El oficialismo de la Ciudad presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña en el que cuestionaron lo ocurrido y advirtieron que se trató de una estrategia para “quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura”.
Luego de que se conociera la decisión del Frente de Todos (FdT) de dividirse en dos bloques, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán manifestar su “más profundo repudio” por lo ocurrido, ya que consideraron que tiene “ el único objeto de arrebatarle a la oposición el lugar de segunda minoría y quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, en una maniobra totalmente antidemocrática”.
En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas recordaron que en el marco de la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/EN – ley 26.080 – dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento”, el Máximo Tribunal de la Nación declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 26.080 y de la Ley 24.937.
Por lo que se exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dictara una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación, y a este se le ordenó que, dentro del plazo máximo de 120 días corridos contados desde la notificación de la sentencia, dispusiera lo necesario para la integración del órgano. De manera tal que la Corte dispuso que la integración a la que volvería si el Congreso no resolvía una nueva, sería la derogada en 2006, la 24.937.
Esta norma disponía que el Consejo estuviera formado por el presidente de la Corte; cuatro jueces; ocho legisladores (cuatro por cada cámara, dos por el oficialismo, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del Poder Ejecutivo y dos del sector académico. Cabe recordar que la reforma de 2006 dejó al Consejo con la integración de tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos legisladores de la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, los legisladores explicaron que “la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 se basa en que en la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces federales y nacionales, el estamento político tenía facultades ‘hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige’ la Constitución Nacional” y afirmaron que “este fallo implica que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores deben enviar el nombre de los representantes de la segunda minoría (uno por cada cámara) al Consejo de la Magistratura para que el organismo encargado de designar, evaluar y remover a los jueces pueda funcionar”.
“Habiendo vencido el plazo de 120 días otorgado por la CSJN, en las últimas horas el bloque del Frente de Todos dividió en dos su bloque en el Senado de la Nación con el único objeto de arrebatarle a la oposición el lugar de segunda minoría y quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, en una maniobra totalmente antidemocrática”, indicaron y concluyeron precisando que “no podemos tolerar este tipo de maniobras cuyo único objetivo es mantener el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en total detrimento de la división de poderes que es piedra fundamental de la Republica”.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel, aunque también lleva la firma de Juan Pablo Arenaza, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Emmanuel Ferrario, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Darío Nieto, Hernán Reyes, Lucía Romano y Claudio Romero (VJ).
