Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia. El debate continuará el próximo miércoles a las 12.

El senador neuquino y presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, solicitó incorporar un proyecto de su autoría y otro de su par Juliana Di Tullio que reforma la Ley de Consulta Popular porque “estamos pensando en mejorar, perfeccionar y darle más participación al pueblo en decisiones estratégicas”.

De la reunión, que se realizó en el Salón Illia y que se extendió por más de dos horas, participaron especialistas invitados: los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

El plenario se llevó a cabo un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

En su exposición Carlos Rozanski exjuez Cámara Federal reflexionó sobre las dificultades que ha habido a lo largo de la historia para “democratizar la justicia, a diferencia de otras áreas del Estado” y explicó que las razones por las cuales hasta el momento es “imposible” democratizar la justicia son “muy profundas, no se estudian. Hay razones a su vez para que no sean estudiadas y eso se traduce en la dificulta para elaborar un proyecto”.

“Tiene que ver con una justicia clasista que tenemos en el país, con el origen, con aquella infame sentencia del 10 de septiembre de 1930 cuatro días después la Corte convalida el golpe de estado. A partir de ahí empieza lo que se conoce como doctrina de facto porque desde ahí comenzamos a tolerar una serie de violaciones graves a la Constitución que se mantienen hasta el día de hoy”, recordó el especialista y se refirió al proyecto que había presentado la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para democratizar la justicia que lo “conmovió” porque “contenía una propuesta tan revolucionaria en sentido técnico, ese proyecto establecía que aquellos representantes de tres corporaciones que integran el Consejo a partir de esa ley iban a ser designados por voto popular”.

En ese sentido, el exjuez remarcó que ese proyecto fue aprobado y promulgado, pero la Corte Suprema lo declaró inconstitucional de “un plumazo miserable por los jueces de la Nación, cuya lapicera representa una parte muy importante del poder real porque deciden en la vida y libertad del ciudadano”, y criticó que “cada vez que se intenta un avance y reconocimiento de derechos, se genera una reacción negativa. Sostengo que no estamos preparados para dar respuesta a esas agresiones”.

“Estos proyectos plantean dos cuestiones centrales, una tiene que ver con la cantidad de los jueces y otra con la calidad. La cantidad es una cuestión aritmética y la calidad es una cuestión ética”, señaló Rozanski y cerró: “Son un avance los proyectos aún más los que propinen aumentar los miembros de la Corte, apoyo la división en salas es imprescindible, la regionalización también porque tiene que ver con la cosmovisión, no podemos seguir generando tribunales con la mirada de Buenos Aires”.

A su turno, Emanuel Desojo de la Asociación de Abogados por la Justicia Social apuntó al inicio de su exposición: “Hay una Corte Suprema que no funciona y es percibida por la sociedad como tal. No funciona para el campo jurídico para los mismos abogados como para la sociedad. Es una Corte que tiene carencia de legitimidad producto de un desarrollo histórico”.

En tanto, sostuvo que la Corte “menemista tan desprestigiada” tenía una característica similar con la actual “la legitimidad de quienes la integran y de la forma en la que fueron integradas esas personas”. Sin embargo, advirtió: “Con estos proyectos tenemos que pensar cómo van a ser elegidos esos miembros”, porque “no solo es necesario ampliar al Corte, sino que aquellos que asuman lo hagan con calidad democrática, con capacidad profesional para que sean vistos por la sociedad como magistrados que van a dictar sentencias que deben ser respetadas. Al ser elegidos por decretos generan desconfianza y descrédito, incluso para el campo jurídico”.

“La Corte no se dedica solo a dictar sentencia, ha ido asumiendo muchas funciones que no le corresponden”, cuestionó Desojo. En ese punto, se refrió al fallo del máximo tribunal de diciembre y la asunción de Rosatti como presidente del Consejo, respecto lo cual consideró: “Tiene que ver con que la Corte se dedique a dictar fallos con calidad, con tiempos razonables, si tenemos un presidente en la corte que también está en el Consejo estamos cargando a la persona con un montón de cumplimientos, es imposible porque no llegan a leer todos los fallos”.

En tanto el abogado ratificó que hay que repensar la designación de los miembros y la ampliación de la Corte porque “queremos una Corte que se aboque a resolver las cuestiones institucionales, queremos respuestas”, también pidió analizar el número de Cortes que “tienen que ver con la masificación y derogar el artículo 2 para que no haya arbitrariedad a la hora de resolver los fallos”.

Además, Desojo coincidió en la división de las salas “específicas en materia y la selección de magistrados especializados en esas salas porque no está en los proyectos ni en ninguna provincia, debe ser aclarado en los proyectos” con el objetivo de “tener una mayor calidad institucional en la Corte”. Por otro lado, remarcó la importancia de la “federalización de la Corte” y expresó preocupación sobre la perspectiva de género en los proyectos porque “parten de la equidad de género, es decir que haya números similares, pero no implica que haya perspectiva de género. Es algo que se puede mejorar”.

Otro de los invitados que expuso fue Luis Arias exjuez en lo contencioso administrativoquien, en el mismo sentido que sus antecesores, sostuvo la importancia de ampliar los miembros de la Corte y sugirió “debatir el perfil de los postulantes porque debemos superar la cuestión de idoneidad técnica, es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la Magistratura”.

A continuación, remarcó dos puntos: “La dimensión policía del derecho que supera la cuestión técnica, el derecho es una técnica distributiva de poder que beneficia a uno y perjudica a otro, por eso el posicionamiento que asuman los postulantes es muy difícil de evaluar, pero tiene que ser un componente de evaluación que supere los aspectos técnicos”.

La otra cuestión a la que se refirió Arias fue “pensar en lograr diversidad en la integración de la Corte que no solo tiene que ver con la cuestión de género, cuestiones territoriales, sino también con los distintos criterios de los cuales son portadores los operadores jurídicos porque el derecho no admite una sola solución jurídica, porque el derecho puede ser interpretado de diferentes maneras”. Por lo tanto, criticó que en la Corte actualmente “tenemos un discurso único que tiene que ver con la protección de derechos individuales más que los colectivos. Esta diversidad en la valoración tiene que ver con lo ideológico y hay que marcar distinciones, aun cosa es lo ideológico y otra es lo político que tiene que ver en cómo se distribuye el poder y otra es lo partidario, lo que no tiene que prevalecer en el Poder Judicial”.

Contrariamente a quienes lo antecedieron en la palabra, Arias expresó su rechazo a la división en salas ya que consideró: “Podrían admitirse las salas en cuestiones formales, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales creo que la Corte debe funcionar en pleno”.

Por su parte, de la Fundación de Estudio para la Justicia (FUNDEJUS) habló Joaquín Da Rocha insistió en que “el Poder Judicial es un poder político al igual que los otros dos, debe tratar de estar integrado por distintas opiniones políticas para que sea representativo”

“Estamos proponiendo la reforma de una norma que es emanada de una dictadura militar que sufrimos desde 1955 hasta 1958, nunca surgió una ley que tuviera en cuenta todo el funcionamiento del Poder Judicial en remplazo de esta norma que, por su origen, no debería existir 70 años después”, manifestó Da Rocha y sumó: “En el Consejo de la Magistratura propusimos una ley, de escaso uso en la Justicia, quienes quieran integrarse deben tener cierta idoneidad, el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso para tener al mejor y no a los amigos o conocidos, que sean de distintos sectores socioeconómicos, debemos empezar por la base”.

En suma, adhirió a lo que establece la Constitución no debe tener menos de 9 miembros porque “habrá más pensamientos, mayor diversidad y representatividad en el aspecto del país dividido en provincias. Debe tratarse de lograr la representación federal, pero no de cada región”, y cerró: “Soy partidario de una Corte única integrada por distintas especialidades, por sobre todo con constitucionalistas”.

Cerró la jornada de expositores el doctor Eduardo Barcesat quien señaló: “El déficit de la Corte Suprema es una gravedad institucional, hay una falta de credibilidad. No podemos soportar que por decisión judicial se reponga una ley derogada”.

“La Corte rompió las reglas inconstitucionales y ha trascendido sus límites. El Congreso debe emitir una declaración para recuperar sus facultades y poner en caja al Poder Judicial señalándole que las facultades legislativas son de este Parlamento”, cerró Barcesat.