El ministro Soria va al Congreso con toda su artillería apuntándole a la Corte Suprema

El titular de la cartera de Justicia participará este miércoles de un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública, el ministro de Justicia, Martín Soria, estará en la Cámara de Diputados. Y si bien va por un tema puntual como es informar en representación del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, es obvio que en su exposición redoblará sus embates contra el Tribunal Superior.

El máximo tribunal resolvió este martes respecto de una serie de planteos de la vicepresidenta de la Nación y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que se encamina a su finalización.

La Corte rechazó planteos referidos a un supuesto “doble juzgamiento” teniendo en cuenta que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. Sin embargo el tribunal descartó la violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito por “deficiencias de fundamentación”.

Se descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante los tres gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015 en todo el país y no solo las de la provincia de Santa Cruz.

Asimismo los jueces determinaron que “no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones”.

Tampoco admitieron las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz, ni se hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.

Así las cosas y con este antecedente tan cercano no se espera que Soria vaya a ser moderado con relación a la Corte Suprema. Será a partir de las 11, cuando vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.

El ministro ya cuenta con el antecedente de la actitud que mostró cuando le tocó abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.

“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios.

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