Con una treintena de expositores, siguió debatiéndose en Diputados la Ley de Alquileres

La Comisión de Legislación General recibió durante más de tres horas a representantes de los distintos sectores en el Anexo “C” de la Cámara baja.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau (FdT), retomó este martes las audiencias en torno al debate de la Ley de Alquileres, con la participación de invitados que representan a los distintos sectores involucrados. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, con la mayoría de los oradores de manera presencial.

En esta ocasión fueron convocados 30 expositores, de los cuales la mitad representan a los inquilinos. En la primera reunión, realizada la semana pasada, predominaron los referentes de colegios inmobiliarios y martilleros. Además, durante ese encuentro, hablaron ante los legisladores invitados de casi todas las provincias del país, bajo la modalidad virtual.

La discusión en torno a la Ley 27.551 continuará este miércoles, mientras que se espera que la semana próxima -los días 26 y 27- los diputados se aboquen al debate de la letra de los proyectos, con el objetivo de alcanzar dictamen.

En la primera jornada, las voces de los inquilinos se manifestaron a favor de la norma y alertaron que no se cumple correctamente, mientras que los representantes de propietarios e inmobiliarias pusieron el ojo sobre los dos puntos más cuestionados: la extensión de los contratos y el índice que se utiliza para los ajustes anuales.

En primer lugar, Federico Prior, de Inquilinos Neuquén, apuntó que la problemática de alquileres “es nacional” pero “en regiones y en provincias adquiere distintas características”. Al describir puntualmente su provincia, “tierra de Vaca Muerta, de grandes riquezas, de turismo internacional”, el expositor subrayó que se da la situación de “contratos cortos, en dólares, que lo que hace es expulsar a familias inquilinas del lugar”.

El representante de los inquilinos consideró que el único que puede ser “garante” en la relación asimétrica que existe entre ambas partes es el Estado. “Quien debe equilibrar la relación es el Estado”, insistió, y recordó que la Ley de Alquileres sancionada hace menos de dos años fue “un piso, una base de regulación para un mercado totalmente desregulado”. Asimismo, afirmó que sería un “retroceso total” volver a los contratos de dos años y quitar un índice para los reajustes anuales.

A su turno, Laura Ceroli, investigadora y docente universitaria, detalló que “cerca del 16% de los hogares argentinos es inquilino y en las grandes ciudades este porcentaje asciende al 30%”, además “según la última Encuesta Permanente de Hogares, el porcentaje llega al 50% en jóvenes, mayores, mujeres jefas de hogar y disidencias”.

“La población inquilina destina en promedio el 45% de sus ingresos al pago del alquiler; en jóvenes llega a un 77%; y en mujeres jefas de hogar trepa a un 49%”, precisó. En su intervención, Ceroli sostuvo que “la actual ley es perfectible”, pero debe mantener al inquilino “como actor vulnerable frente a la avanzada financiarización del suelo por parte del sector inmobiliario, el cual impone a la vivienda como un bien especulativo”.

Por su parte, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, expresó que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, a eso tiene que dar respuesta el Estado” y “la vivienda tendría que ser una política de Estado”. Al hacer un repaso histórico, el expositor lamentó que desde 2001 en adelante “no hay crédito hipotecario sostenible que permita que el inquilino se transforme en propietario”, lo que generó “cada vez mayor demanda”.

Sobre ese punto, agregó que en el año 2012 se dio “un boom de la construcción”, lo que permitió mantener la oferta, pero en los últimos años ésta última “comenzó a mermar, y después de la ley, más”. Grandinetti también observó que la Ley de Alquileres “no tuvo un buen diagnóstico”.

Desde Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar cuestionó el “latiguillo de que la Ley de Alquileres no funcionó”, porque en realidad “lo que no se están analizando son las causas. No se analiza el incumplimiento de la ley”. “No tenemos un órgano de control que garantice el cumplimiento” de la norma, resaltó y, en otro tramo, negó que falten viviendas para alquiler, sino que “lo que falta es una mejor redistribución y una presencia mejor del Estado”.

Luego fue el turno de Andrés Gariboldi, en representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, quien opinó que “la reforma de la Ley de Alquileres no soluciona en forma integral la problemática de la vivienda en nuestro país”, pero hay que “poner en marcha medidas de corto plazo”.

En ese sentido, abogó por la “reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses” y “un escalonamiento dentro de las locaciones; no hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año”. Entre otros puntos, habló de “incentivos para que haya inversiones en inmuebles para que ingresen al mercado locativo”, que podrían ser beneficios sobre el impuesto a los Bienes Personales o “un blanqueo de capitales por el término de 180 días”.

Durante su exposición, el director del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Fernando Muñoz, realizó un recorrido histórico sobre los alquileres, durante el que destacó que “el peronismo generó la mayor cantidad de propietarios, de inquilinos que pudieron comprar viviendas” y que durante las presidencias de Juan Domingo Perón se triplicaron la cantidad de propietarios.

El exlegislador porteño continuó: “(Juan Carlos) Onganía decidió terminar con la protección del alquiler para el trabajo. En el ’68 y ’69 se vio la mayor cantidad de desalojos comerciales, porque también estaba protegido el comercio”. En su alocución, lamentó que durante la dictadura se dolarizó este mercado, pero valoró “la ley alfonsinista en el ’84 que pesificó los alquileres”.

Muñoz enfatizó que en el país “no solo la vivienda se mercantilizó, se mercantilizó el alquiler” y “no existen más las cámaras de propietarios; nadie sabe realmente quiénes son los que tienen muchas viviendas y cuántas viviendas tienen”. “Contratos más cortos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. Frecuencias más cortas para pagar los aumentos, comisionistas felices e inquilinos más pobres. Toda reforma en este contexto sería para que los inquilinos paguen más y los comisionistas hagan más negocios”, cerró.

En la voz de los asentamientos populares, Lucas Stevani, militante del Polo Obrero La Plata, remarcó que los trabajadores precarizados tienen “vedado un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda”. “Esto es un problema explosivo en nuestro país, porque hay un déficit habitacional de más de 2 millones de viviendas solo en la provincia de Buenos Aires”, expresó.

En esa línea, consideró que es “necesaria una solución de fondo” y propuso “la creación de un banco de tierras, de un plan de viviendas populares y dejar de amparar a los especuladores”, al tiempo de que se avance con “la urbanización de los barrios populares” y se genere “un impuesto a la vivienda ociosa”.

En nombre de la Asamblea de Inquilinos de Tandil habló Juan Arrizabalaga, quien es además concejal del Frente de Todos en Tandil. “Si hay algo que el mercado no cumple son las leyes, y si hay algo que el mercado inmobiliario no cumple son las leyes. No cumplía la anterior, no cumple esta y no va a cumplir ninguna que venga si el Estado sigue estando ausente en el acceso a la vivienda por alquiler”, sostuvo. En un muy duro discurso, afirmó que “esa posición a la ofensiva, apoyada por los medios hegemónicos y un sector de la política de la derecha en la Argentina, parecía que era todo un carnaval. Hasta que se empieza a transformar en una posición defensiva que es venir a decir ante todo el país qué es lo que quieren. Y ahí es donde la discusión se hace mucho más rica, porque lo que dicen es: ‘los dos artículos que queremos derogar, los queremos modificar porque no nos permiten aumentar más los precios’. Por eso el mercado se apuró a decir no por favor, a la política que los expresa como voceros, no hablemos de suspender, no hablemos de derogar, nosotros queremos modificar. ¿Qué es lo que queremos modificar? Achicar los plazos de contrato, no solo porque nos cobran comisiones ilegales. Estos señores de la evasión y la ilegalidad, ahora tienen que expresar, estando en la ofensiva, lo que no es tan sencillo para los diputados votar”.

A su turno, Carolina Gonzalez Contador, representante deInquilinos Entre Ríos, sostuvo que “las inmobiliarias no son simples intermediarias entre locadores y locatarios; ellas en primer lugar responden a sus propios intereses, y en segundo lugar, responden a los intereses de los propietarios de los inmuebles, que son los que los contratan”. Se quejó luego del “fuerte lobby inmobiliario” por el cual “hoy tenemos que estar acá discutiendo ágilmente su modificación en 30 días, siendo que la discusión de la ley se ha dado durante años”. Además, consideró “innegociable” el plazo mínimo de 3 años para los contratos.

Exequiel Vergara, de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, criticó la cuestión de los plazos de los contratos, que “en la práctica lo que hace es que se retiren viviendas”, al tiempo que reprochó: “En la economía más inflacionaria del mundo no sé a quién se le puede ocurrir atarlo a índices”.

Julián Corvaglia, de la Federación Nacional de Inquilinos, negó que la ley hubiera fracasado. Reivindicó el plazo de tres años, por cuanto “les dá a los inquilinos seguridad jurídica”, como así también “se anula la sobreestimación de la inflación”. Asimismo reivindicó la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa, alertando que “la importancia de las viviendas vacías es tal que Francia lanzó el año pasado el plan nacional de lucha contra las viviendas vacantes, que se propone movilizar las viviendas ociosas, con sanciones o estímulos”.

Virginia Manzotti habló en nombre del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentina, quien habló de “una caída extrema de los puestos de trabajo que tienen que ver con la construcción”. Advirtió además que por la ley vigente se han retirado más del 35% de los inmuebles residenciales en la oferta inmobiliaria.

Por la Asociación de Defensa del Inquilino, José Griselli rechazó que existan “organizaciones con fines espúrios”, y en ese sentido se refirió a corredores inmobiliarios y a inquilinos. “Entiendo que son parte de un engranaje social; unos en busca del trabajo y otros en busca de un lugar asequible donde vivir. Me parece que el camino es el del consenso”, señaló en tren contemporizador.

Advirtió no obstante que desde la sanción de esta ley se ha aumentado el alquiler en un 180%, y se han retirado las unidades de alquiler en un 40%.

En nombre de la Fundación de Estudios para Desarrollo Inmobiliarios, Claudio Vodánovich señaló que “estamos en un contexto altamente inflacionario, sino no estaríamos hablando del índice de alquileres”, advirtiendo que “para que exista un inquilino tiene que haber una capacidad de ahorro con la cual decida a invertir en el ladrillo, la vivienda. Si desalentamos que esa familia invierta, no va a poder haber inquilinos. Lo que tenemos que hacer es alentar a quien tiene esa función”.

A continuación, Guadalupe Granero Realini del Centro de Estudios Metropolitanos, señaló que la discusión estructural es respecto a cómo revertir procesos tan complejo, y expresó que la premisa debe ser siempre “no retroceder y avanzar todo lo posible en los derechos que mejoran el acceso a la vivienda, extender el periodo de los contratos lo máximo posible para dar estabilidad, establecer los precios iniciales y pautas de aumento lo más cercano posible a los ingresos de los hogares”.

En este sentido, advirtió que “la vivienda como un vehículo de inversión es incompatible con la vivienda como un derecho”.

Finalmente, Andrés Brody, de la Cámara Empresaria del Desarrollo Urbano – CEDU consideró que la falta de oferta “está dada porque el sector hoy no tiene renta, de hecho la renta es negativa. Lo que hay que hacer es volver a seducir a los propietarios, para que quieran volver a poner sus propiedades en alquiler, y en definitiva los únicos beneficiarios de ese procesos van a ser los inquilinos, porque van a tener más oferta, más posibilidad de elección, y siempre que la oferta es excesiva los precios tienden a la baja”, concluyó.

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