En el arranque de la segunda reunión informativa en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos que proponen la implementación de la boleta única de papel, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación.

“Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, la representante del Poder Ejecutivo defendió: “El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”.

“No solo es un instrumento de votación, sino que además sirve para la planificación, el reconocimiento y la publicidad de las agrupaciones políticas”, agregó García Blanco, que se preguntó “¿cuál es el fundamento para cambiar el instrumento de votación? ¿Descartar la ausencia de boletas en los cuartos oscuros?”. “Nadie pudo cuantificar cuál es la magnitud del problema”, apuntó sobre el “robo” de boletas.

La secretaria de Asuntos Políticos expresó que le “preocupa” cuando “escucho hablar de irregularidades, porque se pone en cuestión la legitimidad de todos los representantes electos”. “La posición de que denuncio cuando pierdo y convalido cuando gano no resiste análisis”, opinó y remarcó que “todas las fuerzas políticas en este país han ganado elecciones siendo oposición y han perdido elecciones siendo gobierno”.

Sobre el argumento de que la boleta única de papel implica un ahorro de dinero para el Estado, la funcionaria consideró que el cambio “no garantiza reducción de costos y tampoco hay un diagnóstico sobre la logística que es requerida”.

“No termina con las listas sábanas. La boleta única genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir. Otorga mayor exposición a las cabezas de listas, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos”, enumeró sobre las desventajas del instrumento.

Para García Blanco, las boletas partidarias garantizan “información accesible y completa para el electorado”. “Hoy en día el electorado cuenta con un conocimiento pleno del proceso de votación”, sumó y, por el contrario, dijo que la boleta única “vulnera el derecho de los electores a conocer acabadamente la oferta electoral”.

Entre otros puntos, comparó que las boletas partidarias permiten “una fiscalización y un escrutinio de votos en forma rápida”, mientras que “la fiscalización y el conteo en la boleta única lo complejiza y genera confusión al momento del conteo de votos”.

En su exposición, la representante del Ejecutivo advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”. “Es el escenario más complejo que puede haber, y ni hablar en caso de simultaneidad”, ahondó.

“Me preocupa que se fuerce este tipo de reformas de manera exprés”, manifestó y recordó que “la última vez que se apuró una reforma electoral” fue en el año 2019, cuando se modificó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos “sin análisis previo” y, como consecuencia, “hoy el sistema electoral de publicidad está judicializado y puede traer un reclamo hacia el Estado exorbitante”.

Por eso, aseguró que las reformas electorales “deben ser meditadas” y no por “la imposición de soluciones mágicas por sobre problemas inexistentes”.

“Si estamos de acuerdo que no hay un problema de integridad ni de funcionamiento de las elecciones nacionales, si está claro que se trata de un cambio que puede traer efectos no deseados en la legitimidad de origen de las autoridades y la gobernabilidad, entonces ¿piensan honestamente que encarar una reforma de esta magnitud con la urgencia que se ha impuesto al debate tiene sentido? Ante riesgo enorme de perjudicar un sistema electoral que funciona, y en el momento en que se va a elegir quién va a presidir la Nación (en referencia a las elecciones de 2023). Desde mi experiencia y mi responsabilidad institucional creo que sería imprudente”, concluyó.

Si bien el formato de la reunión era solo para escuchar a los expositores, la presencia de la funcionaria abrió paso a preguntas y encaró en primer lugar la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien le apuntó que “hay muchas denuncias en todas las elecciones en relación a distintas instancias del proceso electoral”.

Asimismo, cruzó a la funcionaria con que “el kirchnerismo introdujo nada más y nada menos que las PASO en la elección de 2011” y fue el Frente para la Victoria quien también apoyó “otra gran reforma al sistema electoral que se implementó en la elección de 2019” como fue la paridad de género.

“No conozco ningún caso de alguien que haya judicializado quién ganó y quién perdió; no sobre denuncias que hayan podido pasar en el proceso, que es una cosa diferente. Lo que dije es que no se judicializó el resultado”, le respondió García Blanco, lo que generó murmullo desde el sector de la oposición y el radical Miguel Bazze gritó: “La funcionaria está asegurando algo que no es correcto”.

Entonces, la secretaria de Asuntos Políticos reiteró que “ninguna de las judicializaciones que se llevaron adelante han modificado el resultado electoral, a eso me refiero”. Y explicó que “la reforma de las PASO se hizo en el 2009 y se implementó en el 2011”, mientras que la Ley de Paridad se aprobó en 2017 y se implementó en 2019, es decir que las leyes se trataron “dos años antes”. Además, en este caso implica “un cambio en el instrumento de votación donde los más afectados son los electores, que somos todos”.

Ya con el clima caldeado, el jefe de la UCR, Mario Negri, tomó la palabra aunque no hizo preguntas. “Al debate hay que bajarle la temperatura y razonar, a ver si estamos nosotros inventando una locura o no. La boleta única existe desde el año ’58 en Australia y solo 16 países en el mundo no la tienen”, defendió.

Luego hubo consultas, entre otros, por parte de los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez -jefe del interbloque Federal- y Carla Carrizo en las que mencionaron que en distintas acordadas, la Cámara Nacional Electoral recomendó el cambio en el instrumento de votación. García Blanco se limitó a decir: “La Cámara Nacional Electoral no pertenece al Poder Ejecutivo Nacional, es el Poder Judicial, y es una opinión de la CNE”.