La senadora oficialista resaltó la importancia de que las juventudes puedan “tener participación activa y real en los espacios de poder y de toma de decisiones en materia ambiental”.
La senadora puntana María Eugenia Catalfamo (FdT) participó de la segunda sesión de la 8va Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios en Egipto en la que se abordaron las iniciativas parlamentarias para luchar contra el cambio climático. En el panel estuvieron también representantes de Egipto, Reino Unido, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
De la conferencia del organismo internacional participaron más de 200 jóvenes parlamentarios de 60 países e intercambiaron opiniones con el objetivo de definir la acción climática en el período previo a la COP27.
En ese marco, Catalfamo aseguró que “las juventudes debemos ser reconocidas como verdaderos agentes de cambio, pudiendo tener participación activa y real en los espacios de poder y de toma de decisiones en materia ambiental”, y resaltó el rol fundamental de las organizaciones de jóvenes que “en Argentina han logrado instalar una agenda verde e involucrar al Estado Nacional -junto con los gobiernos provinciales y locales-, consolidando acciones concretas e impulsando políticas de protección ambiental”.
Además, repasó las leyes de mayor trascendencia en materia ambiental de los últimos 20 años: la Ley General de Ambiente (2002); Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (2019); Ley Yolanda (2022), Ley de Educación Ambiental Integral (2021); y la ratificación del Acuerdo de Escazú (2021).
Posteriormente, la legisladora puntana analizó cómo el cambio climático perpetúa las brechas de género y reiteró la necesidad de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, también, en materia ambiental.
En tanto, explicó que el impacto socioeconómico del cambio climático se puede comparar con los efectos de una crisis económica porque “produce un aumento de las desigualdades preexistentes, principalmente en mujeres jóvenes, profundizando el aumento de la brecha salarial y de la precariedad laboral”, así como de la desigualdad estructural en acceso a educación “porque en ellas recaen las tareas de cuidado no remuneradas y el sostenimiento de sus comunidades”.
