La legisladora Alejandrina Barry y la diputada nacional Myriam Bregman presentaron un proyecto mediante el cual buscarán terminar con “toda actividad escolar de carácter laboral obligatoria, sin valor pedagógico y no consensuada por la comunidad educativa”.
A horas del inicio del debate por la reforma del Estatuto Docente y tras la polémica por las prácticas laborales para estudiantes de los últimos años de la secundaria, la legisladora porteña del FIT, Alejandrina Barry, con el apoyo de la diputada nacional Myriam Bregman presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca prohibir en el distrito capitalino “toda actividad escolar de carácter laboral obligatoria, sin valor pedagógico y no consensuada por la comunidad educativa”.
Además propone la derogación de la “Resolución N° 3958/2021 del Ministerio de Educación, sus anexos I y II, y toda otra norma que contradiga a la presente ley”.
Al respecto del texto, Barry afirmó que “en el Colegio Lengüitas, los chicos y chicas tienen que realizar 60 horas en una fábrica donde confeccionan sándwiches. Ni Larreta, ni Acuña, pueden explicar aún qué tienen que ver los idiomas con los sándwiches” e indicó que “el jefe de Gobierno no puede decir la verdad, que esta normativa profundiza aún más la precarización laboral en la juventud”.
Sobre esa misma línea explicó que “la comunidad educativa ya comenzó a rechazar las prácticas, porque ven que esas 60 horas laborales y gratuitas reemplazaron horas de las materias de currícula y que dos días a la semana durante toda la jornada de la mañana no tienen clases” y resaltó que “charlando con estudiantes secundarios y secundarias nos contaron de su rechazo en las distintas escuelas. Se están abriendo debates en la comunidad educativa y consideramos que la opinión de los pibes y pibas es suficiente para rechazar estas prácticas laborales”.
En tanto Bregman planteó que “resulta evidente que el programa Aprender Trabajando no cumple ninguna función pedagógica y que la implementación del mismo excede las funciones del ministerio de Educación. Los beneficiarios son los empresarios que se hacen de mano de obra gratuita, mientras las prácticas para los y las estudiantes resultan en un deterioro del nivel y de la carga de horas pedagógicas”.
“La desocupación es responsabilidad de los sucesivos planes de ajuste y de promoción de pérdida de derechos laborales, no un problema de valores y de cultura”, sentenció.
