Más de una veintena de invitados pasaron este martes por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizan los proyectos de boleta única de papel. De acuerdo al cronograma votado en el emplazamiento impulsado por la oposición, la próxima semana se dará el debate propiamente dicho entre los legisladores de cara al dictamen.

El rechazo del Poder Ejecutivo

La jornada, que duró más de cuatro horas, arrancó picante con la participación de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

“El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, continuó y enumeró las desventajas que considera de la boleta única.

Además, en alusión a su posible implementación en 2023, advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”.

Cerró las exposiciones el actual director nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien expresó que tenía “más dudas que certezas” respecto de lo escuchado, por cuanto encontraba contradicciones entre las propias exposicioines.
A su juicio, “estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto”. Así las cosas, estimó que discutir este tema en menos de un mes le parecía “complejo”. Recordó que el sistema vigente es centenario, por lo que insistió: “Resolverlo parlamentariamente en un mes, me parece complejo”.

“La discusión tiene que ser más informada”, resumió, enfatizando que “no es una reforma más, estamos hablando de una discusión central para el sistema, porque impacta en el sistema de partidos, la logística, la elección”.
“Me parece que perdimos la oportunidad de ver qué boleta única estamos hablando”, insistió Schiavi, preocupado por “la cuestión de la previsibilidad. Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación”.
Asimismo consideró que en la discusión faltaron algunos actores importantes, destacando que existen 700 partidos y este martes estuvieron solo 2 o 3 apoderados. “Es una reforma que impacta directo sobre ellos”, destacó, por lo que estimó que “una presencia de apoderados hubiese sido importante”. Aclaró que también hubieran tenido que estar “otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.
Además, sostuvo que “no es una discusión que genere una demanda social, no creo que esté en la agenda de la gente”, y advirtió que hubiera sido necesario llegar a consensos, pero “estamos discutiendo con consensos fracturados”.

La opinión de exlegisladores

Autor de uno de los tantos proyectos presentados sobre boleta única, el radical Gustavo Menna, diputado nacional hasta diciembre pasado, consideró que a la discusión “hay que abordarla desde una perspectiva de derechos; acá lo que está en juego es un derecho humano central que es el derecho de elegir y ser elegido, pero sobre todo el de elegir”.

El chubutense reconoció que sobre el faltante de boletas no hay estadísticas, y se ha dicho que “no afecta el resultado electoral”, pero observó que “hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño”. En ese sentido, recordó que en 2011 en su provincia “estuvimos tres meses sin saber quién era el gobernador” y “hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo”.

Sobre el diseño de la boleta única, más precisamente cuando se pone el foco en que no estarán presentes todos los candidatos, como puede pasar para la categoría de diputados nacionales, Menna señaló que “en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema” ya que se eligen poca cantidad de legisladores, “y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación”, completó.

Desde Córdoba, el exdiputado Paulo Cassinerio defendió que en su provincia el cambio en el sistema electoral “nos ha dado calidad institucional, la posibilidad de contar con el sistema electoral más utilizado en el mundo, y que además la opinión de los expertos sobre sus ventajas es contundente”.

El actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba opinó que el cambio “permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos” al Estado nacional, además de que “otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales”.

También desde la provincia mediterránea, Antonio Hernández, exdiputado nacional y exconvencional constituyente, recordó que en la elección a gobernador de 2007 “para el nivel de gobernador había 9 candidaturas, pero 32 boletas electorales por el tema de las colectoras”.

“¿Quién puede decir que el sistema de boletas múltiple, que posibilita decenas de boletas, realmente posibilita un ejercicio serio de la oferta electoral y de la posibilidad de que el pueblo pueda elegir?”, se preguntó el dirigente, que formó parte de la comisión consultiva de la reforma electoral en Córdoba.

Al enumerar los beneficios de la boleta única, habló de una “disminución del gasto electoral”, al tiempo que “la justicia electoral se convierte en garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa”. “No hay posibilidad de listas colectoras y se pone fin a la distribución previa de boletas”, sumó.

La voz de la izquierda

En representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo cuestionó que en las elecciones provinciales “no hay financiamiento” para los partidos más chicos, al tiempo que los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas son “claramente fraudulentos”. También mencionó que el reparto en espacios de publicidad y los porcentajes de los pisos para pasar a las elecciones generales son otros temas que deberían “debatirse primero”.

Yendo a la boleta única, el dirigente reconoció que “tiene una ventaja en cuanto a que esté la boleta” en el cuarto oscuro, pero argumentó que será “complicado identificar a la lista” porque la cuestión de la “visibilidad” no está “para nada resuelta en los modelos que se presentan”. “La fiscalización se hace más compleja”, añadió y alertó que “podés tener la boleta y que después no te puedan votar”.

Por su parte, desde el Partido Obrero, Gabriel Solano criticó que “no estamos discutiendo una verdadera democratización del sistema electoral. Los recursos económicos que se derivan del uso del Estado y la relación con las distintas empresas privadas condiciona de manera directa el proceso electoral y eso acá no se está discutiendo”, denunció.

Si bien aclaró que “no defendemos el régimen actual”, el legislador porteño dijo que con la boleta única “se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando” ya que “al no presentar a todos los candidatos” se trata de “una manipulación al electorado”. Además, opinó que “la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas”.

Más opiniones a favor y en contra

Extitular de la Dirección Nacional Electoral hasta marzo pasado, una de las últimas oradoras en hablar fue Diana Quiodo, quien afirmó que el proceso electoral de 2021 “fue muy bueno” y “en ningún momento las fuerzas políticas han planteado como un problema la falta de boletas”.

Apoyada en filminas, la politóloga basó su exposición en torno a los costos, una de las aristas que atraviesa el debate, ya que los impulsores de la boleta única sostienen que se ahorraría dinero. Al explicar cómo se calcula el aporte del Estado por boleta, de acuerdo a las leyes vigentes, la actual secretaria de la embajada argentina en Chile precisó que en las PASO del año pasado se gastaron $827 mil millones, con una liquidación complementaria de $290 mil millones; y en las elecciones generales $929 mil millones.

Esos cálculos se realizaron en base a lo que implicó la impresión de dos boletas y media por elector, a partir de la reforma de 2019. Pero Quiodo enfatizó que se podría haber tenido incluso un ahorro del 33% si se imprimiera una boleta y media por elector registrado, como era antes de esa reforma.

Al exponer los gastos en la provincia de Santa Fe, donde hay boleta única, la exdirectora nacional Electoral detalló que en las elecciones locales hubo un costo por elector de $169,30, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de $119,70, e incluso hubiera bajado a $59,85 si se volviera al 1,5 elector para la impresión.

Otro exdirector nacional Electoral que se presentó fue Alejandro Tullio, quien en su caso enfatizó que “este es el momento de hacer una reforma”. “Esta reforma es oportuna, estamos en un año no electoral. En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema”, consideró y citó en ese sentido a “la Justicia Electoral, la Dirección Nacional Electoral, todos los que tienen que participar en el diseño y la implementación de este tipo de cambio”.

“Estamos en tiempo de hacer esto y para explicarle a la ciudadanía cómo se vota. Porque, con mucho respeto, disiento de los que dicen que la boleta es un instrumento de los partidos políticos: la boleta es un instrumento de los ciudadanos para manifestar su opinión”, aseveró.

Entre los más de veinte expositores que se presentaron este martes, Eduardo López, apoderado del PJ bonaerense, se manifestó en contra del cambio: “Nosotros adherimos a la boleta partidaria porque ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de un sistema democrático, prácticamente desde la Ley Sáenz Peña, y ha dado muy buenos resultados”.

“No es que los que estemos a favor de la boleta partidaria seamos fraudulentos o mantengamos el status quo“, aclaró y defendió el sistema actual diciendo que “podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular”. “Es confiable, transparente y gana el que mayor ascendencia tiene en la ciudadanía”, insistió.

A su turno, Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, donde se aprobó en la Legislatura la boleta única en marzo pasado, se mostró a favor de “la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas; la disminución del gasto electoral; la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector”.

El funcionario admitió que este cambio “no soluciona todos los problemas” en cuanto a lo electoral, pero “es un debate sobre una herramienta electoral, que nos lleva necesariamente al debate sobre el sistema electoral y el régimen electoral”. “Los cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí resultan positivos para los ciudadanos”, agregó.