Luego de que la Justicia decidiera suspender la implementación del sistema de reconocimiento facial debido a que se habría utilizado para hacer espionaje ilegal, los legisladores del Frente de Izquierda (FIT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca prohibir la utilización del “Sistema de Reconocimiento Facial y todo programa o mecanismo análogo que permita identificar a las personas mediante sus rasgos faciales o datos biométricos”.

El texto también plantea que “dentro de los 30 días de sancionada la presente ley, el Gobierno de la Ciudad deberá eliminar y remover, según corresponda, todo software, dispositivo, información y datos personales que posea como consecuencia del referido sistema” y exigieron que se rescinda la contratación de la empresa Danaide S.A., cuyo objeto es la contratación de un servicio de análisis integral de video para permitir el reconocimiento facial.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores afirmaron que “recientemente se conoció que a través de un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad con el  ReNaPer, se habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos e información de personas que se encontraban prófugas de la justicia para incorporarlo a un software de reconocimiento facial de las capturas realizadas por las miles de cámaras que están en la Ciudad”.

Aunque advirtieron que “lo que constató la investigación judicial referida es que entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad, con el evidente fin de realizar tareas de espionaje ilegal por razones políticas y de persecución a personas por ser referentes de organismos de Derechos Humanos y sociales” e insistieron en que “el Gobierno de la Ciudad, a través de la Policía porteña, hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. Es decir que solicitó y obtuvo una migración de datos personales y biométricos completamente injustificada e ilegal afectando a millones de personas en el marco de la utilización del sistema de reconocimiento facial y el uso indiscriminado de video vigilancia sobre un población que más que duplica la población de nuestra ciudad mientras que las personas incluidas en los listados de la CONARC no superan las 40 mil”.

“El sistema permite una vigilancia masiva y automatizada inédita y resulta de una seria afectación sobre el derecho a la protesta subproducto de la utilización del sistema sobre los referentes sociales y los manifestantes en general. En efecto se conoció la migración ilegal de datos de personalidades políticas, judiciales, periodísticas y también de múltiples referentes sociales”, sentenciaron.

El proyecto lleva la firma de Alejandrina Barry, Amanda Martín y Gabriel Solano (FIT).