El Consejo de la Magistratura no pudo avanzar con la designación de ternas

En lo que representó su última reunión con esta conformación, el organismo postergó la votación de magistrados.

En el último plenario del Consejo de la Magistratura, que se llevó a cabo este miércoles, se tomó la decisión por unanimidad remitir las ternas para la designación de jueces a la Comisión de Labor hasta que haya una nueva conformación de órgano judicial, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su integración en diciembre del año pasado y emplazara a reformular su conformación antes del 15 de abril.

La propuesta de postergar las votaciones de las ternas, que debe hacer el plenario con una mayoría especial de 9 sobre un total de 13 miembros, partió desde el representante del Poder Ejecutivo en el organismo y hombre de Cristina Kirchner, Gerónimo Ustarroz, quien reconoció: “Hicimos todos los esfuerzos para llegar al requisito exigido por la ley, pero no hemos arribado a ningún acuerdo por los concursos. Más allá de haber sido generosos con el grupo (por la oposición) que debería haber llegado a dar esos dos votos que faltaban. Nos arrimamos, estuvimos a uno, pero no llegamos”.

En ese contexto el oficialismo volvió a fracasar en la estrategia para nombrar a cinco jueces federales en los tribunales de Comodoro Py donde se investigan los casos de corrupción, ya que buscaba ocupar, en esta última sesión del Consejo, los lugares que dejaron vacantes los jueces federales Claudio Bonadío (fallecido), Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que el kirchnerismo buscó desplazar sin éxito. Cabe recordar, que ya habían intentado avanzar con las designaciones dos veces en el último mes, pero no lo lograron.

Tras finalizar el debate de los concursos, arrancó otra dura discusión para votar un reglamento de emergencia que generó cruces entre los consejeros. Los integrantes alineados con la oposición, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo y los legisladores Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo se manifestaron en contra de aprobar esa resolución. Sin embargo, el oficialismo lo defendió y se aprobó con siete votos, los seis propios más el de la diputada Graciela Camaño.

El reglamento de “funcionamiento mínimo”, que estaba en discusión desde hace al menos dos semanas, se armó para evitar que el Consejo entre en parálisis en el caso de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no suma la presidencia a partir del 15 de abril.

El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.

Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto. Además, una cautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, le prohibió al Congreso enviar sus representantes a la Magistratura.

Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte.

La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.

Aunque, más allá de una posible sanción de la ley por parte de los diputados que por ahora aparece incierto, el escenario es complejo ya que el Senado -que maneja Cristina- y la Cámara de Diputados -que controla Sergio Massa- no propusieron a sus representantes que deberían sumarse si finalmente no hay una ley y se vuelve al esquema de 20 miembros que rigió hasta 2006 y que cambió a 13 por iniciativa del kirchnerismo.

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