La Coalición Cívica le requiere información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.

Los dirigentes presentarán cuatro pedidos de acceso a la información pública a los cuatro organismos, y el bloque de diputados nacionales elaborará un proyecto de resolución, todos con el objetivo de reclamar precisiones acerca de la administración de la política social. “Tenemos que terminar con los funcionarios que están de los dos lados del mostrador, con los que se otorgan planes a ellos mismos”, afirmaron.

Las presentaciones fueron realizadas por el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; la diputada provincial Maricel Etchecoin; el diputado porteño Hernán Reyes; el concejal por La Matanza Héctor Toty Flores y la dirigente Fernanda Reyes, además del proyecto presentado por el bloque de diputados que conduce Juan Manuel López.

En cuanto al plan Potenciar Trabajo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y teniendo en cuenta que la manera en la que se gestionan los recursos asignados es discrecional y a través de intermediarios, los dirigentes de la CC reclaman que se informe cuántos titulares del programa participan en proyectos según el tipo: socio-laborales, socio-productivos y de capacitación; cuáles son los mecanismos de acceso al programa para las personas físicas, y cuáles para constituirse como Unidad de Gestión No Gubernamental; cuántas y cuáles son las cooperativas y organizaciones sociales constituidas como Unidades de Gestión No Gubernamental, y cuántos titulares asociados hay a cada una de ellas; qué mecanismos de auditoría existen acerca del uso y direccionamiento de los fondos públicos gestionados a través de la intermediación de las Unidades de Gestión No Gubernamental, y qué resultados está teniendo el programa en términos de egreso de quienes hubieran participado en procesos de capacitación o que hubieran ingresado a empleos formales.

Al INAES, que tiene a cargo el registro de las cooperativas y mutuales, el control de cumplimiento de los requisitos formales y de actividad, y la distribución de apoyos financieros (subsidios o préstamos), los dirigentes de la CC le solicitan que indique la cantidad de cooperativas conformadas al solo efecto de percibir planes sociales del programa Potenciar Trabajo, y la distribución territorial de dichas cooperativas. También la cantidad de subsidios y de préstamos otorgados por el INAES a través de su directorio y la fluctuación de ambas operaciones entre 2015 y 2022. Además, se le pide que informe la cantidad de subsidios entregados a las cooperativas de trabajo vinculadas a los planes sociales durante 2020 y 2021, e identifique cada cooperativa que recibió este tipo de apoyos.

Los dirigentes de la CC sospechan que “la cantidad de reportes durante el 2020-2022 ha sido mucho menor que las realizadas durante la gestión anterior. Esto es relevante porque muchas cooperativas y mutuales realizan operaciones financieras por fuera del ámbito regulatorio del BCRA, por lo que el sistema de controles es más bajo. Por lo tanto, se le solicita que indique la cantidad de reportes de operación sospechosa recibió por parte del INAES en el período 2015-2022; la profesionalidad con la que la UIF analiza y sistematiza los reportes de operación sospechosa, identificando aquellos que conlleva un mayor riesgo y aquellos que no. Por eso queremos conocer si utilizan una matriz de riesgo y si tienen mecanismos de inteligencia artificial destinados a facilitar la identificación de reportes que requieren un mayor análisis”.

En ese sentido, apuntaron: “Desde la asunción del nuevo Gobierno que preside Alberto Fernández, funcionarios pertenecientes a organizaciones sociales que nuclean a cooperativas de trabajo creadas a los efectos de percibir planes sociales del Potenciar Trabajo, se encuentran a cargo de organismos estatales destinados al control de las cooperativas, el destino de subsidios y la distribución del Potenciar Trabajo. Esto ha provocado que, en una gran cantidad de casos, funcionarios deriven recursos públicos a sus propias organizaciones políticas y fiscalicen el cumplimiento del destino supuesto de dichos recursos”.

Por lo tanto, la CC le reclama a la OA que brinde información acerca de si los funcionarios que forman parte de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto esta situación en sus respectivas declaraciones al momento de asumir sus cargos y si la Oficina Anticorrupción ha iniciado, a pedido de parte o de oficio, investigaciones tendientes a identificar y mitigar los riesgos de estos conflictos de interés.

Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, señaló que “con el tema planes sociales hay que ser muy serios, el oficialismo tiene que dejar de usar a los pobres y la oposición tiene que controlar que no se abuse de ellos y no se robe”.

Por su parte, Ferraro sostuvo que “está claro que los funcionarios que dan subsidios están de ambos lados del mostrador. Otorgan y reciben fondos a través de cooperativas asociadas y amigas. Encima, luego vemos cómo usan a los pobres de manera escandalosa y juegan su interna en el gobierno. El presidente debe tomar urgentes cartas en el asunto. Los funcionarios que presenten conflictos de interés deberían renunciar y elegir de qué lado del mostrador están”.

A su turno, Reyes aseguró que “tenemos que ir al fondo de la cuestión con los planes sociales. Y hay que cortar por el eslabón más fuerte, no por el más débil. El eslabón fuerte son las organizaciones sociales, los funcionarios y los intermediarios que se enriquecen a costa de un sistema perverso. Que rindan cuentas por su actividad como funcionarios y por el sistema perverso que administran”.

En suma, Toty Flores manifestó que “el Gobierno debe rendir cuentas sobre lo que está pasando. La política de planes sociales fracasó y ha sido funcional a dirigentes cobardes que utilizan a los sectores más pobres para conseguir poder y dirimir internas. La salida debe implicar un cambio de lógica y plantear un proceso de recuperación hacia el trabajo”.

Fernanda Reyes, dirigente de la CC sostuvo que “el Gobierno Nacional ha utilizado históricamente los planes sociales como política de control social y deben dar explicaciones. Crearon un sistema que no funciona porque los que quieren salir adelante no pueden, mientras unos pocos se quedan con los recursos de todos. Hay que terminar con la práctica clientelar. Es el primer paso para salir de la pobreza.”.

Por último, Etchecoin planteó que “el gobierno de Alberto Fernández y muchos referentes de organizaciones se tienen que hacer cargo de haber generado, con los planes sociales, un sistema de extorsión y control de personas pobres. Usaron a esas personas que padecen necesidades. Una actitud sumamente violenta. Por eso es urgente cambiar el sistema de planes sociales por una política para la capacitación de empleo”.