Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que propone una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, y un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.

La votación resultó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Al oficialismo lo acompañaron, como es habitual, la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En tanto, también apoyó el proyecto la cordobesa Alejandra Vigo. Le faltó al oficialismo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, enfermo de Covid.

Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, espacio dentro del cual hubo un puñado de senadores del Pro que votaron negativamente: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Luis Juez, Humberto Schiavoni y José Torello.

La iniciativa del oficialismo fue presentada a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que fue motivo de reclamo por parte de la oposición.

Además, desde Juntos por el Cambio pidieron por la opinión del Ministerio de Economía sobre el costo fiscal y el impacto que tendría en el marco del acuerdo con el FMI. Pero el Frente de Todos aclaró y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera que conduce Martín Guzmán.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El debate

La primera oradora de la tarde fue la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien explicó en detalle el proyecto e indicó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%”. “La verdad que es insignificante”, consideró, ante lo que busca ser “un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”.

“Yo la verdad que no le pregunté al ministro (Martín Guzmán), le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, respondió sobre las críticas por la falta de opinión de la cartera económica, y agregó: “Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”.

Desde la oposición, el radical Víctor Zimmermann preguntó: “¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Para que, de alguna manera, poder tener un costo presupuestario del impacto que pueda tener”. “Porque creo que de la suma y resta, más allá de que uno es de aporte y otro de pasivo hacia adelante, va a tener un costo presupuestario importante”, consideró.

También consultó al oficialismo sobre si la iniciativa “no impacta en contra del compromiso con el FMI” ya que Argentina “se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”. Así, contradijo a Di Tullio: “Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener y si no significa una contrariedad en el contexto de la Argentina”.

El chaqueño sostuvo que “no podemos estar satisfechos con lo que ha pasado en el sistema previsional en Argentina porque hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes hoy”. Y pidió que el proyecto vuelva a comisión y se trate en Presupuesto.

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri resaltó que “todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar. Sabemos que es enorme el déficit fiscal y es, en parte, producto de la falta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, de la inflación, que no son otra cosa que la angustia que viven a diario los ciudadanos”.

En esa línea, la porteña aseguró que “nos debemos un debate serio, sano, genuino, con todos los actores sentados, diputados, senadores, cámaras empresariales, sindicatos, absolutamente todos. No podemos seguir generando parches”.

Sobre el proyecto, la senadora cuestionó que “no sirve, no es real” y explicó que “esta moratoria es para los que tienen 10 años de aportes, por lo cual tampoco van a llegar a los 30 años; y si cada 4 años vamos a tener que hacer una nueva, es porque necesitamos revisar en serio y conjuntamente con seriedad el sistema previsional argentino”. “No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.

De la vereda de enfrente, el misionero Maurice Closs subrayó que se trata de beneficiar a muchas personas que “no llegan a completar los requisitos de edad y aportes” porque “tenemos una economía que lo largo de los años viene con desórdenes y problemas de pérdida del trabajo formal”.

“Esto busca incluir a esas personas que no cumplen el doble requisito, dentro del sistema con una medida que no es la primera vez que se hace”, manifestó el oficialista, que aportó datos sobre la situación en su provincia: “En Misiones hay 80 mil jubilados por moratoria y solo 18.800 que se jubilaron con la cantidad de aportes y edad necesaria, ¿imaginen si no hubiesen existido esos planes?”.

Aunque reconoció que esta iniciativa no resolverá los problemas estructurales, el legislador señaló que “si no damos una solución vamos a ver mucha gente sin condiciones de jubilarse, esa es la verdad y nos interpela a tomar una decisión. Es una solución coyuntural, sustentable y en la expresión de un país que no resuelve problemas como la inflación y la informalidad”.

Una de las autoras del proyecto, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que de no aprobarse este proyecto “solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones” en edad jubilatoria. Por eso, pidió asumir “la gravedad de la situación” y “la urgencia que tenemos en el tratamiento del proyecto de ley”.

La mendocina respondió entonces a los que “piden que volvamos a comisión, o dicen que ponemos parches al sistema previsional, o que nos merecemos un debate profundo acerca del sistema previsional. ¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!“.

En defensa de la iniciativa, la camporista sostuvo que esta moratoria “es superadora de las anteriores moratorias”, porque tiene una “vista al corto plazo y al mediano plazo”. También expresó que se busca “crear una conciencia previsional en todos los argentinos y argentinas” y este plan “se inscribe en el espíritu” de “las políticas de inclusión previsional” del kirchnerismo.

En contra de la gestión de Cambiemos, la legisladora recordó que al entregar el gobierno Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, había “un 98% de cobertura del sistema previsional” y “el haber mínimo más alto de Latinoamérica”. En tanto, durante el gobierno anterior, mediante la Ley de Reparación Histórica, que calificó como “un caballo de Troya”, se aprobó un “blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios” y “la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”, entre otras cuestiones.

“Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo”, dijo y denunció que “devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones y lo descapitalizó totalmente”. Además, precisó que el FGS tenía en diciembre de 2015 unos 66 mil millones de dólares y a fines de 2019 se entregó con 33 mil millones de dólares; hoy cuenta con 51 mil millones de dólares, por lo que destacó la recuperación de 18 mil millones.

En el tramo final, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo opinó que “no es un buen proyecto porque, más allá de la intención, no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados”. Sobre la situación crítica del sistema, detalló que “según datos de la ANSeS, el SIPA contaba con el 48% de la población activa, un 29% trabaja en la informalidad y un restante 6% que se encuentra desocupado. No se produce ingreso en concepto de aportes”.

Sin embargo, la cordobesa adelantó su voto positivo porque “es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar”. Pero cuestionó “la idea de pensar en que esto son soluciones o parches para una enfermedad grave como es el sistema jubilatorio”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, afirmó que “no estamos solucionando los problemas estructurales” y, por eso, “no hay que ofenderse cuando uno lo tilda a esto de parche”. El proyecto “claramente aumenta la vulnerabilidad del sistema, porque incorpora beneficiarios que no han tenido aportes”, observó.

El misionero expresó que “todos estamos de acuerdo que hay situaciones de injusticia y grupos que están en estado de vulnerabilidad”, pero “también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad, y en esto hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia”, aseveró y pronosticó que “este proyecto implica más déficit fiscal”.

“Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”, analizó en su discurso el senador Martín Lousteau.

En ese sentido, el radical apuntó que mucha gente afronta el problema del doble requisito en medio de “un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina”. Tras definir como “parche” a la iniciativa, cuestionó que “seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar”. “Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo; es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”, añadió.

Penúltimo orador, el otro autor del proyecto, el senador camporista Mariano Recalde, sostuvo que hay “una necesidad y urgencia” porque a partir del próximo 23 de julio, “una enorme cantidad de argentinos no van a poder acceder a la jubilación”. “Si no hacemos algo, que algunos definen como un parche, quedan librados a caer en esa especie de migaja, limosna poco digna, jubilación de segunda, una pensión con menos derechos que es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)”, advirtió y criticó que esta pensión -creada en el gobierno anterior- “es una suma equivalente al 80% de la mínima” que “no da derechos hereditarios a los familiares” y además “exige a las mujeres llegar a la edad de 65 años”.

El porteño defendió que “cuando hay una necesidad nosotros creemos que hay un derecho, pero además no se puede caer un derecho, no se puede perder”. Y subrayó que se trata de beneficiar a “gente que sí trabajó; no son parásitos”, sino trabajadores que no tuvieron los aportes suficientes por ser “víctimas de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país” o porque no tuvieron empleo o los tuvieron sus empleados en la informalidad. “No son responsables de no tener las contribuciones”, insistió.

Recalde manifestó también que el sistema previsional “se hace sustentable generando más empleo, combatiendo la informalidad, aumentando el poder adquisitivo de los salarios y no impulsando reducciones de los aportes patronales o reformas laborales con contratos basura”.

Finalmente, el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, consideró que el proyecto es “profundamente cristiano y humanista”. “Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y ahí está la urgencia. Porque también la tiene que votar la Cámara de Diputados”, argumentó.

“Es un proyecto excelente”, resaltó el formoseño, que opinó que no acompañarlo es “no tener corazón, que les importa tres pitos de todo el mundo”. “No votar esto es lo mismo que hicieron cuando creamos el SIPA. Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas”, fustigó a la oposición.

Y reiteró que la iniciativa “tiene en primer lugar a la justicia social y a la solidaridad” al “ponerse del lado de los que no se van a poder jubilar”.

Con críticas a la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron algunos de sus pares, Mayans señaló que “la CABA es la ciudad más beneficiada por la ANSeS, el 30% de su población está beneficiada por la ANSeS”. “Tanto que hablan de los planeros…”, chicaneó.