Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al senador del Pro Luis Juez para ingresar al órgano judicial.
El conflicto en torno a la designación de los miembros al Consejo de la Magistratura sigue dando de qué hablar. Por un lado, Diputados solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó el titular del bloque FdT, Germán Martínez, contra la designación de la radical Roxana Reyes. Por el otro lado, la Cámara en lo Contencioso desestimó el pedido del senador nacional Luis Juez (Pro) para ser designado en el Consejo.
La Cámara de Diputados, como cuerpo legislativo, le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó Martínez contra la designación de como consejera de la Magistratura por la segunda minoría de la Cámara baja. Fue a través de un escrito firmado por el abogado Raúl Garo, la representación legal reclamó que la Cámara confirme el fallo de primera instancia del juez Martín Cormick, que en los hechos avaló la designación de Reyes.
La diputada de la UCR fue designada el 13 de abril junto con Francisco Manuel Monti en calidad de suplente, pero en el marco de la disputa política que también incluye a la Cámara de Senadores, Martínez judicializó la nominación.
Según el apoderado de la Cámara de Diputados, Martínez -quien apeló el rechazo de primera instancia- “no acredita ni delimita de qué manera fueron afectados sus derechos ni qué perjuicios sufrió como consecuencia del dictado del acto que aquí cuestiona”, por lo que el recurso debería ser rechazado.
Además, subrayó que “según la doctrina sentada por la Corte Suprema, es regla general la no judiciabilidad (sic) de las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder”.
“El objeto de autos se encuentra íntimamente relacionado a la conformación de los bloques parlamentarios, conforme las decisiones políticas emanadas de los representantes legislativos, democráticamente elegidos, siendo ello lo que precisamente pretende impugnarse”, advirtió el escrito, de 23 páginas.
“De admitirse, implicaría una gravísima vulneración de las facultades exclusivas del Poder Legislativo Nacional”, resumió.
Por otro lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que desestimó el pedido del Juez para ser designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así lo resolvieron los camaristas Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, hay un planteo de per saltum presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el propio Juez.
Lo hizo la Sala V que ratificó lo resuelto por el juez Pablo Cayssials, quien rechazó el pedido del legislador cordobés luego que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, designara en su lugar al oficialista Martín Doñate.
“Lo relacionado con el momento, y consistencia de las afinidades políticas necesarias y suficientes para conformar un nuevo bloque, constituyen cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara, y responden a las reglas de la lógica política, puesto que de la propia dinámica parlamentaria resulta que los bloques conformados por los representantes elegidos por el voto popular se forman, se modifican, mutan, se transforman y se transfiguran; se integran y se desintegran; forman coaliciones entre ellos, de un modo temporal o permanente”, según los jueces.
Además, señalaron que “la representación parlamentaria puede asumir válidamente cualquiera de esas modalidades, con el debido respeto de las reglas preestablecidas por el propio cuerpo, a los derechos y prerrogativas inherentes a la calidad de legislador, y a la participación de las minorías”.
La queja de Juez es porque él debía ser designado en representación de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió su bloque del Frente de Todos y así habilitó que sea designado un senador oficialista. La polémica se desató cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso el regreso de la vieja ley luego de vencer el plazo de 120 días que tenía el Congreso para sancionar una nueva ley.
De esta manera, la composición pasó de 13 a 20 miembros y la titularidad del Cuerpo a manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Horacio Rosatti.
