Los senadores bonaerenses trataría en la sesión de este jueves el proyecto de ley que establece la emergencia, frena los desalojos y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos a empresas recuperadas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas el pasado 16 de marzo, ahora podría ser sancionado por el Senado.
La iniciativa, reclamada por el gobierno de Axel Kicillof, declarar la emergencia para empresas recuperadas, en un contexto de aumento de precios, incremento sostenido de las tarifas de los servicios públicos y deterioro económico generalizado.
La declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por el término de dos años, contenida en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se debate en la legislatura provincial desde el año pasado.
Los legisladores aun dudan de la conveniencia de la sanción y prestan especial atención a la iniciativa porque se trata de una propuesta del propio gobernador Axel Kicillof insiste en su sanción.
El proyecto, en su parte más controversial, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para “empresas recuperadas”, que no termina de “definirse cabalmente”, según el comentario de redactores de “letra chica”.
El proyecto de ley, destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con la posibilidad de poder extenderlo, si fuera necesario, al menos por igual período y declara de “interés provincial el proceso de la recuperación de empresas” por parte de sus trabajadores.
Además, como se indicó, deja suspendidas las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como así también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia.
También suspende los cortes de servicio y señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas.
“Esta ley es importante porque no solo frena los desalojos en las fábricas recuperadas y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos, también pone en valor a las fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires en un contexto difícil”, indicó la diputada del FdT y referente del Frente Patria Grande Lucía Klug, que ofició de miembro informante del oficialismo en la Cámara baja.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores también brindaron su apoyo a la propuesta. No obstante, desde ambas monobancadas que constituyeron se hizo un llamado a “empezar a tratar todos los temas de fondo como son la expropiación, el acceso al financiamiento y el poder garantizar que el trabajo que estén haciendo tenga la remuneración que corresponde a sus convenios laborales y a la que necesidad de una familia para poder comer”.
Mayoritariamente, desde el resto de las bancadas, incluyendo a las mayorías de Juntos y del FdT, se dio un voto positivo acompañado de un prudente silencio.
Por otra parte, también se está tratando de incluir en el temario otro proyecto de ley, que reclama el gobierno y que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, donde se modifica la normativa que reglamenta al Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aire (PROMEI), al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y del Fideicomiso del Programa “Desendeudadas. Programa para el desendeudamiento de Mujeres”.
Los tres fondos a los que se alude están contemplados en distintos artículos de la ley 15310; y mientras se crea un Consejo Administrativo para el PROMEI, se establece que el plan de infraestructura estará bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, un ministerio “creado” por el gobierno central, que comanda el otrora ministro de Infraestructura, Agustín Simone.
Por último, la tercera modificación propuesta, que tiene como objetivo el Programa Desendeudas, se desagregan las competencias reglamentarias que le corresponde al Poder Ejecutivo y aquellas que son del organismo de reglamentación, a favor del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Asimismo, los senadores sopesan la posibilidad de sancionar un proyecto de ley en revisión, aprobado con cambios en Diputados, donde se plantea la adhesión a la ley nacional 27424, el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.
