Las escuelas de nuestra patria constituyen una institución fundamental para fomentar la transmisión intergeneracional sobre la Historia y la Memoria. El desafío de la educación es promover y habilitar las preguntas necesarias para pensar el pasado desde el tiempo presente y aportar a construir un futuro de forma colectiva. Al mismo tiempo es responsabilidad de las instituciones educativas promover la formación que brinde elementos frente al ocultamiento y el engaño que busca distorsionar el acuerdo fundacional que desde 1983, año de la recuperación de la democracia, acordó la ciudadanía en nuestro país.

La Ley de Educación Nacional N° 26206, que afirma a la educación como una política de estado para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales, establece en su Art 92 que "Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden institucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/las alumno/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la ley 25633 (Día de la Memoria, Verdad y Justicia)". En este marco, la conmemoración de la Semana de la Memoria constituye una oportunidad para fomentar una mirada crítica y social de los hechos, para el análisis y la formación sobre la defensa permanente del Estado de Derecho, la lucha contra todo tipo de autoritarismo, la plena vigencia de los Derechos Humanos; para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes construyan bases sobre las cuales defender sus derechos, sus garantías constitucionales, sus convicciones, pensamientos, deseos y anhelos.

Por eso creo indispensable señalar el rechazo contundente frente a posturas individuales que niegan historia y sólidos acuerdos democráticos, además de lo establecido por las leyes de nuestro país. No hay margen alguno para quienes teniendo la noble tarea de educar se arroguen atributos de opinar en contrario. Y deberán hacerse cargo social y legalmente tanto en términos individuales como institucionales. Sobre todo, y no casualmente, en el contexto de un mes que cala hondo en nuestra historia reciente, donde seguimos condenando genocidas, pidiendo el juzgamiento por las responsabilidades civiles, financieras, eclesiásticas y mediáticas, y buscando a nietas y nietos que fueron arrancados de sus madres luego del nacimiento en cautiverio.

La escuela es, sin dudas, el lugar propicio para ejercer esta acción formativa que nadie tiene derecho a distorsionar. Nuestro país es modelo internacional en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son ejemplo de lucha, amor y construcción colectiva. Mucho dolor nos costó esta Democracia que debemos seguir fortaleciendo en la calle, en cada lugar de trabajo, en cada institución educativa, tanto pública como privada, y en cada ámbito cotidiano. Al mismo tiempo considero una oportunidad para profundizar políticas que coadyuven no sólo a cumplir las leyes sino además a ratificar nuestra identidad histórica como pueblo.