El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI- Catamarca) abogó por la eliminación de cualquier tipo de intermediario en la administración de los distintos tipos de planes sociales que, con recursos del Estado Nacional, se reparten entre organizaciones sociales.

En tal sentido, afirmó que “los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”, en respuesta a la posición fijada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que días atrás se expresó a favor de quitarles la administración de los planes a las organizaciones sociales para entregárselas a gobernadores e intendentes, postura que también compartió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

“Es real que no podemos seguir permitiendo que los dirigentes de las organizaciones sociales tengan de rehenes a los beneficiarios de los planes sociales, a quienes manipulan y utilizan políticamente”, sostuvo el legislador, quien agregó: “Pero tampoco estoy de acuerdo con que el manejo quede en manos de los jefes comunales o de los gobernadores”.

En tal sentido, detalló que “uno de los problemas graves de la Argentina es la democracia de baja calidad en el interior. Entregar la administración de esos planes a los gobernadores terminaría por acentuar la tendencia a crear feudos, unicatos donde el gobernador termina siendo jefe del gobierno, del partido político, de la Justicia y la legislatura, lo cual es sumamente dañino para la sociedad y para la democracia”.

“En Catamarca, si bien no existe ese nivel de concentración del poder, muchas de las acciones del gobernador Jalil tienen a hegemonizar el poder, desde la concentración económica, a la concentración del manejo político”, afirmó e insistió: “Los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”.

El legislador nacional sostuvo que los planes “son recursos del Gobierno nacional puestos en función de la gente que por alguna circunstancia carece de ingresos regulares, y deben ser cobrados en forma directa, a través de la bancarización y sin intermediarios de ningún tipo”.

También cuestionó que “la concentración de la gran cantidad de personas que hoy dependen de un plan -alrededor de 1,2 millones de personas en todo el país- está generando situaciones graves, donde los cabecillas de estas organizaciones retienen porcentajes de los magros ingresos que representan estos planes”.

“Están concentrando recursos millonarios para financiar sus organizaciones a costa de la pobreza, con lo cual, termina siendo redituable para estas organizaciones que la gente no tenga trabajo, que no pueda progresar, porque mientras más gente se caiga del sistema, más poder acumulan estas organizaciones; es un círculo vicioso macabro al que hay que ponerle un coto”, cuestionó.

Y finalizó que para ellos “el Gobierno tiene que dejar de discutir quién ‘gerencia’ la pobreza y comenzar a pensar alternativas para comenzar a incorporar a toda esa masa de gente al trabajo formal”.