La sesión fue convocada por el oficialismo junto a bloques aliados y debatirán el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, además de un beneficio de adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas.
Una semana después de la media sanción que logró la oposición por Boleta Única de Papel, el recinto de la Cámara de Diputados vuelve a abrir sus puertas este miércoles. Originalmente la reunión había sido convocada para las 11 para avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Una iniciativa que ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
La reunión prevista para las 11 fue postergada para las 12 y se llevará adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.
El proyecto de “alivio fiscal” propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
