La líder de la Coalición Cívica advirtió a las autoridades de ambas cámaras que no cumplir con el fallo de la Corte “puede encuadrarse en delitos penales”.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena en medio de la controversia por la recomposición anterior del Consejo de la Magistratura, que pasó a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En la previa de la conferencia de prensa que darán los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio para reclamar la designación de dos legisladores de ese espacio, a partir del fallo de la Corte que restituyó la ley de 1997 -derogada en 2006-, referentes de la CC-ARI enviaron este martes una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En la misiva, firmada por Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro -presidente del partido a nivel nacional- y Juan Manuel López -jefe del bloque en la Cámara baja-, expresan: “Nos dirigimos a ustedes como representantes del partido político Coalición Cívica ARI en relación al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la obligación que a ustedes les cabe de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires’, nombrando a los legisladores propuestos por los bloques políticos Frente Pro y Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, respectivamente, para completar la integración de dicho órgano constitucional”.
“No tienen ustedes obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema”, enfatizaron y señalaron que “esto especialmente luego de la resolución del pasado 18 de abril dictada por el Máximo Tribunal sobre la medida precautelar del grosero expediente ‘CASARETTO, MARCELO PABLO c/ CÁMARA DE DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986′”.
En referencia a la resolución de la Corte sobre la medida que había tomado el juez Daniel Alonso, los dirigentes de la CC-ARI indicaron que “la Corte extinguió ese proceso por carecer de validez desde su promoción, ordenando al Juzgado Federal N°2 de Paraná que proceda a su archivo y anulando todo lo actuado por ese Juzgado en el caso. Todo lo que se ordenó se ha notificado a la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional”.
En el final de la carta, Carrió, Ferraro y López advirtieron que “cualquier otra decisión por parte de ustedes como autoridades del Congreso representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional, conducta esta, que puede encuadrarse en delitos penales”.
