Con la intención de favorecer el desarrollo inmobiliario en la Ciudad, el legislador de La Libertad Avanza Leonardo Saifert presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca eliminar el pago de la plusvalía en las construcciones urbanas, al considerarlo “un impuesto altamente regresivo para el desarrollo inmobiliario”.

En ese sentido, el liberal afirmó que “el Código de Planeamiento Urbano (CPU) promulgado en el 2019 tuvo muchísimas falencias que terminaron siendo emparchadas. Estos parches tapan el error, pero no lo ocultan del todo” y advirtió que hay “errores que van desde calcular la altura de los edificios sumando los pisos según la mínima altura permitida pero olvidando el grosor de las losas -eso generó la pérdida de un piso completo- hasta cobrar la plusvalía basada en un cálculo que sólo estaba presente en la ley derogada del anterior CPU”.

Además indicó que “si bien algunos errores que aún mantiene el CPU son groseros, creemos que volver a modificarlo en este momento ocasionaría aún más percances a los emprendedores. Por eso, con el deseo de alivianar las regulaciones que impiden progresar al emprendedor, decidí volver a revisar el cálculo de plusvalía. Un costo que -actualmente- algunos sectores desean aumentarlo y terminar de destruir así el desarrollo inmobiliario”.

“Esta obligación tributaria -dijo el legislador libertario- sólo la entiendo como un abuso de la autoridad que es violatoria de los principios constitucionales del artículo 11, y un obstáculo para el pleno desarrollo de los emprendedores y propietarios”, añadió.

Sobre esa misma línea Saifert consideró que “la legislación que habla de la plusvalía olvida un hecho fundamental que es la existencia de lotes que se vieron perjudicados con este gravamen. Aquellos que ahora tienen permitido una construcción menor a la que existía con el antiguo CPU no tienen ningún tipo de compensación por la pérdida” y remarcó que “no hay minusvalía y tampoco tienen permitido construir según la altura original, por esto -agregó el legislador porteño- el código terminó desvalorizando esos lotes, atentando contra la propiedad privada y la capacidad de ahorro de esos propietarios”.

El legislador alegó “cierto oscurantismo” sobre el destino de la recaudación impositiva, cuyo actor es el Fondo Público de Hábitat Sustentable, organismo que transfiere lo cobrado al Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible.

Este último, según la ley 6.466, en su artículo 4, indica que el Estado Nacional se vale de los impuestos del ciudadano y por tal motivo puede afirmar que existe una doble imposición tributaria. “Este gravamen es un atropello a la libertad de los emprendedores ya que aborrece dar a cada uno lo suyo, lo cual es fruto de su trabajo. Y no solo se ve afectado y modificado arbitrariamente, sino que los perjudicados no obtienen resarcimiento y los beneficiados se ven en la obligación de aportar dos veces a un mismo fondo”, finalizó Saifert.

Cabe recordar que la plusvalía es el pago que se debe abonar para obtener el permiso de obra cuando la construcción supera los límites establecidos por el Factor de Ocupación Total (FOT). Y se calcula en base a una alícuota por zona, incidencia y cantidad de metros cuadrados “ganados” con la nueva legislación.