La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este martes, desde las 15, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio decretado por el expresidente Fernando De la Rúa.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno recordó que “el Estado accionó de manera represiva” en esa ocasión y fueron 39 las personas que “perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos”. En ese sentido, la propuesta contempla también a quienes hayan resultado “gravemente heridos” por esos hechos.

Similar a otras leyes reparatorias, el proyecto establece “un beneficio extraordinario, a percibir por única vez, en concepto de indemnización, para los herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto N°1678 del 19 de diciembre de 2001; y también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes”.

El texto, que indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, estipula que la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A-Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. Asimismo, aclara que en el caso que el beneficio correspondiere a las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, ese monto será un 30% menor.

También se establece la gratuidad de todos los trámites y que la indemnización estará exenta de gravámenes, y de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.

“Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos a que se refiere la presente ley, quienes pretendan acogerse a dicho beneficio, y al tiempo de solicitarlo, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por la misma causa”, prevé.

Financiamiento de las industrias culturales

Por otra parte, el temario de la reunión, que se realizará en el Salón Illia, contempla un conjunto de proyectos en relación al financiamiento de las industrias culturales, ante el vencimiento en diciembre de 2022 de las asignaciones específicas a través de distintos impuestos. Algunas iniciativas buscan prorrogar esas asignaciones hasta 2025, otros hasta 2030 o incluso hasta 2042.

Los textos que se pondrán sobre la mesa, y podrían concluir en un dictamen consensuado, fueron presentados por las senadoras del oficialismo Cristina López Valverde y Teresa González, Silvia Sapag, María Inés Pilatti Vergara, Anabel Fernández Sagasti; y de la oposición Alberto Weretilneck, Daniel Kroneberger y María Victoria Huala.

A principios de mayo, en la Cámara de Diputados tuvo dictamen en comisión un proyecto que establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072. No obstante, todavía no fue tratado en el recinto.