El 13 de diciembre de 1907 comenzó a correr la noticia sobre el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut. Un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua potable había encontrado, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones.

A partir de entonces, Comodoro Rivadavia se convertiría en un pueblo petrolero dedicado a la extracción de crudo. A medida que esa industria se expandía y con el descubrimiento de cada nuevo pozo, nacían a su alrededor campamentos petroleros que luego se convertirían en pueblos y ciudades.

Así llegamos a 1910, cuando bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. Pero los cambios más significativos se generarían a partir de que el 3 de junio de 1922 el Estado nacional crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.

El presidente era entonces Hipólito Yrigoyen, a quien en octubre de ese año sucedería Marcelo T. de Alvear, que nombra al general Enrique Mosconi director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante 8 años y que significó un impulso decisivo para la actividad petrolera en nuestro país.

El autoabastecimiento petrolero argentino se conseguiría durante la presidencia de Arturo Frondizi y su “batalla del petróleo”. Una empresa polémica, que había anunciado el 24 de julio de 1958 y a través de la cual la Argentina, que había llegado a importar casi el 70% del petróleo que consumía, en apenas 4 años y a través de YPF triplicaría la producción nacional para alcanzar el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia.

Esa batalla tuvo costos. Políticos, y muy grandes para el gobierno de Frondizi, que perdió gran apoyo de varios sectores que lo habían respaldado en su candidatura, además de la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez.

En tiempos de Carlos Saúl Menem se privatizó YPF. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF SA).

Para 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

Los efectos negativos de la privatización se vieron rápidamente en las ciudades petroleras. Fue la génesis del movimiento piquetero.

En efecto, la privatización de YPF llevaba al desempleo a miles de argentinos que hasta entonces vivían del trabajo en la petrolera estatal. Los lugares tocados por el ritmo de la protesta fueron en principio Cutral-Có y Tartagal, en Neuquén y Salta, respectivamente.

La privatización de la petrolera estatal YPF hizo en muchos casos lo que previamente había provocado la concesión de los servicios ferroviarios. Entonces, pueblos enteros fueron condenados a la desaparición y el olvido, como consecuencia del levantamiento de ramales “deficitarios”.

Antonio Cafiero protagonizó como legislador nacional una discusión al momento de aprobar la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el Senado de la Nación, cuando le reprochó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo el valor por el que la Nación se desprendía definitivamente de esa empresa. “¿No cree que estamos vendiendo por maníes algo que es un formidable potencial de riqueza argentina?”. Cavallo le respondió: “No, yo lo hago para que en el exterior se sepa que acá se pueden hacer buenos negocios”.

La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permite a Repsol YPF convertirse en la 8° productora de petróleo y la 15° compañía energética del mundo.

Eso se revirtió cuando el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.

Los argumentos para tal decisión eran la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético.

Al anunciar la medida, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no es de estatización sino de “recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental”.

Es así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.

El proyecto tuvo un rápido tratamiento en el Congreso de la Nación. Primero pasó por el Senado, donde fue aprobado el 26 de abril de 2012 por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Desde la oposición, Luis Naidenoff expresaría en la sesión su apoyo aclarando que se había avanzado con esa iniciativa “porque la caja no cierra”. Y agregaría: “fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate”.

“Es una decisión de alto voltaje tomada por la presidenta y hay que valorarla, antes no se pudo tomar”, manifestó por su parteel líder de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que defendió férreamente el proyecto. Antes de dar explicaciones relacionadas con la iniciativa, el legislador rionegrino dejó en claro que el proceso de privatización de YPF “fue uno de los grandes errores políticos de toda la década”, y sostuvo que debían expropiar YPF para “recuperar la producción de petróleo y poder lograr el autoabastecimiento”, lo que llevará a tener “precios internos que ayudarán a la industria y al crecimiento del empleo”. Y concluyó: “Si no hay Estado nacional, no hay nada”.La Argentina gastaba entonces 14.000 millones de dólares en la importación de gas y petróleo.

Hija de José “Pepe” Estenssoro, expresidente de YPF en tiempos de Menem, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) anunciaba su abstención al advertir contra el modelo de “hiperconcentración de la riqueza y el poder”. Recordó en su discurso que los Kirchner habían apoyado “enérgicamente” la privatización de la petrolera en 1992, y alertaba: “No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción”. Para Estenssoro, “culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia es una simplificación y una trampa”.

La expropiación se convirtió en ley durante el transcurso del 3 de mayo de 2012. Fue una larga sesión de más de 20 horas que tuvo más de 200 diputados como oradores. Arrancó a las 15.50 del 2 de mayo de 2012 y seis minutos pasada la medianoche se pasó a un cuarto intermedio. La reunión se reanudó a las 10.10 del 3 de mayo de 2012 y concluyó a las 22.47, según consta en la versión taquigráfica de esa histórica sesión.

Entre sus oradores estuvo Fernando “Pino” Solanas, quien celebró “el gesto de apoyar el proyecto con todas las luces y sombras que trae” y criticó al ministro de Planificación, Julio De Vido, al considerar que “piloteó durante ocho años de vaciamiento en la Argentina”.

“Necesitamos una YPF 100% pública, una sociedad de acciones con mayoría estatal para que la empresa tenga las mejores condiciones de ser controlada”, diría entonces.

Por esos días integrante del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller dijo en su discurso: “Somos partícipes de una jornada trascendente, es un día de recuperación de la soberanía nacional, es un día que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos”.

El Pro votó en contra de la expropiación. Para el diputado Pablo Tonelli, la empresa “solo puede ser r intervenida por un juez en el marco de una causa abierta”.

“La YPF de hoy es una YPF vaciada”, sentenciaba desde su propio bloque Francisco de Narváez, que un año después ganaría las elecciones bonaerenses aliado con Mauricio Macri y Felipe Solá. El entonces legislador se manifestó a favor de tener a la petrolera “en manos del Estado”, pero “controlada fehacientemente”.

A su vez, Elisa Carrió la emprendía contra el titular de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro De Vido, quienes a su juicio debían “ir presos” por el vaciamiento de la petrolera. La diputada de la Coalición Cívica ampliaba la responsabilidad a la clase política: “Todos somos culpables de la destrucción de YPF”.

El diputado radical Ricardo Alfonsín responsabilizó en su discurso al oficialismo del vaciamiento de YPF. Lo acusó de haber avalado la privatización en 1992 y de haber cometido “políticas erróneas” desde 2003. Sin embargo, ratificó que “por principio y convicción vamos a votar a favor”.

A su turno, Graciela Camaño señalaba que “mientras nos hacemos cargo seguimos sin controlar”, y también sostenía que “el problema es el recupero del paquete accionario de la deuda del señor Eskenazi”.

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, señalaba que “Argentina ha perdido el autoabastecimiento que alcanzó durante el gobierno de Alfonsín como consecuencia de políticas coyunturales e irresponsables del justicialismo (…) Menem privatizó YPF vendiéndosela a Repsol con el acompañamiento entusiasta del matrimonio Kirchner”.

“Esta ausencia de control de parte del Estado es una matriz que se repite en varios ámbitos”, indicó en su discurso Gil Lavedra, quien habló de la “hiprocresía”, el “relato épico” y la “epopeya” del discurso kirchnerista, “en la cual ahora estamos yendo contra los malos de España”.

Cerró ese extenso e histórico debate Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, quien defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo para devolverle YPF al Estado y sentenció: “Con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas”.

“A la historia lo que es de la historia, y a la presidenta lo que es de la presidenta, porque la presidenta tomó la decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera de la Argentina”, sentenció.

La expropiación de YPF se aprobó con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. La votación marcó un récord para la gestión kirchnerista, superando otras votaciones consideradas “históricas”.

El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y también Unión Peronista.

El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra en su totalidad.

En el radicalismo encabezó la rebelión el legislador Oscar Aguad, cada vez más cercano al macrismo, quien se retiró del recinto al momento de votar. Siguió estos pasos su par cordobés Hipólito Faustinelli.

La Coalición Cívica-ARI tampoco tuvo una posición unánime. En los mismos términos expresados en su momento por María Eugenia Estenssoro en el Senado, tres diputados acompañaron con sus abstenciones a Elisa Carrió: Hilma Ré, Alicia Terada y Alfonso Prat-Gay. Carlos Comi y Horacio Piemonte votaron junto al oficialismo en general.

En cuanto a los monobloques, se expresaron por la negativa Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) y Carlos Favario (Demócrata Progresista). Mientras tanto, Marcela Rodríguez (DIP) y Bernardo Biella Calvet (Udeso Salta), votaron a favor pero propusieron modificaciones en el articulado. El oficialismo también contó con el respaldo del salteño Alfredo Olmedo; Eduardo Ibarra (Unión por San Juan), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento).

Una multitud acompañó y vivó frente al Congreso la aprobación de esa ley.