Luego de haber escuchado a más de 130 invitados en representación a las distintas partes involucradas por la Ley de Alquileres (27.551), la Comisión de Legislación General de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, finalizó la última jornada con expositores que se llevó a cabo este martes en el Anexo “C” de la Cámara baja.

La próxima semana comenzará el tratamiento legislativo por parte de los diputados para obtener el dictamen. En ese sentido, la presidenta de la comisión aclaró que invitarán a exponer a los legisladores que han presentado proyectos sobre el tema, pero remarcó que “no todos los proyectos presentados sobre la temática tienen giro a la comisión”. Además, invitó a los diputados que “no son parte de la comisión, pero que quieran participar pueden hacerlo”.

Las distintas posturas en torno a cómo resolver la problemática estiran los tiempos, mientras que desde la oposición hay voces que reclaman avanzar rápidamente. Es que, en el mes de marzo, Juntos por el Cambio tenía prevista una sesión para derogar la actual ley, pero tras acordarse el cronograma de tratamiento decidieron desactivarla, aunque con el aviso de que si pasado el plazo de 30 días no se alcanzaba un consenso, iban a insistir con esa sesión.

En torno a derogar o modificar la ley, sancionada hace menos de dos años por el Congreso, se presentaron numerosos proyectos.

Las visiones contrapuestas que han mostrado a lo largo de las jornadas desde el sector de los inquilinos y de los propietarios/inmobiliarias solo acrecientan la incertidumbre sobre cómo se podrá resolver una reforma a la norma que conforme a todos. No parece nada fácil, sobre todo en dos puntos centrales.

A lo largo de las reuniones informativas, desde las asociaciones de inquilinos reclamaron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales -que combina IPC y RIPTE-, al tiempo que muchos de ellos reivindicaron el plazo del contrato de 3 años.

Desde la otra vereda, los argumentos dados desde el sector inmobiliario se basaron, fundamentalmente, en eliminar de la norma el índice de ajuste anual, dejando librado el acuerdo entre las partes; y volver al contrato de 2 años.

Las exposiciones

Abrió la ronda de expositores este martes la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien denunció que “una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la AFIP”, algo que estableció la ley. “Hoy en Rosario el 20% de la población alquila”, detalló y mencionó que “entre los años 2020 y 2021 recibimos 14 mil consultas vinculadas al tema de alquileres”.

En cuanto a la norma, la funcionaria defendió que los plazos de duración de los contratos “más largos suponen mayor estabilidad”. “El problema no son los tres años, el problema es la seguridad jurídica, y eso alcanza a las dos partes del contrato”, observó.

“Discutir el precio supone discutir el mercado. Hablar de mercado inmobiliario es hablar de suelo. Y en las ciudades que tienen que ser compactas y sostenibles hay que gravar la vivienda ociosa. Pero la escasez de inmuebles no se resuelve solo en base a una sanción, también es fundamental generar un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios se inclinen a volcar sus viviendas al alquiler”, sostuvo Del Río.

Y resumió: “No se trata de derogar la ley, se trata cumplir aquello que ya se regula y de modificar lo que demostró no funcionar”.

Luego fue el turno de la exdiputada de la UCR Josefina Mendoza, quien habló en representación de la Fundación Haciendo, y propuso que en el marco del debate de la ley se piense en “un régimen de alquileres específico para estudiantes de nivel superior”, propuesta que había presentado a través de iniciativas en 2018 y 2021.

La bonaerense recordó que la actual ley se aprobó “con la mejor de las voluntades, pero efectivamente en el día a día ha traído distintas consecuencias”. Centrada en su propuesta, resaltó que este régimen busca “generar incentivos” ya que el alquiler es “un limitante económico que desincentiva a los estudiantes” a poder llevar adelante su carrera.

Por la Asociación de Inquilinos de San Juan, Renzo Quero, subrayó que es “fundamental” ver a la vivienda “desde los derechos humanos”, porque “si la entendemos como un bien comercial, la verdad que todas las garantías se pierden, no tenemos garantía de protección estatal”.

“Venimos a defender que no se derogue” la norma, expresó y señaló que los inquilinos son “la parte más débil (en la relación contractual); sí o sí necesita la intervención del Estado”. “Esta ley vino a reconocer derechos y no podemos retroceder”, insistió.

Desde el colectivo de Hipotecados UVA autoconvocados, Claudia Pilo remarcó que “muchas veces los inquilinos al no contar con las exigencias requeridas por las inmobiliarias y los propietarios deben vivir en lugares en condiciones inadecuadas, precarias y a un costo altísimo”. “El lobby del sector inmobiliario y el mercado no pueden decidir qué calidad de vida tienen que tener las personas, es necesario que el Estado intervenga”, manifestó y agregó: “Los hipotecados UVA pasamos por ese infierno, por eso nos solidarizamos con todos ellos”.

Sobre la realidad de este sector, lamentó que “ahora somos inquilinos de los bancos”. “Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se instrumentó y creó la estafa UVA, una demanda de los principales agentes del sector inmobiliario y de los bancos para impulsar el crédito hipotecario y así obtener ganancias extraordinarias. De esta forma se entregó la política pública de acceso a la vivienda al sector financiero. Hoy, por causa de esa política, están en vilo más de 115 mil familias en todo el país”, enfatizó.

Tras precisar que el valor promedio de una cuota, que se ajusta por inflación, “supera los 70 mil pesos”, Pilo indicó que “la UVA desde su creación en abril de 2016 aumentó un 700%”.

También con críticas a la gestión actual, la expositora dijo que “lo único que tenemos hoy por parte del Gobierno es el relato sobre el fracaso de los créditos UVA. Para relato estamos nosotros, que sufrimos el destrato constante a pesar de las promesas de campaña del actual presidente”.

“Es urgente la decisión política que demuestre firmemente que, entre los bancos y la gente, se elige a la gente. Al igual que los inquilinos necesitamos que nuestros legisladores aborden urgente nuestra problemática”, reclamó.

Sergio Chouza, de la Consultora Sarandí, realizó un aporte vinculado al aspecto macroeconómico y financiero de la legislación actual señalando tres indicadores y explicó: “Cómo funciona la fórmula actual de actualizaciones para dar referencias objetivas vinculado a la convulsión de los precios. La formula actual suaviza las variaciones y el componente atado a laos salarios le dio la dinámica a la baja. Hay que tener referencias de actualizaciones, es lo importante a la hora de hacer los contratos”.

“El segundo factor, según los datos objetivos del INDEC, indica que en los últimos años los alquileres se abarataron en términos relativos, tanto en relación a la inflación como respecto de los salarios. Por lo que la carga de los contratos de alquileres no se ha incrementado, todo es producto de un problema macroeconómico que es el proceso inflacionario”, sumó y cerró: “El problema más grave es el esquema de actualizaciones anuales y semestrales, porque se incrementa el 10,6% la carga financiara para el inquilino como consecuencia de bajar las actualizaciones anuales, hay que ver quién se perjudica en esto”. “Me preocupa que no este el Ministerio de Economía sobre los riesgos al actualizar la ley porque tenemos problemas graves con el aumento de los procesos inflacionarios”, concluyó Chouza.

A su turno, Vanesa Falcón de la Red de DDHH de Corrientes sostuvo que “es imprescindible la intervención del Estado para regular el sector”, pero remarcó que la intervención debe ser “efectiva” no como sucede “con la Ley de Alquileres vigente que no cumplió ni cumple desde su promulgación y que a pesar de la pandemia tuvimos que atravesar situaciones de aumentos y desalojos, siendo que en la normativa lo prohíbe”.

“En Corrientes alquilar significa destinar el 50% del salario para garantizar el acceso a un techo digno, aquí no se cumple la Ley de Alquileres. Una ley que no tiene dos años de vigencia y ya están buscando modificarla. Comprenden el descontento que generó establecer un índice anual y la extensión de dos a tres años, porque son los puntos que más molestan al sector inmobiliario un sector que durante décadas supo manejarse sin intervención estatal”, denunció y defendió los tres años de contratos.

Por la Secretaría General ADEMYS se expresó Mariana Scayola: “Cualquier debate sobre esta ley es insuficiente si no hay una discusión y política de fondo que resuelva el problema del derecho al acceso a la vivienda que no lo ha resuelto ningún gobierno hasta ahora, por el contrario, han apoyado la privatización del espacio público”.

En ese sentido, subrayó que “los alquileres aumentaron más que la inflación mientras nuestros salarios se pulverizaron. La falta del derecho a la vivienda es un problema mortal. Las prioridades deben cambiar, el primer punto de discusión debe ser el derecho al acceso a la vivienda digna. Solo de esa manera se va a resolver el problema de fondo”.

Por su parte, la concejala de Rosario, Norma López, indicó que “los ajustes que se deben hacer a la Ley deben ser muy precisos para no caer en riesgos jurídicos y seguir aportando al eslabón menos protegido”.

“Esta Ley nos permitió una herramienta para salir de la emergencia, pero son necesarias las modificaciones que deben ser muy precisas”, señaló y recordó que ha presentado varias propuestas en torno al tema porque el acceso a la vivienda en Rosario “está hackeado” y bregó por “más y mejores políticas públicas de los tres niveles de Estado para abordar los temas y ejercer controles para acompañar a las familias argentinas”, y cerró: “Tenemos que trabajar mucho mejor el alquiler social”.

En representación de la Secretaría General CTA Capital habló Juan Manuel Sueiro quien planteó: “Cada vez que la vivienda sea considerada como un activo financiero va a ser difícil que podamos discutir en torno a la vivienda como un derecho social”, y coincidió en “la mirada federal que hay que tener de la normativa” teniendo en cuenta los valores de la economía y remarcó que hay que sostener “las actualizaciones anuales, los contratos por tres años, el impacto psicosocial las familias migrando, es muy complejo y son variables que hay que tener en cuenta”.

Además, consideró que “el impacto de la aplicación de la Ley no es negativo como se señaló en jornadas anteriores, por el contrario, garantizó y afianzó a cierta estabilidad del mercado que sin lugar a dudas en este contexto vuelve a mostrar su tensión sobre los ingresos en el conjunto de los ciudadanos”, y señaló que “la vivienda es un derecho social” y pidió a los legisladores que “no solo reflexionen y modifiquen, sino que legislen en ese sentido para el mundo del trabajo”

Desde la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un techo digno, su presidenta Glenda Gómez, remarcó la importancia del acceso a la vivienda digna y solicitó a los legisladores que “piensen qué sueldos pueden soportar bajar los contratos a dos años”, y defendió: “La Ley no se toca, es en defensa de nuestros derechos, tenemos que ponerles un tope a las renovaciones y poner como referencia el salario vital y móvil”.

“Los inquilinos somos esclavos, entregamos nuestro sueldo sin derecho a poder decidir qué poder hacer con ello y salimos a trabajar todos los días. Que no nos mientan con planes PROCREAR porque nunca podemos acceder a ello, queremos pagar nuestras propias casas”, cerró.

Otro de los expositores fue Patricia Nari de la Facultad de Ciencia Política de Rosario quien señaló: “La discusión de la Ley expresa la disputa de poderes a intereses de manera que los actores que están en juego despliegan estrategas para mejorar su posición en una puja. Es impresionable la intervención del Estado. El mercado inmobiliario esta distorsionado que tata a la vivienda como una mercancía. Existen una situación heterogénea a nivel nacional y al interior de cada provincia”.

“La ley debe sostener los tres años de contrato no para reducir la situación económica, sino también el estrés y la angustia de las personas que deben salir a buscar otra vivienda”, remarcó y sugirió la creación de un registro de inquilinos para generar un sistema de datos transparentes en cada provincia.

Por el Instituto de Investigaciones para el desarrollo territorial y del hábitat humano habló María del Rosario Olmedo indicó que en 2010 se duplicó la cantidad de inquilinos por lo que consideró que “la población inquilina no esta bien, pero tampoco lo estaba antes de la ley, no fue la ley el problema sino lo que el Estado dejó sin regular y sin controlar, de eso debe hacerse. La ley implicó grandes avances, debe mejorarse hacia adelante nunca hacia atrás”.

“Ninguna ley va a resolver la problemática habitacional, mucho menos en la actual coyuntura económica”, comenzó Roberto Fabiano arquitecto y corredor público y agregó: “Con los actuales índices inflacionarios se debe autorizar el aumento semestral o cuatrimestral incluso favorece al locatario”. Por otro lado, se refirió a los contratos de tres años lo cual “hace que los contratos se depriman y queden lejos de la realidad”.

El corredor inmobiliario Luis Chej Muse opinó que “pasados los dos años de que entró en vigencia la Ley, los resultados no fueron buenos, y perjudicaron a las dos partes tanto inquilinos y propietarios”.

En tanto, consideró que “es muy simple revertir la situación hay que modificar dos artículos de la Ley: el artículo 3 del título uno que habla del plazo locativo, en este contexto de incertidumbre un plazo de 36 meses es terrible. El segundo punto a tratar es modificar el artículo 14 que refiere al ajuste del monto locativo porque no es posible ajustar cada 12 meses un valor del mercado”.