La convocatoria de los senadores del interbloque del Frente de Todos hecha al Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), realizada este miércoles en el Salón Azul del Senado, tuvo un protagonista inesperado: el dirigente social Juan Grabois.

“El pueblo tiene que saber lo que está pasando”, expresó el presidente del interbloque FdT, José Mayans, al inicio del encuentro con integrantes del CADI, agrupamiento de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos, de juristas, científicos y académicos, que busca poner de relieve la deuda histórica que tiene el Estado argentino con los distintos sectores internos.

En ese marco, el formoseño diferenció dos modelos políticos aplicados en la Argentina en las últimas décadas. Habló del modelo “neoliberal” que durante la gestión de Mauricio Macri llevó “a un endeudamiento catastrófico del país”, dijo; y “el populista”, que con Néstor Kirchner encaró el desendeudamiento de la Argentina y con Cristina Fernández dejó un país “con una relación deuda-PBI del 40 por ciento, de los cuáles el 50 por ciento era pesos y el 50 por ciento en dólares”, tales sus palabras.

“Estuvimos a un paso de la independencia económica del país”, reflexionó el jefe del interbloque oficialista.

Los senadores oficialistas informaron que en la sesión de este jueves se tratará el proyecto de creación de un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con recursos provenientes de bienes de argentinos no declarados en el exterior.

Grabois tomó la centralidad del encuentro cuando en un pasaje levantó la mano para preguntar sobre las razones del retraso en la investigación de la fuga de capitales. “Perdón, pero nosotros no venimos a escuchar sobre el proyecto de ley; vinimos a otra cosa”, señaló cuando Mayans le había pasado el micrófono a Oscar Parrilli para que contara sobre el proyecto que impulsa sobre consultas populares.

El dirigente social dijo que querían saber cómo se haría para “recuperar los fondos fugados”. Cuestionó “la poca acción” que se le veía a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda y el “secretismo” de la misma. Los senadores oficialistas le explicaron el problema de que la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda (Ley 27.249) no está conformada, porque desde la Cámara de Diputados todavía resta designar sus representantes, y a ello se suman las restricciones legales antes señaladas.

El dirigente social señaló la necesidad de “priorizar la deuda interna” como parte de las políticas públicas y que se estudien las propuestas del CADI “para saldar una parte de la deuda interna con los trabajadores de la economía popular, los investigadores”, entre otros. “Sí estamos de acuerdo en recuperar la mayor parte posible de quienes fugaron y entender el mecanismo de la fuga y el impacto que tuvo en el pueblo”, apuntó.

“Es una cuestión de legalidad, no se puede hacer cualquier cosa”, aclaró Mayans, afirmando luego que “la información que está, se ha pasado a toda la Comisión”, en tanto que la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio aclaró que no podían “circular la información porque la comisión bicameral no está constituida y porque la ley de Entidades Financieras sigue vigente y nos impide levantar el secreto fiscal”.

Otra dirigente social del conurbano repuso a su vez que “más allá de lo legal, lo que hace falta es que haya decisión política”.

En otro pasaje los senadores oficialistas y los representantes del CADI coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de flexibilización del secreto bancario, bursátil y fiscal, para avanzar en la investigación del proceso de endeudamiento de la Argentina durante la gestión anterior.

“Perón decía: ‘Somos un país politizado, pero sin cultura política’. Nuestro trabajo es alcanzar esa cultura política para tener un alto grado de comprensión de los problemas sociales, económicos y políticos que tiene nuestro país”, sentenció Mayans, que agregó: “Las puertas del Senado están abiertas para todas las organizaciones civiles que puedan venir y nutrir con sus ideas la noción de país que queremos construir”.

La vicepresidenta del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, coincidió con el pedido de algunos referentes del CADI de conocer el nombre de los responsables de la fuga de capitales que terminó con el endeudamiento nacional. Pero aclaró que existen problemas legales que se deben resolver para destrabar esa situación y por eso la bancada oficialista presentó el proyecto de flexibilización del secreto bancario, bursátil y fiscal.

“Cómo puede ser que el pueblo no conozca qué pasó con los dólares de la deuda”, dijo la senadora mendocina y explicó que el proyecto de flexibilidad del secreto bancario fue pensado “para que la comisión Bicameral de Deuda pueda pedir, a la Justicia, la flexibilización del secreto bancario, bursátil y fiscal”.

A su turno, Juliana Di Tullio recordó que “la ley de Entidades Financieras”, que estableció el secreto bancario, es “del año 1977, es una ley de Videla, y sigue vigente”. Al mismo tiempo, indicó que existe “infinidad de presiones para que esa norma no sea modificada”.

Su par Oscar Parrilli detalló que la iniciativa a debatirse este jueves en el recinto de la Cámara alta “básicamente plantea crear un mecanismo para que aquellos que fugaron dinero al exterior, y no lo declararon, tengan una sanción pecuniaria” y aclaró que esos fondos deben ser “en dólares y tienen que venir de afuera. No vamos a permitir que se compren en la Argentina. Irán a una cuenta especial a nombre del Ministerio de Economía y su único destino será para pagarle al FMI”.

 “El objetivo central de este proyecto no es meter presos a los evasores, sino juntar plata para pagarle el fondo”, insistió el senador neuquino y comentó: “No será fácil aprobar este proyecto, va a ser necesario un fuerte apoyo social para conseguir la sanción en la Cámara de Diputados”.

 Además de Grabois, sostuvieron -entre otros- el dirigente de Unidad Popular y director del Banco Nación, Claudio Lozano; el secretario adjunto de la CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; Deolinda Carrizo (MOCASE), Rosalía Pellegrini (UTT), Bruno Rodríguez (Jóvenes por el Clima), Dina Sánchez (UTEP).