Desde las 10.20, se realiza un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que recibe a seis especialistas invitados a exponer sobre los proyectos.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.
Tras recibir a funcionarios, que dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores reciben a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.
En la jornada expondrán Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.
También participarán Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.
En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el ’98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.
Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.
A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: “No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino”.
“El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial”, lamentó y explicó que “el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial” que “sigue en cabeza de la Corte Suprema”, sino que “lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción”.
Vítolo enfatizó que “esta ley no es cualquier ley”, por eso remarcó que no se trata de que “tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado”, ya que eso no le aportará “ningún tipo de estabilidad”. “En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza”, profundizó el presidente de FORES.
Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de “una tarea de tiempo completo”, para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que “está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo” y “en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes” porque “aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas”.
NOTICIA EN DESARROLLO
