Se trata de una iniciativa de Claudio Romero (VJ) y Roberto García Moritán (RU), quienes buscarán que el distrito capitalino recupere el dinero que invierte en limpiar y reparar los destrozos ocurridos durante las movilizaciones.
El diputado de Vamos Juntos (VJ) Claudio Romero y el de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán que las organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones civiles, cooperativas o personas que convoquen y organicen acampes, piquetes, manifestaciones o reuniones sean quienes afronten los gastos de recolección de residuos, limpieza, reparación general, pintura, etc, que se generen en ocasión de dichos eventos.
El texto recientemente presentado establece que será la autoridad de aplicación la cual establecerá “la responsabilidad de los participantes en los hechos”, realizará el cálculo de los gastos y la ejecución de los mismos tras las movilizaciones.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores porteños indicaron que el mismo tiene como “finalidad responsabilizar económicamente a quien corresponda por los daños cometidos en el marco de la organización de manifestaciones, acampes o piquetes llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires” y recordaron que “tras el acampe realizado el día 1 de abril del corriente año llevado adelante por diversas Organizaciones Sociales sobre la Avenida 9 de Julio, alrededor de 70 trabajadores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana se encargaron de realizar las tareas de limpieza, incurriendo en un gasto extraordinario para la Ciudad”.
“Incluso, las Organizaciones Sociales suelen contratar baños químicos o puestos de comida rápida para los eventos que organizan, y es la Ciudad de Buenos Aires quien debe afrontar los costos de la limpieza de los desechos humanos y desperdicios alimenticios”, señalaron y destacaron que “lo cierto, es que es la Ciudad quien asume los gastos de limpieza, reparación de los destrozos, reposición del césped dañado y demás gastos que derivan de los masivos conglomerados de gente, por un monto estipulado que supera los $3,5 millones de pesos por evento”.
Romero y García Moritán advirtieron que “siendo que las Organizaciones mencionadas en la Ley cuentan con su propia ‘caja’, dinero que utilizan para imprimir afiches, diseñar banderas y contratar micros para facilitar la movilidad de sus manifestantes, entre otras cosas, consideramos que son ellos quienes deben asumir los costos por los daños cometidos en el marco de la manifestación, acampe o piquete que llevaron a cabo”.
“Incluso, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía del año pasado, hubo organizaciones, cooperativas y asociaciones civiles que recibieron fondos públicos del Estado Nacional, lo cual deja en evidencia que cuentan con un caudal suficiente de fondos para hacer frente a los daños que sus manifestantes pudieran ocasionar”, sentenciaron.
