Inquilinos defendieron la ley vigente

Ante los diputados defendieron los tres años de contrato, que “sí dan previsibilidad”, valoraron un impuesto a la vivienda ociosa y sugirieron alternativas para los aumentos.

Más allá de admitir ciertas deficiencias a corregir, los representantes de los inquilinos se manifestaron mayoritariamente este martes a favor de la Ley de Alquileres y reclamaron a los diputados que analizan modificaciones a la norma tomarse su tiempo antes de resolver el tema y no actuar de manera acelerada. Y sobre todo, no derogar la ley.

Roberto Díaz, de la Unión Inquilinos Rionegrina, advirtió que en su provincia “hay personas que están viviendo en carpas, en autos, en colectivos” y “personas que se tuvieron que ir” de sus ciudades. “La mitad de los contratos no están cumpliendo con la ley. La mitad de los inquilinos se queja de que los contratos que se están firmando son con aumentos semestrales”, reveló y denunció que hay “aumentos entre el 100% y 120%”.

Esas inequidades están “expulsando” a “familias que no son de clase baja, sino son policías, docentes, trabajadores formales”, apuntó, por lo que expresó que “la situación es muy preocupante” y “el inquilino se ve muchas veces forzado a firmar cosas que están fuera de la ley sin respaldo por parte del Estado”.

Durante su exposición, César Lera, de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, enfatizó que “el inquilino es la parte débil del contrato y debe ser asemejado al consumidor en igualdad de herramientas y con el Estado presente”. Al poner números sobre la mesa, el expositor apuntó que “en Jujuy hay 36,2% de pobres y 6,3% de indigencia”, al tiempo que “el mayor empleador es el Estado provincial”.

Un alquiler de un ambiente “comienza en 20 mil pesos, dependiendo de la zona”, especificó. Pero al calcular los gastos extra que se necesitan, Lera manifestó que, por ejemplo, un docente que recién inicia y gana 49 mil pesos debería tener para ingresar a un alquiler 79 mil pesos. Además, comparó que el aumento del alquiler para quien cumple un año es del 54,8%, mientras que el aumento para un empleado público es del 20%, en forma escalonada.

Para el representante de los inquilinos, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de acceso a la vivienda digna, debe ser “interpretado operativamente como la protección del Estado a los inquilinos para que accedamos dignamente a un techo con nuestras familias”.

Defensa de los 3 años de contrato

Por los Inquilinos de Entre Ríos expuso Jonathan Villanueva, quien remarcó que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro”, y denunció: “He escuchado varias mentiras y ocultamiento de información, como por ejemplo que los 3 años no dan previsibilidad; para opinar de eso estamos nosotros”, y contradijo: “Los 3 años sí dan previsibilidad, el que dice eso es porque no alquila. La actualización anual es muy importante y vamos a defender los 3 años de previsibilidad, el índice debe ser anual y por debajo de la inflación”.

“Esta ley se tiene que mejor, pero no volver atrás. Es importante generar políticas para beneficiar el acceso a las viviendas de alquiler, que sea más fácil. Creemos que un impuesto a la vivienda vacía va a igualar la oferta y demanda. Fijar un precio inicial, como manifestó (José Luis) Gioja en su proyecto, es importante por eso vamos a apoyar iniciativas que beneficien a ambas partes”, concluyó Villanueva.

 “Ni suspender, ni derogar”

Ana Fernández Borsot, habló como fundadora de la Plataforma por la vivienda digna El Chalten y coordinadora del observatorio del derecho a la ciudad Patagonia- Santa Cruz, pero también como representante de los inquilinos. Y lo hizo de manera enfática, ponderando a quienes habían hablado en nombre de los inquilinos, pero criticando al resto, de los que dijo de manera severa: “No sé en qué realidad paralela viven”.

“Me sorprende que digan que antes de la vigencia de esta ley todo funcionaba de maravillas”, cuestionó, advirtiendo por quienes ven “vulnerados sus derechos y ven crecer el problema del acceso a la vivienda”. Muy dura, reclamó a los legisladores que “no traten esta cuestión con la superficialidad y las prisas que han trascendido de manera mediática, ni mucho menos en 30 días. No se trata ni de suspender, ni de derogar”.

Pidió por el contrario tratar el tema “con la seriedad y el tiempo que requiere el debate legislativo”, y aclaró que “no hay fórmulas mágicas, no traten de solucionar la cuestión con propuestas maniqueas, o por lo menos no lo hagan en nuestro nombre”.

Borsot sostuvo que “hoy la población inquilina y trabajadora del país está en situación paupérrima”, y llegó al punto de definir su situación como “una forma moderna de esclavitud, más que de libre contratación entre las partes”. E insistió en reclamar a los legisladores que “evalúen correctamente la magnitud y el componente sistémico del problema”.

No es cierto que la ley perjudicó; no hay ningún dato cierto que pueda demostrar la relación causa y efecto”, sostuvo, asegurando que “hoy quien alquila en general no lo hace por elección o por opción, sino que no tiene ninguna alternativa”.

Franca D’Amico, presidenta de Cooperativa Inquilinxs Córdoba (CoopinCo) y parte del Frente de Inquilinxs Nacional, cuestionó la reacción del sector de propietarios e inmobiliarias que de entrada, tras la aprobación de la ley -dijo- fue la de “pretender instalar, y lo lograron, que era perjudicial para ambas partes, que fue un error”. Y destacó el contrasentido referido a que por un lado se afirmó que “aumentaron terriblemente los alquileres y al mismo tiempo manifestaron que se retiraron los alquileres por la baja rentabilidad”.

“Les pido que se pongan de acuerdo: o baja la rentabilidad, o han aumentado los precios en detrimento de inquilinos e inquilinas”.

D’Amico cuestionó también que se considerara que en un contexto de inestabilidad e inflación no se podía sujetar el mercado a un índice determinado. Por el contrario, dijo que “antes se aplicaban índices acumulativos y nadie sabía cómo se estimaba cómo iba a ser la inflación de acá a dos años, para poder aplicar índices de actualización semestrales. Ahora, en cambio, “se fija un índice anual sujeto a variaciones del INDEC que son ciertas y no sujetas a un índice subjetivo”.

“Planteamos que esta ley es fruto de la lucha de la comunidad inquilina -agregó-. Derogarla va a tener como efecto dejar desprotegidos a inquilinos. Ninguna ley es perfecta, por lo tanto lo  más adecuado es modificarla, teniendo en cuenta la posición de los inquilinos, que de ninguna manera puede ser igualitaria, por la sencilla razón de que no reúne las mismas características”. Así las cosas, D’Amico consideró que “sí o sí el inquilino necesita el control del Estado. No basta con escribir el derecho y dejarlo plasmado en un texto”.

Para la presidenta de CoopinCo, “el precio de la locación no puede estar sujeto al criterio subjetivo del mercado inmobiliario. Sí o sí tiene que estar regulado por el Estado”. Consideró que puede revisarse el sistema de actualización, pero sugirió que siga siendo anual y “sujeto a las variaciones salariales, para evitar que se traduzca en un desfasaje de los alquileres”.

Asimismo reclamó incorporar la regulación del precio inicial, una cuestión en la que aseguró que se producen abusos.

También se manifestó a favor del impuesto a la vivienda ociosa, “para tener más viviendas en alquiler, y que el Estado adquirir inmuebles y los destine al alquiler”.

“Derogar esta ley se va a traducir en dejar solos y solas a los inquilinos e inquilinas”, concluyó.

En nombre de los inquilinos de Villa La Angostura, Valeria Toledo denunció que la situación que viven es “dramática” porque no existen contratos o los que se consiguen son “irregulares o totalmente abusivos sujetos a la necesidad de los propietarios”. A su vez, apuntó que “no existe ningún tipo de control y nadie vela por los inquilinos por esos casos”, y agregó que “algunos alquileres son en dólares. El alquiler ha arrasado con las viviendas permanentes en la localidad”.

“Los inquilinos recibimos muchos maltratos por parte de los propietarios, no hay contratos por escrito todo es de palabra, si se realizan son con cláusulas ilegales, con aumentos del índice con plazos menores a los obligatorios, algunos propietarios ingresan a la vivienda cuando no estamos, el precio del alquiler no se condice con el estado de la vivienda. Es imposible alquiler con hijos o mascotas, es la condición que ponen los propietarios. Alquilamos en marzo hasta noviembre porque después alquilan para el turismo”, explayó Toledo y cerró: “Defendemos los tres años y el aumento anual”.

Mariana Saldaña de Unión Inquilinos de Luján precisó que hay “una asimetría entre quien alquila y el mercado. No queremos que se vuelvan a los contratos cortos, esto es querer volver a un retroceso.  Vamos a luchar por el plazo de tres años y actualizaciones cada un año. Exigimos que implementen políticas de defensa de acceso al alquiler”.

“Estamos discutiendo la ley por una presión marcada del sector inmobiliario. No se habla de ley de alquileres ni de ley desde la dictadura. Los inquilinos han visto vulnerados todos sus derechos durante años”, cuestionó Fabiana Happel de Inquilinos La Pampa y apuntó al mercado inmobiliario que quieren “continuar con el aumento de alquileres desmedidamente porque aún habiendo una ley que tildan de ‘fracaso’ no se ha cumplido la ley, no hay control por parte del Estado, por eso fracasó la ley. No podemos volver a los contratos de dos años porque es imposible sostener en el tiempo, vamos a hacer lo imposible para que la ley siga, no se puede derogar”.

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