Por Melisa Jofré

Tras un largo camino, que comenzó a principios de abril con un acuerdo parlamentario para debatir una reforma en 30 días hábiles -plazo que claramente no se cumplió-, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551).

Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparece adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Podrían pedir incluso sesión para debatir el tema en los primeros días de julio.

Igualmente, resta definir la postura que tendrán, por ejemplo, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.

Luego de varias jornadas informativas, por las que pasaron más de cien expositores de todos los sectores, y habiéndose sumado a la discusión la Comisión de Presupuesto, no hubo luz verde para un consenso. Aunque sí ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades.

El dictamen del Frente de Todos revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Durante el plenario, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) reveló: “Desde la última reunión hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales. Viendo los dictámenes que habíamos sacado de Legislación General, nos pusimos de acuerdo en unificar un solo proyecto”.

Al explicar los aspectos de esa iniciativa, el legislador argumentó que se modifica de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 “generó un impactó negativo en la oferta”. Además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.

A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace destacó el “diálogo fructífero entre distintos bloques”. “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó ya sobre el proyecto.

Y señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.

Desde el oficialismo, el salteño Lucas Godoy lamentó que los legisladores de la oposición “hayan soslayado completamente la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos”, de quienes “no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”. También resaltó que “es incomprobable” que los precios “hayan aumentado producto de esta ley”.

En tanto, su par Susana Landriscini cargó: “No respetan nada de lo que han pedido y solicitado fuertemente los inquilinos, las mujeres cabeza de familia, los sectores vulnerables, los representantes del interior, los jóvenes”. “La palabra ‘libremente’ en los pactos entre oferentes y demandantes surge de la doctrina liberal económica, que cree que uno y uno de las partes son iguales, cuando no lo son”, fustigó y agregó que la iniciativa de la oposición se trata de “una legislación que solo beneficia a propietarios e inmobiliarias”.

En la misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja consideró que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer. Esto es como poner a un zorro con una gallina”. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos. ¡Acá hasta escuchamos llorar a una mujer!”, enfatizó. Y, más tarde, completó: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.

Desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación”. Entonces, cuestionó hacer discursos como si se creyera que “sí se escucha, cuando en realidad no se está viendo cuál es el problema que tiene nuestro país”.

“El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.

Avanzada la discusión, el diputado del Pro Luciano Laspina cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. Este es un ejemplo más, de negar la realidad, como niegan la inflación”.

“Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, apuntó el macrista, que expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. Para el santafesino, con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.

En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó el trayecto que tuvo la ley -que se votó por amplia mayoría en Diputados en noviembre de 2019- y rechazó que “le hemos cargado casi toda la responsabilidad de los problemas que existen” a esa norma, que “entró en vigencia aproximadamente hace un año y dos meses”.

“Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, manifestó y planteó a continuación: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.

Luego leyó noticias sobre aumento de alquileres en otros puntos del mundo, como en New York o Barcelona. “Esta situación (internacional) que se está dando la tenemos que tener en cuenta. Inclusive aquellas economías más estables y que les dan mayor certidumbre a los mercados están teniendo problemas en los alquileres”, señaló. Finalmente, en su discurso, coincidió que “el camino va por los incentivos”, pero alertó que “no por reducir derechos de los inquilinos”.