Senador oficialista pide otorgar jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú

El santafesino Marcelo Lewandowski presentó el proyecto. Argentina adhirió al acuerdo mediante una ley sancionada en septiembre de 2020.

marcelo lewandowski

El senador nacional Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) presentó un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional al Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en 2018 en Costa Rica, e incorporado por Argentina mediante la Ley 27.566.

El legislador santafesino señaló que este acuerdo es “importante para que toda persona tenga acceso adecuado a la información sobre el ambiente, oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos”.

El Acuerdo de Escazú se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

Además, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

En el texto del proyecto presentado por el oficialista se argumenta que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional provee la herramienta para “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”, y otorga a los tratados y concordatos una jerarquía superior a las leyes.

En ese mismo sentido, sostiene que es importante “recordar que este Honorable Congreso, al momento de debatir y tratar el Acuerdo de Escazú, sancionó de manera unánime en la Cámara alta y por una amplia mayoría en la Cámara baja la aprobación de dicho Acuerdo el 24 de septiembre de 2020”.

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