Otro de los proyectos que se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves fue el proyecto que prórroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, el cual obtuvo media sanción con 145 votos a favor, 20 en contra y 45 abstenciones.

Abrió la ronda de oradores la diputada oficialista Mónica Litza (Buenos Aires) recordando que la Ley 27.613 fue aprobada en febrero del 2021, su media sanción en Diputados y luego en el Senado, pero promulgada en marzo. “La ley no estaba operativa, sino que necesitaba una reglamentación. Se vencieron los plazos en parte por la demora que hubo y porque sus efectos estuvieron dados en periodos de pandemia”, cuestionó.

“La ley preveía un plazo de vigencia de 120 días y estaba dividida en dos pilares. Uno tenía que ver con exenciones de carácter fiscal para incentivos de construcciones de obra, y el segundo capítulo de las normalizaciones de tenencias de monedas extranjeras y nacional orientadas a la inversión de la construcción”, explicó Litza.

En ese marco, precisó que “la primera parte de la ley sigue vigente, pero el segundo capítulo se preveía un plazo de 120 días y se creaba un impuesto que tenía una alícuota del 5%, 10% y 20% de un plazo de 30 y 60 días”, y por las “demoras” en su reglamentación “hubo pocas posibilidades de que se pudiera acoger a esta ley y en septiembre del 2021 venció el plazo de que se pudiera acoger al resto de la modalidad”.

“Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de la construcción en la argentina, lo que estamos haciendo es poner en consideración un nuevo dictamen donde se propone poner en vigencia porque no se podía prorrogar, reestablecer la ley en los alances de la normalización”, señaló la legisladora oficialista.

“La importancia que tiene la construcción en el desarrollo de la economía, motoriza la economía en varios rubros porque impulsa otros sectores y es un comportamiento pro cíclico, la economía crece y crece el impulso de la construcción, y viceversa. Según los datos de INDEC hay mas de 400 mil puestos formales en a la construcción, pero la argentina tiene un gran margen de informalidad que en la construcción puede llegar al 75%”, cerró.

A continuación, compartió su tiempo con su par Lucas Godoy (Salta) quien remarcó la importancia de volver a poner en vigencia la ley para la “regularización de los plazos” con una particularidad: “Esa normalización tiene que ser invertida en el desarrollo de inversión de desarrollos inmobiliarios para la reactivación de la construcción en el país”.

“Esa ampliación de 360 va a dar un plazo más adecuado para esa regulación que permita una mayor inversión, es la obra privada que se complementa a la obra pública, se complementan en termino de trabajo y de desarrollo”, amplió el salteño y subrayó: “La construcción es multiplicador del empleo de forma directa e indirectamente a lo largo del país, tiene un impacto profundamente federal”. En ese sentido, señaló que “donde más se ha desarrollado fue en el norte argentino. Es un gran movilizador de la economía, tiene datos relevantes positivas”.

También habló por el oficialismo Daniel Arroyo (Buenos Aires) quien destacó la iniciativa porque “guarda claramente el equilibrio que tenemos que tener entre Estado y mercado, y Estado y sector privado. Es el incentivo al sector privado para la construcción de viviendas, es la disminución de impuestos para el desarrollo y fomento de construcción de actividad, está claro que la construcción es generadora de trabajos, es uno de los cinco ejes masivos que producen trabajo. Es el eje central para la economía y también fomenta la mirada federal, desarrollos inmobiliarios. Es un proyecto donde se contemplan las 7 regiones del país, eso es importante”, y cerró: “Que se fomente un rol activo del sector público y privado para el desarrollo de la construcción e inmobiliario y atender a uno de los problemas graves del país que es que estamos en la generación de inquilinos. Es una ley que va a traer mejoras a la Argentina”.

De la vereda de enfrente se expresó la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri quien destacó la importancia de dar una prórroga para dar una respuesta a la “necesidad urgente de reactivar al sector que sabemos que la clase media y sectores vulnerables necesitan tener una oportunidad concreta de empleo, tenemos que aumentar a la oferta en lo que tiene que ver con la vivienda”, porque “no solo debe ser una cuestión del Estado, sino también incentivar al sector privado a ampliar las posibilidades de la construcción de viviendas y empleo”, y concluyó: “Es un programa necesita que se está esperando, no es la solución al problema, pero es un paso importante”.

En su intervención, el radical Julio Cobos (Mendoza) consideró que “el problema es recuperar la variable de cualquier economía porque no van a venir inversiones”, por lo que sugirió que en el sistema financiero y crediticia “hay que trabajar” porque “hay que respetar e incentivar el ahorro, recuperar esa vieja cultura”. “El sistema financiero argentino es muy raquítico”, advirtió el mendocino y concluyó: “Sin perjuicio del proyecto, las soluciones de fondo están muy lejanas, hay que esgrimir condiciones de inversiones, y bajar la inflación y no vamos a necesitar otros proyectos”.

El presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó: “Tenemos muchas objeciones a esta prórroga de blanqueo. Que se contextualiza que en simultáneo se está tratando en el Senado otro blanqueo”.

“El primer argumento contra este blanqueo tiene que ver con una mirada conceptual de la marcha del Gobierno. Verdaderamente creemos que estamos ante el Gobierno más improvisado de la historia democrática, todos los días nos lo demuestran. Este es uno de los ejemplos más gráficos: dejaron solamente nueve días para que los supuestos inversores pudieran ser beneficiarios de la ley”, añadió.

Y siguió: “Segundo nos parece absolutamente inequitativo, por qué a la construcción, y no a otra actividad. El sector ya tiene incentivos tributarios para estas inversiones, y si uno observa estos últimos dos años ve que al rubro de la construcción no le ha ido tan mal. Sin embargo, todos los otros sectores están muy por atrás”. En tercer lugar, describió: “El blanqueo es siempre una herramienta excepcional, casi vergonzante de los Estados, porque en el fondo es como reconocer que al que cumplió se lo trata peor que al que no cumplió, y ya son muchos los blanqueos que viene recibieron la economía argentina”.

“Finalmente, creemos que va a fracasar. Porque primero que ante todo los blanqueos requieren de credibilidad. De manera que poca credibilidad va a generar querer dinamizar una actividad constructiva que a la par insinúan ponerle impuestos ociosos cuando debatimos alquileres”, finalizó De Loredo.

En una breve intervención, el titular del bloque Frente Pro, Cristian Ritondo, explicó: “Este es el resultado de un trabajo que hemos hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores, decidimos firmar en conjunto porque decimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción. Entendemos que, en el tiempo pudo haber sido mejorado, el Ejecutivo retrasó e hizo que no pudiera estar en la medida de lo esperado”. “Pero es una propuesta de organizaciones sociales de trabajadores que le hicieron a este Congreso, y que este Congreso recogió y fue sancionado y dictaminado por tercera vez”, cerró.

Por el lado del Frente de Izquierda, tomó el micrófono Nicolás del Caño: “Desde nuestro bloque originalmente rechazamos esta ley de blanqueo cuando fue aprobada por las coaliciones de Juntos y del Frente de Todos justamente porque aquí lo que se hace es premiar a quienes evadieron, a los que se la fugaron toda”, y remarcó que “lo que plantea esta ley son beneficios que van a tener las grandes constructoras, acá no se está beneficiando a los millones de familias que necesitan una vivienda”.

“Quedó aclarado que el proyecto fue debatido con las cámaras de la construcción y con la conducción de la UOCRA, que sabemos que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Asi que, más bien, eso nos da la garantía a nosotros del Frente de Izquierda que este proyecto no va a tener nada bueno ni para las familias que necesitan urgentemente resolver el problema habitacional ni para los trabajadores de la construcción”, adelantó Del Caño.

Por ese motivo, reiteró la postura de su bloque: “Por eso nosotros vamos a rechazar este proyecto que lo que hace es beneficiar a esos grandes empresarios, y reclamamos que se debatan y se resuelvan los problemas que hacen a una agenda de los sectores populares, para lograr una planificación racional desde el Estado, con recursos de sobra que ustedes se lo dan al Fondo Monetario Internacional, que aprobaron ese acuerdo en forma conjunto los bloques mayoritarios, se van miles de millones allí y no van a las necesidades populares”.

A su turno el liberal Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) apuntó: “Este proyecto está acá porque el Gobierno fracasó en su gestión de la reglamentación de la ley, en el fondo estamos tapando el fracaso y de incompetencia de cumplir con sus obligaciones”, y sumó: “No puede ser que todos los días creamos impuestos y blanqueos”, y cerró adelantando su voto en contra.

Cerró la ronda de oradores el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) quien propuso incorporar tres artículos más y un capítulo tercero, por lo que procedió a leer la forma en que quedarían redactados: “El artículo primero de la orden del día quedaría igual, se insertarían tres artículos. El texto que se propone se introduciría como capítulo segundo y quedaría redactado ‘puente del empleo, transformación de planes programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.

El artículo segundo diría: “Las y los titulares de programas sociales y empleos nacionales vigentes o que se instituyen en un futuro, que sean contratadas en el marco del régimen de incentivo a la construcción general argentina de acceso a la vivienda ley 27613 y cumpla con la capacitación y cursos de formación que se establezca, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por los plazos previstos en el artículo 1”.

“Este régimen tuvo impacto el año pasado, la construcción es el sector más dinámico que creció el 31%, con estas herramientas que propongo estaremos en condiciones de poder regularizar el sector, generar empleo, regularizar la economía y generar viviendas”, concluyó el oficialista.

¿Qué establece el proyecto?

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.