El Senado bonaerense, que preside Verónica Magario, sancionó una reclamada norma sobre el derecho a la Identidad de Origen.
Finalmente, los senadores bonaerenses sancionaron el proyecto de ley en revisión y el derecho a la identidad de origen está normado en la provincia de Buenos Aires.
Ley de Identidad de Origen busca garantizar el acceso a ese derecho primario a través de una serie de herramientas destinadas a las personas que estén buscando a sus familias.
Con la sanción de esta ley, la provincia de Buenos Aires se suma a otras provincias argentinas que cuentan con una normativa similar como son las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Mendoza.
La iniciativa crea “tres vías protegidas” para que las personas que fueron privadas de su identidad biológica pueden conocer la misma: una judicial, una administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, y una particular a la que pueden optar los buscadores con el apoyo del Estado para acceder a los archivos que puedan servir para descubrir sus familias biológicas.
La propuesta legislativa, que reconoce como autores a la senadora opositora Elisa Carca y al senador oficialista José Luis Pallares, se asienta sobre varios principios.
Entre ellos está el principio de informalidad, pues no será necesario un patrocinio de un letrado; el principio de celeridad, se deberá dar pronta respuesta a las solicitudes; el de gratuidad, no se cobrarán tasas; de responsabilidad; de confidencialidad, ya que habrá estricta reserva sobre el peticionante; de tutela efectiva; de máxima información; de buena fe; y de no discriminación.
La Ley de Identidad de Origen también establece el impulso de campañas de concientización, mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la norma, capacitaciones a los organismos de la administración pública, convenios de cooperación y la adecuación de normativas en caso de ser necesario.
En su artículo 9° la Ley de Identidad de Origen resuelve que “el legitimado, el magistrado interviniente y/o la autoridad de aplicación, podrán acceder a los datos contenidos en registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada como así también la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires”.
En cuanto a los tiempos el proyecto de Ley de Identidad de Origen establece que las “las dependencias públicas y privadas deberán otorgar la información que le fuere solicitada dentro del plazo de 15 días hábiles, no pudiendo ser gravada con ningún cargo”.
Otro punto importante de la Ley de Identidad de Origen es que plantea la gratuidad de los estudios genéticos, en caso de ser requeridos.
“Los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas en el supuesto que el peticionante acredite no disponer de medios para sufragar tales estudios, de conformidad con la reglamentación”, define el proyecto.
Por último, Ley de Identidad de Origen también impone sanciones de 10 a cuarenta 40 salarios mínimos de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, para los funcionarios públicos y los establecimientos privados que no cumplieran con los deberes establecidos en la ley.
