Con un retraso de más de una hora para su comienzo, se reunieron las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidida por la santafesina Mónica Fein, y la de Presupuesto y Hacienda, conducida por Carlos Heller, para emitir dictamen al nuevo proyecto de ley de VIH, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS. Tras el debate, la autora de la iniciativa Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) aceptó las modificaciones propuestas por sus pares que serán incorporadas en su tratamiento en el recinto.

La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, el proyecto promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.

El proyecto también promueve  la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

El debate

Al comienzo de la reunión, el representante del Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Feraud, recordó que el año pasado se realizó un “intenso trabajo” con organizaciones y sociedades científicas para articular “el texto del proyecto que incorpora novedades y pone en valor derechos que tenían que estar reflejados en la letra legislativa”.

En ese sentido, hizo hincapié sobre tres puntos para que “la Cámara lo tenga en cuenta”. Por un lado, apuntó a uno de los artículos es el que trata la cuestión de la leche porque “hay consensos de fórmula que la leche debe dispensarse hasta los 12 meses y luego se puede continuar con otro tipo”.

“Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el diagnóstico y consentimiento informado, es importante sugerir que se tenga en cuenta poder hacer una diferencia entre TBC y Hepatitis. En el caso del TBC hay cuestiones sanitarias que tiene que ver con el análisis de contacto que es necesario hacer estudios para el cuidado de la salud general y tiene que haber una diferenciación con eso. Sociedades científicas y grupos de pacientes de hepatitis sugieren que se haga una diferenciación para tener episodios de un diagnóstico precoz de la patología”, enumeró en segundo lugar Feraud.

Por último, señaló que en el capítulo de “el esquema de seguridad social” se debe “acompañar de alguna manera la fundamentación científica de que hoy hay sustento científico suficiente para dejar claro que la evolución de la enfermedad en esquemas terapéuticos de hace años condiciona un envejecimiento prematuro en personas que viven con VIH”.

A su turno, la autora de la iniciativa manifestó que viene a promover “un cambio de paradigma en el tratamiento del VIH, ya no considerándolo un abordaje que tiene que ver con la salud, sino también con lo social porque sigue estando rodeada por el estigma y la discriminación”. En tanto remarcó que la nueva ley incorpora a las “hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”.

Según los datos que aportó la diputada entrerriana, en el país hay 140 mil personas con VIH, se notifican 4500 casos por año, 17% no conocen el diagnóstico y el 29% ya esta en una etapa avanzada, por lo que Gaillard subrayó: “Esta ley plantea una respuesta integral e intersectorial a todas las enfermedades. Tiene un enfoque de derechos humanas e incluye a mujeres y personas gestantes”.

A su vez, detalló que la propuesta incluye “un capítulo sobre prevención, el trabajo de capacitación y sensibilización, hace hincapié en la necesidad de desarrollo y producción de medicamentos nacionales y la investigación sobre tratamientos para la formulación pediátrica de VIH. Sobre el parto, establece que los médicos están obligados a informar sobre la posibilidad de realizarse el testeo y en el parto nunca se prohíbe que se realicen cesáreas por la situación de la persona gestante. Garantiza a la persona gestante con VIH la provisión de leche de fórmula para prevenir la transmisión vertical a través de la lactancia hasta los 18 meses”.

“En cuanto al tema laboral, tiene un fuerte capítulo sobre derechos laborales que es el corazón del proyecto porque se prohíbe que se pida el pre ocupacional y se sanciona a quienes lo hacen”, sumó Gaillard. Además, sostuvo que “sigue habiendo discriminación y prejuicios en torno a la enfermedad. Hoy hay tratamientos eficaces, pero sigue habiendo prejuicio. Es una ley que viene a garantizar que las personas con VIH tengan calidad de vida y no se limite a garantizar el tratamiento. Creemos en el Estado presente que genera condiciones de igualdad. Es la ley de todos los bloques que acompañaron”.

Tomó la palabra el diputado liberal José Luis Espert quien expresó que “el sistema de salud requiere una reestructuración absoluta y completa, que vaya un sistema integrado, no en el sentido que el Estado se apropie de todo el sistema de salud, sino un sistema entre medicinas prepagas y hospitales”.

Sobre el proyecto criticó que es “inapropiado” lo que plantea el artículo tercero respecto que la “medicina prepaga este obligada a prestar asistencia integral, universal y gratuita” porque “no hay nada gratis”.

“Quiero saber cuál es el costo fiscal. La compulsión de que las medicinas prepagas tengan que prestar este adicional de servicio”, cuestionó Espert y apuntó sobre el artículo 9 que propone la prohibición de despedir a las personas afectadas con dolencias porque “la prohibición de despidos y suspensiones no ha llegado a ningún lado bueno, seguir extendiendo las prohibiciones es no reconocer la realidad donde nos han puesto. Las prohibiciones de despido y suspensión en general. No logro explicarme, si alguien me demuestra que esto trae algún efecto positivo podría entenderlo, pero sabemos que tenemos el 40% de la población trabajando de forma precarizado”.

Por último, el legislador de Avanza Libertad cuestionó el artículo 24 sobre las jubilaciones especiales: “Estamos tratando de que no haya regímenes especiales, no veo motivos para que haya regímenes especiales a personas afectadas por estas dolencias”, y remató: “No entiendo cómo seguimos ampliando los beneficios sin medir costos fiscales en una sociedad agobiada por inflación e impuestos, no entiendo”.

Por el lado oficialista el diputado Julio Ferreyra (Jujuy) pidió que sea revisado el artículo que trata sobre “la prohibición de la revisación para ingreso al trabajo” y ejemplificó: “Una persona que tiene una enfermedad infecto contagiosa, ese empleado ingresa trabajar sin que los compañeros sepan, pone en riesgo a los demás que trabajan en el mismo sector”. En tanto, manifestó: “Sin discriminar, pero creo que la revisión médica en casos de enfermedades infectocontagiosas debe ser obligatoria porque no podemos poner en riesgo la vida de los demás por la integridad de uno solo”.

En su intervención, el puntano Alejandro Cacace (Evolución radical) adelantó el pleno acompañamiento a la iniciativa, pero hizo observaciones sobre dos puntos. Por un lado, se refirió al artículo que habla sobre la prevención porque “es un proyecto que avanza en actualizar la legislación y en recoger las prácticas actuales sobre el tratamiento, es importante sumar que hay prácticas que han avanzado mucho en la cobertura de la prevención”. Por otro lado, remarcó que “no establecemos dentro de la legislación la obligación del Estado de otorgar la cobertura, es importante hacerlo”, motivo por el cual propuso reformar el artículo 2 para que diga “que las obras de medicina prepagas y privadas están obligadas a brindar intervenciones de prevención adecuadas”.

A su turno la diputada tucumana Rossana Chahla (FdT) sugirió incorporar sobre la prevención primaria en el sida que “existe la pre exposición y post exposición que ha dado evidencia científica que disminuye el 99 % de las posibilidades de transmitir el VIH. Si bien lo cita el artículo 21 habla de terapia combinada”, por eso opinó que debe detallarse que “es muy efectiva y hay países que lo recomiendan y lo usan hace años porque hay disminución de infecciones”.

“Que las prepagas, obras sociales se hagan cargo de esta pre y post exposición. Que se agregue a la terapia combinada la pre y post exposición para personas vulnerables para evitar que se contagien”, cerró Chahla.

De forma breve,el diputado del FdT Sergio Palazzo apuntó contra Espert y le retrucó: “Lo que se evita es el latrocinio laboral que provocan los grandes empresarios del país. No se trata de una prohibición de despido en términos normales, se trata de la prohibición de despido ante la discriminación por la enfermedad que padece un ciudadano. Es de una gran insensibilidad y falta de humanidad brutal plantear en términos de privilegios y no en términos resarcitorios”.

A su turno, el vicepresidente segundo de la Comisión, el catamarqueño Rubén Manzi (CC-ARI) ponderó el proyecto de “garantizar a una población vulnerable sus derechos y prevención”, aunque hizo observaciones al respecto.

Sobre el artículo 1, que define el universo objeto de la ley, cuestionó que “en realidad desde la medicina debería decir ‘enfermedades infeccionas crónicas de transmisión interhumana que no han sido resueltas”. Además, criticó: “Hemos dejado parte del universo de las enfermedades fuera del proyecto, el caso mas claro es el de la lepra”. En tanto, propuso una redacción diferente en el artículo.

Manzi, también hizo observaciones sobre el artículo 8 que prohíbe las pruebas diagnósticas en el ámbito laboral y consideró que “hay que generar un grupo de excepciones, ya que hay actividades laborales donde los trabajadores fácilmente pueden poner en contacto su sangre con la de terceros. Hay que preservar a terceros”.

Por otro lado, sobre el artículo 9 remarcó que “niega la posibilidad de pruebas diagnósticas de forma compulsiva”, punto en el que coincidió con lo planteado por el diputado Ferreyra porque “es importante preservar la salud de los compañeros de trabajo, ese caso hay que contemplarlo y dejar establecido que en el caso de la TBC no queda excluido la imposición de realizar pruebas laborales”.

“El proyecto apunta a una modificación del régimen previsional generando uno especial, veo aspectos cuestionables, pero no me voy a meter en un terreno que domino poco”, se sinceró Manzi, aunque opinó: “El argumento de prever una jubilación anticipada tiene que ver con el envejecimiento precoz, acá la persona con estos tratamientos la llegada a los 50 años es distinta, hay mucha heterogeneidad. No llegan con el mismo impacto y minusvalía funcional”, y criticó: “Pienso en todos aquellos enfermos que estamos dejando afuera con esta reforma, como los que sufren artritis reumatoidea, osteoporosis, artrosis, enfermedades genéticas. Generaríamos una dolorosa exclusión de enfermos, creo que debería entrar en un análisis integral del sistema jubilatorio y no hacer una segmentación”.

En su pedido de palabra, el vicepresidente primero de la Comisión de Salud Daniel Gollan manifestó: “Veo mucha preocupación por el tema de las jubilaciones. Tenemos un informe del ANSES que dice que el impacto sería muy bajo y no habría problemas para financiarlo. También preocupación sobre la compulsión de que las medicinas prepagas paguen, ya lo tiene que pagar a estos tratamientos, no se preocupen por las ganancias de las prepagas porque ganan muy bien, no la están pasando mal pueden cubrir estos gastos. Tendríamos que rever otras cosas y no plantear que las medicinas prepagas tienen problemas financieros”.

“Deberíamos precisar cuando hablamos de jubilación especial, precisar el universo de hepatitis virales, incorporar algún párrafo a la autoridad de aplicación para establecer cuáles serían los casos que ingresan”, sumó el médico.

Por la provincia de Rio Negro, se expresó el diputado Luis Di Giacomo (JSRN) quien criticó: “Creo que la comisión se podría haber esforzado mucho más y avanzar en algunos aspectos que más allá de los derechos que se están garantizando, se incurren en un montón de cuestiones que podrían ser mejor redactadas para poder ser mejor comprendidas que tienen que ver con la realidad que vivimos”.

“Si tenemos que habar de todas las objeciones que haría, diría que no se apruebe y se caería en lo mismo que se esta haciendo con la ley de humedales y con lo que se quiso hacer con la de etiquetado”, opinó y sugirió modificar el artículo 1: “Hay que especificar algún tipo de enfermedades infecciosas interhumanas y tenemos la obligatoriedad de poner la palabra ‘otras’ porque la cuestión de salud y medicina es dinámica”.