Un grupo de diputados nacionales del Frente Pro, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

En la iniciativa recordaron que los primeros planes sociales aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaban durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También, durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde existía el plan social “Jefas y Jefes de Hogar, que buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

“Existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, fundamentaron.

A su vez, denunciaron que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

“Un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin especifico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”, concluyeron.

Acompañan con su firma los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas.