Con el acompañamiento de varios diputados de Juntos por el Cambio, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la Cámara de Diputados sobre la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social.

Puntualmente, la iniciativa pide información sobre el estado de implementación del programa en cuestión, indicando cantidad de beneficiarios alcanzados y acciones que actualmente se están ejecutando. Además, que se informe detalladamente cuáles son las acciones y medidas que el Estado Nacional lleva adelante para asegurar el cumplimiento de las medidas del mencionado programa. También, se solicitan datos acerca de si existen requerimientos o peticiones administrativas o causas judiciales dirigidas al organismo rector mediante las cuales se ha solicitado el cumplimiento y aplicación de las medidas de implementación y si existe un relevamiento de datos oficiales sobre la cantidad de personas destinatarias del mismo.

Finalmente, el proyecto requiere datos acerca de si existen acuerdos o convenios de entendimiento y colaboración suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos derivados de la relación.

Tras el encuentro que se realizó este jueves entre legisladores de Juntos por el Cambio y diversos sectores involucrados en la Ley de Alquileres, Carrizo consideró que la norma, proyectada como una herramienta protectoria para el creciente universo de locatarios en el país, “ha mostrado profundas insuficiencias y problemática derivadas de su aplicación en un contexto de imprevisión económica para las partes contratantes”.

“Desde su sanción, la utilidad de esta ley ha sido puesta en debate por los efectos indirectos que ha traído aparejado, provocando como consecuencia una suba de precios en los contratos, una disminución de la oferta de inmuebles disponibles para alquiler y una migración hacia su venta, con más el incumplimiento de varios puntos de la ley que han quedado virtualmente desnaturalizados”, agregó la legisladora cordobesa.

Y explicó que “a esta problemática habitacional de naturaleza estructural, se suman especiales condiciones de vulnerabilidad de determinados sectores poblacionales que sufren aún más el deficiente acceso a la vivienda propia y la inestabilidad de la economía argentina, y que los impulsa a concertar acuerdos de alquileres precarios, informales e inseguros”.

“Dadas las dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional, solicitamos a través de este proyecto, se expida con claridad y el mayor detalle posible para conocer los resultados alcanzados y valorar la necesidad de una reforma normativa que contemple la problemática referenciada”, finalizó.

El proyecto fue acompañado por sus pares Hugo Romero, Ximena García, Rodrigo De Loredo, Mariana Stilman, Lidia Ascárate, Leonor Martínez Villada, Graciela Ocaña, Gabriela Lena y Rubén Manzi.