Vigo justificó su voto contrario al del Poder Ejecutivo
La senadora de Córdoba Federal sostuvo: “La nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”.

La senadora nacional Alejandra Vigo (Córdoba federal) adelantó este jueves en la Cámara alta su voto negativo al proyecto oficialista de reformar el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, remarcó que el “desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”, es lo que “más la preocupa”.
La cordobesa coincidió en la “oportunidad de darle tratamiento al proyecto” a escasos “cuatro meses del fallo de la Corte que invocó a la necesidad de una nueva ley para que el Congreso pueda dictaminar sobre el Consejo. Nos brinda una oportunidad para que este Cuerpo legislativo pueda sancionar una ley que cumpla con estándares de legalidad y devenga en un mejor funcionamiento”.
“La nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”, remarcó Vigo y explicó: “El Consejo fue facultado para fortalecer al Poder Judicial, para darle mayor independencia y más operatividad, eso no vulnera ningún principio de la República democrática, para despolitizar los nombramientos de magistrados, para reglamentar, administrar y organizar el Poder Judicial, designada y removiendo magistrados”.
A su vez, precisó: “No se puede prescindir de la Corte Suprema de Justicia. Una cuestión llamativa del proyecto es que a pesar del equilibrio que demanda la Constitución para la composición del Consejo se haya suprimido la segunda minoría de legisladores siendo que su integración pudiera aportar a una mayor participación o pluralidad y evitar la polarización del oficialismo”.
“Es nuestro deber garantizar que los poderes políticos no tengan en el Consejo una hegemonía, que si o si, menoscabe la transparencia en el cumplimiento de las funciones. En otro orden, sobre los profesores titulares, considero errónea el planteo de la elección que se lleva a cabo a través de los decanos de las facultades porque no se entiende el verdadero objetivo del proyecto, sino impedir que profesores tengan el mismo derecho que abogados y jueces”, cuestionó.
Y siguió: “Se produce un desplazamiento del poder de decisión de ese conjunto de profesores hacia los decanos que son funcionarios con responsabilidades de Gobierno que, por ende, pueden ser susceptibles a la influencia política. No encuentro explicación satisfactoria en el retroceso de este punto, esto deja atrás el proceso democrático”.
“Advierto dos aspectos que son muy claros: la discrecionalidad en todos los puntos y por otro lado el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo, inversamente necesitamos la sanción de una ley del Consejo para que sea un órgano más democrático, efectivo, abierto y eficaz. Esos desaciertos si no se corrigen el Consejo no tendrá equilibrada la composición que se requiere”, cerró Vigo y adelantó su voto en contra.