Diversas entidades empresarias manifestaron su preocupación ante el proyecto del Gobierno de ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. Ya lo hizo IDEA, pero también desde el Foro de Convergencia Empresarial advierten la necesidad de “contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad”; mientras que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa consideró la iniciativa como “una manipulación de las instituciones con el verdadero fin de someter a la justicia al poder ejecutivo”. 

La propuesta del oficialismo busca ampliar la composición de la Corte a 25 miembros, con un juez por provincia, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el restante en representación del Poder Ejecutivo de la Nación. Al respecto, desde el Foro de Convergencia Empresarial sostuvieron que “para procurar un desarrollo sostenido de la economía, generar trabajo, atraer inversiones y disponer de recursos genuinos para cumplir los fines del Estado, nuestro país necesita contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad dentro del cual la independencia del poder judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un requisito fundamental”. 

En este sentido, advierten que “la proyectada ampliación de 5 a 25 del número de integrantes del más alto tribunal, ya cuestionada desde el punto de vista constitucional por la Academia Nacional de Derecho, genera además incertidumbre para el sector productivo e inversor, que requiere de reglas estables que no afecten el sistema republicano de gobierno establecido por nuestra Constitución Nacional”. 

Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa manifiestó su “rotundo rechazo” al proyecto del Poder Ejecutivo, y consideraron que consideramos que la iniciativa significa “una manipulación de las instituciones con el verdadero fin de someter a la justicia al poder ejecutivo, en una clara alteración de la independencia de poderes que debe regir en nuestra Nación”. 

Asimismo, sostienen que “únicamente llegarán inversiones productivas y se generará empleo genuino en la Argentina si la división de poderes está garantizada y la Justicia es administrada en forma independiente de los intereses del gobierno. La Corte Suprema ya cuenta con carácter federal al ser sus jueces nombrados por el Senado de la Nación, cuyos miembros responden a las provincias”. 

Estos dos pronunciamientos se suman a lo ya manifestado desde IDEA respecto al proyecto: consideraron que constituye “un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”, y que “Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza para lo cual es fundamental tener una justicia independiente”.