El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego), acompañado por su pares en el Senado Luis Naidenoff; Stella Maris Olalla; Mercedes Gabriela Valenzuela; Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo; Silvia del Rosario Giaccoppo, Daniel Kroneberger, María Belén Tapia, Alfredo De Angeli, Mario Fiad y Eduardo Vischi, presentó un proyecto con el fin de investigar irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner.

El proyecto de Blanco solicita información sobre una serie de cuestiones turbias que presenta dicha licitación, muchas de las cuáles fueron destapadas por el exministro de Producción, Matías Kulfas.

Blanco y sus pares preguntan por qué “el DNU 76/2022 otorgó la concesión de transporte a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) por adjudicación directa y no siendo la empresa concesionaria de explotación como lo exige la ley de hidrocarburos”.

“Llama la atención que el mismo decreto le da una serie de facultades a IEASA que claramente exceden su objeto social según la ley de su creación y su propio estatuto social”, señala el senador radical.

Otro punto en que hace hincapié el pedido de informes es sobre el procedimiento de formulación del pliego licitatorio para la obra y cuáles fueron los fundamentos técnicos que determinaron la necesidad de utilizar la chapa de 33 milímetros de espesor que fábrica el Grupo Techint. Exige que se den a conocer las razones técnicas por las cuales se decidió emplear caño de 33 mm de espesor a pesar de la factibilidad de empleo de uno de 31 mm según estándares de otros países avanzados.

“Entre tantas sospechas de corrupción en la licitación, me pregunto si la conducción superior de la empresa Energía Argentina fue elegida y puesta en funciones siguiendo el requisito constitucional de idoneidad para el desempeño del cargo en lo referente a experiencia en el sector energético y en la gestión de grandes empresas o fue por su afinidad política con la agrupación ‘La Cámpora’ o sus vínculos personales con sus dirigentes”, expresó el legislador fueguino.

Otros de los interrogantes que plantea en el proyecto son: “Las razones objetivas por las cuales se produjeron demoras de dos años en un proceso licitatorio que había quedado listo desde la gestión del sector de la energía de 2015-2019, o las causas de la renuncia del Ingeniero Antonio Pronsato, titular de la IEASA a cargo de la obra del gasoducto en cuestión”.

“La Justicia deberá investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones de dicho gasoducto. Queremos que se esclarezcan los planes, programas y presupuestos en los que se encuentra enmarcada la licitación de adquisición de caños y cuál es su correlación proyectual con la obra de ingeniería civil necesaria para el despliegue del gasoducto”, finalizó el legislador opositor.