Tras las denuncias por viandas en mal estado, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley por el “derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas”, mediante la cual buscará transformar el funcionamiento de los comedores y viandas en jardines, primarias y secundarias de la Ciudad.

La propuesta de los legisladores incluye: la universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar, impedir que empresas infractoras puedan proveer alimentos fomentando la contratación de cooperativas gastronómicas, rurales y pymes, así como la creación de una comisión interdisciplinaria integrada por nutricionistas y actores de la comunidad educativa que controlen los menús y la implementación.

La comisión estará integrada por diez miembros, de los cuales dos serán representados por el Ministerio de Educación; dos por la Asociación sindical de trabajadores de la educación con mayor número de afiliados según padrón de aportantes, y uno por la siguiente en cantidad de afiliados; tres en representación de las asociaciones de cooperadoras escolares; tres profesionales de la salud provenientes del ámbito público y con trayectorias laborales y académicas que los califiquen para intervenir en materia de alimentación de niños y adolescentes; y dos estudiantes de nivel medio en representación de los centros de estudiantes.

La iniciativa también prevé que se garantice un menú especial para los estudiantes que lo soliciten por motivos de salud acreditados por certificado médico y un menú vegetariano, vegano, bajo en sodio, bajas calorías, sin TACC o sin harinas refinadas, para los estudiantes que por decisión propia lo requieran.

A través de un video que subió en las redes sociales, Fernández consideró que “no debería ser mucho pedir que ningún pibe se intoxique comiendo en la escuela y que la comida no solo tiene que ser mínimamente sana, tiene que ser rica. Defendamos la mejor infancia posible, las mejores escuelas y un estado sensible”.

Mientras que Barroetaveña aseveró que “la gestión de los comedores escolares de la ciudad es calamitosa y requiere una urgente revisión” y concluyó señalando que “son más de 12.600 millones de pesos que año a año se destinan a unas pocas concesionarias para la provisión de un servicio ineficiente, plagado de denuncias por desmanejos y hasta casos de intoxicación masiva”.