El jefe del Frente de Todos en Diputados opinó sobre “alternativas existentes” para evitar un hecho de “gravedad institucional”, y solicitó 90 días más para tratar la nueva ley.
En la antesala de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asuma al frente del Consejo de la Magistratura, vencido el plazo dado por el máximo tribunal para que se sancione una nueva ley, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, reclamó “tiempo para legislar” al Congreso, y así evitar un hecho de “gravedad institucional”.
En una publicación a través de la red social Facebook, titulada “Tiempo para legislar o conflicto de poderes”, el legislador habló de “alternativas existentes para encauzar el debate sobre el Consejo de la Magistratura”.
“Hoy es un día bisagra para el funcionamiento institucional de la democracia argentina. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia (de ahora en más CSJ) puede tomar decisiones gravísimas para la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones“, alertó el santafesino.
En ese sentido, subrayó: “Al expresar estas palabras no estamos ’embistiendo’ ni realizando una ‘ofensiva’ contra nadie. Al contrario: estamos advirtiendo y alertando sobre la gravedad institucional del escenario que se puede configurar hoy en la justicia argentina. Lo hacemos respetando la Constitución y las leyes vigentes. Y lo hacemos convencidos de que aún hay una salida posible”.
En un repaso sobre cómo se llegó a esta situación, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara baja mencionó que “el 16 de diciembre de 2021, luego de tener el tema en estudio durante 1.577 días, la CSJ declaró inconstitucional la Ley 26.080 que en el 2006 modificó la composición del Consejo de la Magistratura”.
“Dijo además que el Congreso tenía 120 días para sancionar una nueva ley, que modifique la composición del Consejo de la Magistratura. A esa altura, la CSJ ya sabía que desde finales de noviembre el Poder Ejecutivo había ingresado en el Senado de la Nación un proyecto que modificaba la conformación del Consejo, llevándolo de 13 a 17 miembros”, continuó.
Martínez observó que “la CSJ dijo otra cosa en ese fallo de diciembre de 2021. Además de declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y de emplazar al Congreso para que en 120 días sancione una nueva ley, dijo que -de no haber una nueva ley- se reponía la vigencia de la Ley 24.937 sancionada en diciembre de 1997”.
“Esa ley de 1997, le daba al Consejo una conformación de 20 miembros y le cedía la Presidencia del Consejo al presidente de la CSJ, por aquél entonces Julio Nazareno, un ícono de los tiempos de la mayoría automática”, recordó.
El diputado analizó que “claramente, en ese fallo, la Corte anunciaba que estaba dispuesta a asumir facultades legislativas” cuando “los únicos que pueden dictar leyes son los y las diputados y senadores. El Poder Ejecutivo cuenta con la herramienta constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Pero la Justicia no puede legislar”.
En referencia a la media sanción que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tuvo en el Senado (con modificaciones), el santafesino resaltó que “de los 120 días con que contaba el Congreso para sacar una nueva ley, la Cámara de Diputados contó solamente con 4 días hábiles. Un despropósito. Imposible legislar en tan exiguo plazo sobre un tema tan profundo. Cumplido el plazo fijado por la CSJ en su fallo ¿qué pasará este lunes? -se preguntó-“.
Entonces sostuvo que “si en nombre de la -derogada- Ley 24.937 hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. La Presidencia de la CSJ comenzará a tomar decisiones sobre el Consejo de la Magistratura en el marco de una ley derogada hace 16 años atrás. Volvemos a la toma de decisiones hiper concentrada en una sola persona: la Presidencia de la CSJ”.
“Mientras tanto, hay una medida pre cautelar interpuesta por el Juzgado Federal Nro. 2 de Paraná ante una solicitud realizada por el diputado nacional Marcelo Casaretto. El fiscal federal de Paraná apeló, pero el juez no le concedió la apelación. En virtud de ese fallo, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores cuentan con 5 días hábiles para acercar al juzgado toda la información y análisis correspondiente. Mientras tanto, se tienen que abstener de enviar al Consejo las designaciones de los potenciales nuevos miembros, de acuerdo a la ley derogada en 2006″, explicó.
Y defendió que “las autoridades del Senado y de Diputados tienen que cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná que está claramente vigente. Tal es así que dirigentes opositores evalúan solicitar un ‘per saltum’ a la Corte. No hay ninguna contradicción entre el fallo de la justicia de Paraná con el fallo de la Corte. Lo único que se pide es agotar el trámite parlamentario, contando con el tiempo suficiente”.
En el tramo final de su publicación, Martínez expresó: “¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar“.
“Sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando. Ciertamente, la totalidad de los diputados y senadores, sin distinción de espacio político de pertenencia, deberíamos estar pidiendo lo mismo: TIEMPO para legislar. Para eso fueron (y fuimos) elegidos”, agregó.
E insistió que “si la CSJ le concede este plazo al Congreso, es porque tiene la predisposición a encaminar el tema. Si, por el contrario, este lunes el presidente de la CSJ avanza asumiendo la Presidencia del Consejo -en función de la ley derogada en 2006- se configurará un escenario de enorme gravedad institucional”.
“Los posibles caminos están bien definidos. Darle tiempo al Congreso para legislar. O insistir en un escenario de gravedad institucional. Esas son las opciones. Y no hace falta argumentar demasiado, porque las consecuencias de ambas alternativas son muy evidentes. Será una decisión política de la Corte. Y especialmente de su presidente. Esperemos que prime la cordura y la defensa de las instituciones”, concluyó.
