Los legisladores de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) desautorizaron a su presidente, el diputado oficialista Leopoldo Moreau, por haberse presentado en representación del cuerpo en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno Mauricio Macri.

Mediante una nota dirigida al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, los legisladores Gerardo Milman, Alfredo Cornejo, Daniel Kroneberger, Ignacio Torres, Miguel Bazze y Cristian Ritondo sostuvieron que “Moreau carece de facultades para presentarse en nombre de la CBI”.

Tras el fallo de la Cámara Federal que a finales del año pasado consideró que las actividades de inteligencia ilegal bajo investigación fueron obra de “cuentapropistas” del espionaje, la CBI aprobó una decisión de plantear el juicio político de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y presentarse en el expediente, bien como querellantes, bien como “amicus curiae” (amigos del tribunal), pero para los legisladores opositores, “el rol que pretende obtener para la Bicameral en la causa es contrario a la normativa legal y ajeno a las disposiciones reglamentarias de esta comisión”.

“Este vicio intrínseco en la formación de la voluntad legítima de la CBI para otorgar mandato a presentarse en autor la invalida per se, transformando al diputado Moreau en un presentante que carece de legitimación a tales efectos”, le dijeron los opositores al juez Martínez de Giorgi.

Los representantes de Juntos por el Cambio cuestionaron que la mayoría oficialista en la CBI propuso el juicio político de los camaristas porque está en desacuerdo con el fallo del “cuentapropismo”.

“Es decir que para los diputados Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés estar en desacuerdo con un fallo judicial los habilita a pedir el juicio político”, cuestionaron.

Y embistieron: “Parece que al diputado Moreau no le importa la figura jurídica: sea como querellante, o como amicus curiae, o como cualquier otra cosa, lo importante para él era entrar en la causa. Pareciera que lo de los miembros de la mayoría oficialista buscan no es aportar o colaborar con la dilucidación de la verdad objetiva sino acusar y prejuzgar, generando un efecto político que tiene por objeto invalidar o condicionar la actuación de la Justicia”.

Los legisladores opositores resaltaron que “la CBI tiene facultades de control para supervisar la gestión de los entes bajo su competencia y para ello debe obrar con neutralidad y objetivamente, en pos de un interés superior al del partidismo político”.

El pedido, de ser tenido como “amicus curiae”, había sido aceptado por el juez Martínez de Giorgi, pero ante la apelación de uno de los imputados, el exjefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, el planteo pasó a estudio de la Cámara Federal porteña.