Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados realizó este martes una nueva reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura.

Como a lo largo de las jornadas previas, en esta ocasión los invitados también pidieron aprovechar la discusión para aprobar una modificación más integral, que no tenga que ver solo con la conformación del órgano judicial, sino con su funcionamiento.

Entre los expositores estuvo el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien señaló que “institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, enfatizó: “Pero no decidirlo de cualquier manera, debemos aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera. No podemos estar cada dos o tres años discutiendo nuevamente”.

Para eso, el flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró que se requiere de “un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas”, y no de conseguir sancionar la ley por uno o dos votos de diferencia. “Eso no sirve”, subrayó.

“Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso” y “todos los argentinos puedan tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático”, sostuvo.

Durante su intervención, el exlegislador y exconvencional constituyente recordó que este se trata de un “tema manido” ya que “pocas instituciones han tenido una discusión parlamentaria como el Consejo de la Magistratura”. En esa línea, dijo que esta es la cuarta ley que se debate en torno a “una institución que es compleja”, pero sobre la cual “la intención del constituyente fue muy clara: no eliminar la política, pero sí restringir esta discrecionalidad para darle una base de idoneidad técnica”.

El abogado constitucionalista defendió que “la ley (de 1997) vigente por la decisión de la Corte fue seguramente la ley que obtuvo mayor consenso; fue votada prácticamente por unanimidad en las dos cámaras” y fue la que “inaugura la mejor etapa que tuvo el Consejo”.

Además, remarcó que todas las otras leyes “fueron sancionadas con minorías apretadas y esto no es bueno, y es lo que hace que el tema vuelva a recurrir”.

El Consejo “no ha funcionado lo bien que se ha querido, ha habido bloqueos permanentes, exceso de partidización, atraso en las designaciones”, enumeró Gil Lavedra, que consideró que “la llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio, que por supuesto es importante” sino más bien centrarse en “aumentar el empoderamiento técnico del Consejo”.

Sobre si la Corte Suprema debe ser parte del Consejo, o incluso presidirlo, el exministro de Justicia reconoció que “hay buenas razones de ambos lados”, pero deslizó que cuando la Corte estuvo presente “le ha dado una mayor contención, y ha funcionado mejor el Consejo”. “Pero es el punto espinoso que queda librado al debate político”, expresó.

Yendo al proyecto con media sanción del Senado, el exdiputado opinó que los académicos “tendrían que no ser elegidos de manera indirecta”, sino por sus pares o por región.

Si bien vio con buenos ojos que se cree una comisión federal, manifestó: “No entiendo por qué tiene que estar integrada solamente por senadores”. Y propuso que también se sumen a abogados y jueces de las regiones, ya que son cargos ad honorem.

Consideró que deberían incluirse los concursos anticipados para que “las vacantes sean cubiertas rápidamente”; que hacen falta “más pautas respecto de los concursos”, ya que en la cuestión de los antecedentes “debe haber una evaluación objetiva”; y que las impugnaciones no deben ser resueltas por la comisión, sino por un jurado técnico.

El abogado también recomendó que en la ley quede establecido que “al menos uno de los integrantes de las ternas sea mujer”; que se hagan cambios respecto a las entrevistas personales, donde advirtió “se cambian los órdenes de mérito”; y que “los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que los de los abogados y abogadas”.

Para Gil Lavedra, respecto a la escuela judicial, “no tiene que ser para cursos ocasionales y discrecionales”, sino que debe haber “cursos permanentes de actualización a los jueces”.

Tampoco se “pueden tener los procesos disciplinarios abiertos indefinidamente”, alertó y completó: “No hay nada en la media sanción sobre la evaluación del desempeño de la justicia. El Consejo tiene que tener estadísticas confiables, que evalúen el desempeño judicial, y auditorías, justamente para poder ejercer su función disciplinaria”.

Más expositores

A su turno, Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles, no se refirió a la composición del Consejo de la Magistratura, sino a dar sugerencias sobre aspectos en el proceso de selección de magistrados que deberían cambiarse o incluirse en la ley, para dar a esa instancia una “mayor eficiencia y rapidez”.

En ese sentido, explicó que habría que “contener plazos perentorios en todo lo que son procesos anteriores a la etapa de oposición” y sanciones “si no se siguen esos plazos”. Por ejemplo, recomendó poner límites de tiempo para la toma de exámenes y para dar las calificaciones. También opinó que la entrevista personal a los candidatos debería ser “directamente ante el plenario” y no en comisión; y mencionó que la evaluación de las impugnaciones “lleva mucho tiempo”.

En su exposición, Segarra planteó que habría que establecer “lineamientos generales un poco más específicos” para la selección de los magistrados respecto de su “formación, experiencia laboral, docencia” e incluso la perspectiva de género, y “cómo se puntúan este tipo de antecedentes”.

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Sebastián Pilo apuntó que el proyecto que se sancione “tiene que ser constitucional” y tener un “equilibrio de estamentos”, el cual consideró que la iniciativa con media sanción sí “cumple ese estándar” que reclamó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.

Pero también advirtió por el “equilibrio en las fuerzas políticas” y, en esa línea, reivindicó que la ley de 1997 contempla en definitiva una “mayor pluralidad en la representación política”, mientras que el proyecto en tratamiento “quita las segundas minorías”. Por eso, solicitó “generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino”, al considerar que debería tomarse el concepto de interbloques para elegir a los representantes por el Poder Legislativo.

“Necesitamos que el proyecto atienda a los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en los estamentos, y este proyecto no atiende esos problemas”, señaló.

Pilo enumeró que entre esos problemas, “tenemos un sistema pésimo, muy malo, de selección de magistrados; uno todavía peor en materia de procesos disciplinarios; niveles de transparencia y de acceso a la información muy debilitados; e instancias de participación ciudadana nulas”.

En su intervención, el expositor remarcó que “necesitamos un proyecto que no se revierta en dos años, necesitamos un diseño para el Consejo de la Magistratura que pueda pensarse en el mediano plazo”, en alusión a que se necesita un respaldo mayoritario a la hora de su sanción.

Por su parte, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, se mostró a favor de la “búsqueda del mejor modelo constitucional posible”, pero recordó que, en su origen, el Consejo se creó “hasta donde llegó el consenso” -en la reforma constitucional de 1994- y se trata de “una figura extraña”. Por lo tanto, “no podemos diseñar una mejor ley posible si no sabemos que ese Consejo no se parece a los Consejos del sistema comparado”, expresó.

Sobre el proyecto con media sanción, la abogada observó “un problema de sobrerepresentación del Senado” ya que los senadores “tienen una segunda intervención” en el proceso en el proceso de selección de los magistrados, al participar de las audiencias públicas que se realizan en la Cámara alta y el tratamiento de los pliegos.

También opinó que en la quinta comisión que se crea, de representación federal, hay “un problema de subrepresentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por el traspaso de las competencias pendiente.

González Tocci se manifestó a favor del plazo de cuatro años con una reelección para los consejeros; mientras que, por otro lado, consideró que en una nueva ley hay que “reducir el peso de la entrevista” para los candidatos y “hacer hincapié en la formación y capacidad”. También sostuvo que sobre el tema de las vacantes, uno de los “más graves que tiene el Consejo”, debería haber “concursos preliminares o anticipados”.

Finalmente, aunque reconoció un “avance claro en casi todos los aspectos” en el proyecto sobre la cuestión de género, resaltó que “lo mira en una única dirección” respecto de la integración, pero la paridad debe estar contemplada también para las ternas en la selección de magistrados.

Sobre la conformación del Consejo, el abogado Sebastián Guidi aseveró que “la discusión más urgente no es si vamos a agregar un abogado más o dos jueces más, porque si esos jueces o abogados están igual de politizados que los diputados y senadores no resolvemos el problema”.

Así, opinó que deberían plantearse como “requisitos para ser representantes de los jueces o abogados, no haber ocupado cargos públicos o haber sido candidatos”.

En alusión a los académicos, el letrado los consideró “veedores, por lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para su designación” tales como “un sorteo, un concurso” ya que “no tienen por qué ser representantes”.

Y llamó a establecer que “la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva” y no “hacer depender la elección de los bloques, de cómo se autoperciben, si como bloque, como mayoría y demás; eso es problemático”. Guidi propuso entonces una “solución ancestral y sabia” que es que los representantes se elijan con “los dos tercios de la Asamblea Legislativa”. “Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes full time, ya que estamos”, añadió.