallo de la Corte es criticar el equilibrio de los estamentos que integran al Consejo”, y coincidió con el ministro Soria porque “es de gravedad importante lo que ha determinado la Corte respecto de poner en vigencia una ley que este mismo Senado había derogado. Me parece que es abrir el juego a una situación judicial donde la división de poderes se ve vulnerada y es preocupante”.

Foto: Comunicación Senado

¿Qué dispuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

La Cámara alta lleva adelante el tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

Los proyectos

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por otro lado, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto de JxC propone que el Consejo este compuesto por cuatro jueces; ocho legisladores nacionales (4 por cada Cámara: 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo, dos del ámbito académico y científico. Además, en su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos.

La composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

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