La Legislatura porteña aprobó con 33 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones una normativa que busca potenciar el empleo y la instalación de comercios en los barrios populares.
A pesar de la resistencia de la oposición y de grupos de vecinos que participaron en las comisiones, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 33 votos positivos, 20 negativos y 4 abstenciones la creación del “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”.
La iniciativa contó con el aval de VJ, PS, RU y UCR-Ev; el rechazo de FdT, FIT y CF y la abstención de LLA y tiene por objeto promover el desarrollo económico de los barrios populares de la Ciudad, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos, a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para la realización de diversas actividades.
Con esta norma, las personas jurídicas y empresas que adhieran a la misma podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido en un proyecto de desarrollo de espacios para la realización de las actividades comerciales.
Para acceder a los beneficios, al momento de inscripción en el Registro que se confeccionará para este distrito, los beneficiarios deberán presentar, un plan de contratación en el que conste que al menos un 30% de la nómina del personal a contratar viva dentro de los barrios populares.
De esta manera se busca fomentar la instalación de actividades relacionadas con la gastronomía, cafetería y bares; establecimientos educativos, servicios relacionados a la enseñanza; locales de venta de verduras, frutas, legumbres y hortalizas, elaboración y venta minorista de pan, productos de panadería y confitería; servicios de peluquería, barbería, centros de estética, centros de belleza, spa y similares; producción, difusión, venta de entradas y explotación de espectáculos y servicios teatrales, musicales, cinematográficos, fotográficos, audiovisuales espectáculos artísticos, y servicios culturales de similares características con sus servicios conexos; entre otras tantas actividades.
Cabe señalar que en las inmediaciones de la Legislatura, mientras se debatía el texto, un grupo de vecinos y comerciantes de los barrios involucrados expresaron su rechazo al proyecto en cuestión.
El debate en el recinto
La primera en tomar la palabra es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y diputada de Vamos Juntos (VJ), Gimena Villafruela, afirmó que “esta Ley no debe analizarse como una política pública aislada sino como la continuación de un camino y un plan concreto que viene impulsando el Poder Ejecutivo desde hace muchos años y que tiene que ver con la reurbanización e integración socio urbana de los barrios populares de la Ciudad”.
“La radicación de empresas privadas en los barrios populares viene a fomentar la integración económica y principalmente la generación de empleo, lo cual representará sin lugar a dudas un aumento significativo de las fuentes de trabajo, y también una mayor oferta de bienes y servicios que incluso atraerá nuevos consumidores a los barrios”, completó.
En contraposición la peronista Claudia Neira (FdT) advirtió que “esta es una ley que perjudica a los comercios de los cuatro barrios que contempla porque lo que establece es un beneficio impositivo que impacta de forma desigual depende de quien lo utilice. ¿Cuánto puede descontar de IIBB un monotributista o una PyME? No van a poder descontar casi nada, pero si hablamos de una gran empresa va a poder descontar muchísimo y van a poder descontar el alquiler que, en la mayoría de los casos, es concesionado por el Estado”.
“Es una competencia desleal porque se les da beneficios a grandes empresas y que vengan a invertir gratis, porque después lo descuentan de los impuestos. No tenemos más nada que discutir después de esto”, señaló.
En consonancia con Neira, la diputada Alejandrina Barry (FIT) se preguntó: “¿Es un chiste? ¿Hay muchos vecinos que tengan plata para invertir? Si ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación hacen algo para terminar con el problema de la pobreza que está en crecimiento. ¿Y si en vez de esta ley buscamos ayudar a las cooperativas?” y remarcó que “el proyecto también habla de que se promueven la instalación de clínicas cuando a los barrios ni siquiera se les garantiza el acceso a la salud pública. ¿No es esto una provocación?”.
No obstante, el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) aseveró que “votamos a favor de esta ley porque buscamos profundizar la integración económica y social y rechazar la economía de subsistencia como política de largo plazo” y remarcó que “esta iniciativa está pensada como parte de un plan estratégico de integración socio urbana que el Ejecutivo está desarrollando en distintos puntos de la Ciudad y que esperamos que desemboque en un nuevo proceso social y político”.
“El proyecto se sostiene en el marco de una cultura política con transformación de largo plazo para los habitantes de los barrios populares porque pretendemos construir ciudadanos económicamente integrados y políticamente autónomos”, señaló.
Por otro lado, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán se diferenció del resto del oficialismo porteño y planteó que defiende “a los pequeños comercios por eso voy a votar en contra de algunos artículos, así que confió en que el criterio de elección pueda equilibrar un poco esto. Cuando se le ponen descripción de marcas como Farmacity, carnicería RES o un supermercado pensaba en mi barrio, eso es el resultado de cuando se invierte”.
