El senador y la diputada presentaron sendos proyectos en ambas cámaras. Sostienen que “el negocio de unos pocos” debe transformarse “en un verdadero servicio público para los usuarios”.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, junto a la diputada nacional, Jimena Latorre (UCR), presentaron un proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso que propone establecer un “Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas” más eficiente, transparente y menos costoso para los usuarios.
La iniciativa la acompañó la senadora Mariana Juri, en la Cámara alta; y los diputados Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace, en la Cámara baja.
El objetivo del proyecto es reestructurar el régimen actual, que tiene más de 60 años de vigencia, a través de la modernización del sistema incluyendo tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites. Con el fin de brindar un servicio eficaz a los contribuyentes y de esa manera lograr un mayor control y transparencia sobre los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo y añadió: “Si los encargados de Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; sino dejarán los registros”.
En tanto, Latorre expresó: “Proponemos modificar un sistema complejo y enmarañado para que sea ágil y transparente”. “En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo, a lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios. Debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas’ que reparte la política”, se explayó la diputada mendocina.
La digitalización y virtualización completa del proceso de registración disminuirá los costos operativos y ello significará menores tasas para los usuarios. De acuerdo al texto, se creará una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA- donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos. La virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información, se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente, argumentan.
En el país existen más de 1.500 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de un servicio territorialmente desconcentrado cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno nacional.
La propuesta es cambiar ese esquema transfiriendo a las jurisdicciones provinciales las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros a través de la Plataforma PURA, las que funcionarán en forma conjunta con los Registros de la Propiedad Inmueble. Esto se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada. No debe afectarse la continuidad del servicio registral ya que también implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica, por tanto, el esquema propuesto prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente.
La figura de los encargados de registro tiene especial previsión en este cambio de sistema. Estos encargados perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales, etc.). Es un sistema atípico que ha generado una larga controversia sobre el estatus jurídico de esos encargados, sus funciones y los aranceles que reciben, señalaron los autores.
“Este proyecto viene a traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado. La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo”, agregaron.
Por otra parte, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo el 40% es para el Estado. Esta propuesta de ley modifica el modo de recaudación para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público, y que será del 1% del valor que arroje la operación.
La recaudación entonces se dividirá en un 40% para jurisdicciones de origen, 40% para la DNRPA para la creación y financiamiento de la plataforma PURA y sueldos, y el 20% restante para la creación del Fondo para la Recuperación de los Caminos (FRC) y para infraestructura vial Federal. El FRC tendrá un consejo conformado por un representante de cada provincia con el fin de crear programas de repavimentación, bacheo, ampliación de banquinas, construcción de refugios y todas aquellas medidas destinadas a la seguridad vial de los usuarios de las rutas y caminos del país.
Los mendocinos radicales consideraron que “el contexto socio-político actual exige esta reforma sustancial del Régimen Jurídico del Automotor, que si bien ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, tiene más de seis décadas de existencia. El proyecto además se basa en el ‘Plan de Modernización del Estado’, aprobado en marzo de 2016 por el Decreto N°434, que promovía convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común. Este plan pretendió la constitución de una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios, siendo uno de los ejes la incorporación de infraestructura tecnológica y redes a fin de simplificar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos, promoviendo la completa ‘despapelización’ del Estado. Si bien el Régimen Jurídico del Automotor tomó iniciativas respecto a la aplicación de las normas referidas y la consiguiente simplificación de trámites, faltaba aún dar el salto completo hacia la virtualidad”.
“Hoy es una necesidad cambiar el funcionamiento de los registros del automotor, es fundamental que todos los avances tecnológicos sean acompañados de las consiguientes modificaciones normativas, a fin de resguardar la seguridad jurídica y facilitarle las tareas al ciudadano”, concluyeron.
