La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría a un proyecto de ley que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga de ciertos impuestos con asignación específica.

La iniciativa, impulsada por el oficialista cordobés Pablo Carro, había tenido dictamen el año pasado pero no había llegado a tratarse en el recinto.

El proyecto establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

El autor de la iniciativa recordó que desde Juntos por el Cambio, con el diputado Luciano Laspina a la cabeza, se había presentado un dictamen de rechazo en noviembre pasado. Sin embargo, consideró que “hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que la cultura no es algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella; la cultura atraviesa a todo nuestro pueblo”.

El diputado detalló que en cine, radio y televisión hay “más de 700 mil puestos de trabajo” directos e indirectos, lo que representa “el 3,1% del empleo en Argentina” y “el 3,6% del PBI”, por lo que defendió que “estas asignaciones específicas son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general”.

Para Carro, si no se prorrogan estas asignaciones, “solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado”. “Si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura lo que perdemos es pluralidad y diversidad, lo que perdemos es democracia, y lo que nos van a quedar son discursos únicos”, alertó.

“Una cultura potente es una cultura que va a estar en mejores condiciones de mejorar el autoestima que necesita nuestro pueblo para salir adelante”, sostuvo y agregó que “negarnos al financiamiento de nuestra cultura de alguna manera es hacerle el juego a las grandes plataformas transnacionales”.

En apoyo al financiamiento específico de las bibliotecas populares, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning señaló que éstas “cumplen una función sumamente importante”. “Hay bibliotecas de norte a sur, de este a oeste, y en los lugares más vulnerables, a las que van niños, adolescentes y adultos, y encuentran un lugar donde pueden hablar, compartir sus inquietudes, realizar diferentes actividades culturales, donde hay talleres de educación artística, de cultura, de lectura. Es un lugar donde se propaga la cultura argentina”, graficó, por eso subrayó: “Las queremos defender porque sabemos que si estas instituciones no tienen la ayuda del Estado es muy probable que terminen desapareciendo y su función también”.

Desde la Frente de Izquierda, la porteña Myriam Bregman enfatizó que este “es el reclamo de los propios trabajadores y trabajadoras de la cultura”. “Apoyamos la lucha que estos trabajadores tienen y, por eso, nos parece importante que se apruebe evitar el desfinanciamiento para la producción nacional del cine, del teatro, de la música, de los medios comunitarios y las bibliotecas populares”, expresó y consideró que “es urgente”.

Por el interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca manifestó su apoyo al proyecto y mencionó que en su provincia se “ha realizado un trabajo importantísimo en lo que significa la producción audiovisual” a partir de una ley impulsada por el gobernador Juan Schiaretti sobre beneficios impositivos al sector. “Es fundamental el acompañamiento del Estado nacional, provincial y también municipal”, dijo.

Al anunciar un dictamen de minoría, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, apuntó que los impuestos con asignación específica “suelen ser una calamidad”, aunque “esto no quiere decir que la cultura deba ser desplazada de las discusiones”. Para el macrista, estos tributos deben ser discutidos en cada Presupuesto “y no una vez cada 75 años; no tiene ninguna lógica presupuestaria”.

Además de plantear que estos impuestos “no son lo más eficiente”, el santafesino opinó que debería debatirse “cómo se van a distribuir”. Y reveló que desde el interbloque presentarían un dictamen de minoría que establezca un plazo de dos años de prórroga, al tiempo de estipular “requisitos, condiciones o topes legales a la asignación de los recursos” de manera que “el gasto en personal no supere el 10%”, como sucede en el INCAA, donde es del 27%.

Los fondos “deben ir a la cultura no a la burocracia”, apuntó Laspina, que confesó haberse reunido con trabajadores de la cultura, quienes “estaban asustados que estos recursos desaparezcan” y “no era esa la idea, la idea no es que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar”.

A su turno, el macrista Gerardo Milman se manifestó en contra de “las presidencias vitalicias” o de “financiar de manera vitalicia a un trabajador o expresión cultural” porque “la dinámica de las sociedades se va renovando”. Filoso, mencionó que el actor Pablo Echarri cumple años el mismo día que él, el 21 de septiembre, pero a diferencia de él, que tiene mandato por cuatro años, comparó: “Yo tengo 55 años y si la Constitución Nacional diría que me tendría que financiar por 50 años, sería hasta los 105 años. Pablo Echarri tiene 52 años, si aprobamos este plazo, quizás debería financiarlo hasta los 102 años”.

También desde el Pro, el diputado Hernán Lombardi señaló que con el oficialismo “como siempre hay un problema de los fines y los medios”, ya que podía estar de acuerdo en lo primero, pero no en lo segundo. Coincidió con Laspina en que la asignación específica es “una mala práctica presupuestaria”, pero “aceptamos que son necesarios en esta coyuntura”, reconoció.

El exsecretario de Medios Públicos aseveró que se “requiere una mirada profunda para que (los fondos) lleguen a donde tienen que llegar” y, en ese sentido, rechazó que se financie con “600 millones de pesos por año” a la Defensoría del Público, hoy a cargo de Miriam Lewin, que definió como “un lugar de persecución y odio”.