La iniciativa “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” de la diputada Soher El Sukaria propone unificar todos los planes sociales y que los beneficiarios trabajen y se capaciten. “Mientras el beneficiario trabaje, seguirá cobrando el plan social”, explicó.
La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) junto a sus pares José Núñez (Santa Fe), Gustavo Hein (Entre Ríos) y Pablo Torello (Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” en el que se unifican todos los planes sociales y se condiciona la continuidad de los mismos al cumplimiento de trabajo y capacitaciones; además, establece un plazo máximo de 12 y 24 meses para percibir el beneficio.
“Hay reformas que no pueden esperar más. Claro que el Estado tiene que estar con aquellos que más lo necesitan, pero de ahí a hacer de los planes un modo de vida existe una gran diferencia. Vincular los planes con el trabajo y la educación es el primer paso para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades”, señaló El Sukaria.
El fin es “promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal del trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del estado Nacional”, puntualizó la diputada cordobesa y aclaró: “Mientras el beneficiario trabaje seguirá cobrando el plan social”.
“Las empresas tienen un 100% de bonificación en las contribuciones patronales sobre esos nuevos empleos por dos años”, contó la vicepresidente del Pro cordobés.
“Debemos inculcar el estudio y el esfuerzo como pilares básicos que cualquier sociedad debe tener para desarrollarse. Queremos que vuelva el mérito, todo lo contrario, a lo que predica el gobierno Nacional”, concluyó la referente amarilla.
Por su parte, Núñez expresó: “Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”.
El proyecto:
Según el proyecto -que ingresó este lunes a Diputados- para que los beneficiarios de planes puedan acceder al mercado laboral se conformará un programa de pasantías en distintas empresas inscriptas en un registro, es decir, apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.
En caso de formalizarse el empleo, el Estado continuará pagando el plan por el lapso de un año mientras que el empleador deberá cubrir (durante ese periodo) la diferencia entre lo percibido por el plan y el salario establecido por convenio colectivo.
El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social. El incumplimiento de este punto generará como consecuencia la baja automática del beneficio. Concluida la capacitación, el beneficiario quedará automáticamente inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas que suscriban.
La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.
No obstante, la ley aclara que, una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.
Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.
La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
Por otra parte, el proyecto establece que “si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva”.
La propuesta también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
