La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), se reunió este martes en el Salón Illia y pasó a la firma un conjunto de proyectos sobre acuerdos internacionales. Sin embargo, la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, volverá a ser tratada en comisión para ser analizado en profundidad, tras el pedido que realizaron varios senadores.

El primero de ellos se trata de un proyecto que data de la gestión anterior, por el cual se solicita la aprobación del acuerdo sobre servicios aéreos con el reino de los Países Bajos, suscripto en la ciudad de Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.

“Hemos hecho la consulta a Cancillería y no tienen ningún inconveniente, más aún han hecho las consultas con Aerolíneas Argentinas y están de acuerdo en aprobar el convenio”, señaló Rodríguez Saá al respecto.

El segundo también corresponde a un texto enviado por el entonces presidente Mauricio Macri, y se refiere al acuerdo sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007.

Otro de los proyectos que pasó a la firma fue girado por el presidente Alberto Fernández, por el cual se pide aprobar el acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Sobre esta iniciativa, el presidente de la Comisión aclaró que “tiene despacho favorable de Cancillería. El Parlamento Europeo tiene una fundación que presta innumerables servicios sobre todo en capacitación del personal, legisladores para tratar los convenidos”.

Además, la comisión analizó la media sanción de la Cámara de Diputados sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 5 de junio de 2013.

El senador puntano explicó que “en este expediente están el de la senadora Norma Durango, de la Silvia Sapag y de Eugenia Duré”, por lo que sugirió “tratarlos juntos para no hacer dos debates”.

Por consiguiente, pidió la palabra el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal – Salta) quien sostuvo: “Estos proyectos han tenido apoyo de diversos senadores porque coincidimos en que la temática es importante y nadie acá va a estar en contra de la lucha contra la discriminación e intolerancia”, pero remarcó que “los dos tratados tienen casi el mismo título, uno es ‘discriminación e intolerancia’ y el otro es ‘discriminación racial e intolerancia’, lo aprobaron el mismo día y en el mismo lugar, pero bueno así es la diplomacia”.

Y planteó que se debería hacer un análisis “más profundo” no de la “temática” sino “de algunas imprecisiones, vaguedades en los incisos por ejemplo el primer tema de discriminación e intolerancia las definiciones están bien. En la primer parte que habla qué es la discriminación sostiene que es cualquier exclusión o restricción o referencia en el ámbito público y privada, pero la segunda parte habla de opiniones políticas y de otra naturaleza. Si no le damos precisión en el debate y no se analiza, se corre el riesgo de que, por proteger un derecho, limitamos otro como es la libertad de expresarse dentro de los límites que las leyes marcan”.

A su vez ejemplificó: “En el caso del conflicto mapuche ellos expresan que no son de la Republica Argentina y uno los censura, los critica ¿quién discrimina? ¿quién es el intolerante? Esto lo paga siempre la Nación porque hay una tarea de lobby bien interesante de los abogados vinculados a organizaciones que pasan los gobiernos y siguen ateniendo juicios, pero con los gobiernos kirchneristas son nombrados representantes ante el Tribunal, pero a su vez son los abogados que les hacen juicios a la Nación como nos pasó en la provincia de Salta”.

“Me llama la atención que este tratado, que ya tiene 10 años, lo firmaron solo 12 de 35 naciones y de las 12 firmantes solo 2 la ratificaron. Nos debería llamar la atención, hacer consulta a expertos y a la Cancillería”, expresó el legislador salteño y remarcó que “no estamos desprotegidos tenemos una Ley del 88’ que penaliza los actos discriminatorios, tenemos también protección legal contra discriminación e intolerancia, por lo que, si demoramos un poco podemos tener una mayor precisión para el tratamiento”.

Acto seguido, el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) adhirió a la propuesta de Romero, al igual que la misionera Magdalena Solari Quintana porque “sería interesante que la comisión escuche la opinión de expertos, sobre todo porque en materia de libertad de expresión hay muchos riesgos, teniendo en cuenta el rango que toma el tratado, y si no lo hacemos de forma eficiente nuestro trabajo, los jueces van a tener más trabajo. Hay que precisar conceptos que son muy amplios. Considero que tenemos un material académico y humano con mucho conocimiento para que puedan exponer”.

En la misma línea, la senadora fueguina María Eugenia Duré sostuvo: “Podemos seguir ampliando el trabajo que viene haciendo el país en materia de discriminación, sobre todo cuando hablamos de violencia política, tenemos que sumar a esto un instrumento jurídico. Hay una multiplicidad de motivos en la forma de discriminar. Sería fundamental tener a esos expertos en la materia sobre todo porque el país es modelo en esa temática para seguir ampliando lo que ya hemos presentado”.

“Tenemos que escuchar a expertos que nos puedan dilucidar, sobre todo porque no tomamos conciencia de que estos temas puedan llegar tanto a algunos sectores de la sociedad. He recibió muchos mails pidiendo que trabajemos este tema, que no acompañemos este proyecto. Hay un interés por parte de la ciudadanía y que entre todos tomemos la mejor decisión”, manifestó María Clara Vega (Mediar Argentina – La Rioja).