En el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria de la Cámara de Diputados, dirigentes de distintas entidades agropecuarias asistieron a una reunión informativa sobre el proyecto de ley de fomento al desarrollo agrobioindustrial.

La iniciativa, que fue destacada por el ministro Julián Domínguez en su visita a la Cámara baja el 22 de junio pasado, fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector.

En primer lugar, José Martins, presidente de la Bolsa Cereales y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, aseguró a las 61 entidades que nuclea el CAA “lo único que nos une es ser capaces de contribuir a nuestra Nación generando propuestas de política de Estado”. El sector agropecuario “es un sector económico que, si bien hoy está posicionado para ser gran parte de la solución, tiene en sí mismo la oportunidad de duplicarse y crecer mucho más”, resaltó, por eso aspiró a “ser partícipes de la solución y no corresponsables del problema”.

El expositor explicó que “este proyecto lo que implica es la industrialización, ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones”, porque “somos muy eficientes en exportar productos primarios”, pero también “la industrialización debe darse en el interior, y eso generando empleo”.

Luego, Alfredo Paseyro, gerente general de Asociación Semilleros Argentinos (ASA), enumeró que se busca promover “la inversión, el empleo, la producción, la competitividad, el aprovechamiento integral de la biomasa”, entre otros puntos. En su intervención propuso que la ley tenga una vigencia de 10 años, con posibilidad de extenderla por ese mismo plazo -y no de 5, prorrogable por 5-, con el fin de “tener una mirada realmente integral”.

Sobre el sistema de “ventanilla digital” que prevé, indicó que se busca “no cargar con burocracia al que acceda a estos beneficios”, beneficios para los cuales pidió “estabilidad” considerando que “hay actividades como la forestal, semillera, hortícola que llevan más que tres o cuatro años en poner en valor sus producciones”.

En otro tramo, Paseyro propuso que la amortización acelerada, “en el contexto que estamos, sea directamente en el primer año”. “En el contexto inflacionario, lo que significa hoy para un PyME acelerar esa amortización, creemos que sería una mejora”, sumó.

A su turno, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó tres artículos del proyecto, entre ellos el que se refiere a la “valuación de la hacienda” para “reducir el problema que genera la ganancia por tenencia, tanto por aumento de peso como por efecto inflacionario”.

Lo que se busca es evitar que “en la invernada el productor se descapitalice por pagar Ganancias previo a la venta de la hacienda”, apuntó. También valoró los artículos que “vienen a solucionar parcialmente el desincentivo” que presentan los sectores de “pollos y cerdos, que requieren alta inversión por unidad productiva”.

Por su parte, Miguel Cané, presidente de ArgenTrigo, recordó que “tenemos pendiente una Ley de Semillas” para “incentivar y atenuar” la problemática del sector por la cuestión de regalías y propiedad intelectual. “En el cultivo de trigo dependemos enormemente de lo que es la fertilización”, señaló, por lo cual ponderó que los “incentivos” contemplados en la iniciativa “ayudan mucho”.

El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, opinó que “Argentina sale con este tipo de acuerdos, con esta forma de vincularnos”. “Muchos productores ven en este proyecto un foco de esperanza en un país que todos sabemos las situaciones que vivimos”. En esta propuesta “hay aliento a la producción, al empleo, promoción al federalismo”, al tiempo que “alienta el asociativismo en los servicios”, expresó. En la misma línea, consideró al proyecto como “una plataforma de lanzamiento para establecer las famosas políticas de Estado para que haya en el país reglas previsibles”.

Otra voz desde CONINAGRO fue la de Elbio Laucirica, quien abogó por que el proyecto “nos brinde las certezas, las previsibilidades, la confianza y el marco legal necesario para llevar adelante nuestras producciones”. “Necesitamos de estos acuerdos, de estos consensos y celebramos que nuestros representantes en el Congreso lo estén tomando en cuenta”, añadió.

Por Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, advirtió que “Argentina lo que necesita es empezar a pensar y decidir en políticas que tengan efectos a todos los niveles de la cadena, y no solo en eslabones”. “Los productores primarios necesitamos la atención en forma urgente de una reducción de carga impositiva, y que eso se dé con la eliminación de derechos de exportación es sumamente necesario”, reclamó, y dijo que en la iniciativa “no lo hemos visto plasmado”. “No quiero que se tome como crítica, ni como una defensa del sector primario, pero lo que estamos solicitando es un acto de igualdad”, agregó.

Avanzada la reunión, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, subrayó que “el 70% de las exportaciones de este país vienen del sector agropecuario”, por lo cual es “importante cuidar al sector por la generación de divisas que trae”. “El uso de la tecnología es cada vez más crítico para el agro”, manifestó y afirmó que “no solo para que podamos exportar más, sino para que el planeta no siga sufriendo, para que podamos producir más sin dañar al medioambiente”.

En esa línea, observó que “el sector contribuye fiscalmente muchísimo” a través de las retenciones que, “en algunos casos son más de un tercio” y eso “compromete la rentabilidad del productor”; con lo cual “cualquier incentivo que lleve al productor a que en la compra de tecnología pueda tener algún tipo de recupero en otros impuestos” es “realmente muy importante”.

También presente en la reunión, expuso Matías Lestani, secretario de Agricultura, quien reveló que la elaboración del proyecto “llevó un montón de tiempo, revisión de artículos de leyes específicas y hasta los cálculos de impacto”. “Para el Ministerio es una condición trabajar en el desarrollo del fomento de las exportaciones y dar bases sólidas, este es un ejemplo de una política de Estado”, sostuvo.

Y reforzó que “justamente el sector más pujante de la economía argentina no tiene una política de Estado clara en este sentido, y esta ley es el primer peldaño”. “No cabe ninguna duda y no puede estar en objeción que este es un primer escalón importantísimo”, insistió. Asimismo, aclaró que “los consensos con cada área ya se hicieron y esta es la ventaja grande de este proyecto” que contó con “consensos entre el sector privado y público” y “un camino de construcción conjunta”.

El reclamo de la Sociedad Rural por las retenciones

Entre los oradores, asistió al plenario el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien aclaró que la entidad “no participó en ninguna de las instancias” del armado del proyecto, que consideró “busca impulsar las inversiones abordando temas aislados”, ya que “no contempla las verdaderas reformas estructurales que están generando las verdaderas causas de la baja inversión que tiene la Argentina, y que hacen que la economía no crezca desde el año 2012”.

Entre esas causas, mencionó “la alta carga tributaria y los derechos de exportación”. Sobre estos últimos, remarcó que “hoy no son legales, por eso la SRA inició un juicio en Córdoba”. “Pedimos al Congreso que tome este tema para evitar mayores daños y pérdida de institucionalidad”, reclamó.

Pino enumeró que se necesita “contar con una moneda estable; con una política cambiaria con un tipo de cambio unificado; disponer de un sistema financiero profundo; eliminar las intervenciones que alteran el normal funcionamiento de los mercados con cupos, con fideicomisos que afectan los precios que recibe el productor; eliminar las transferencias entre distintos eslabones de la cadena; contar con los insumos estratégicos, como el gasoil y los fertilizantes, dos insumos claves que hemos visto que en estos últimos días han faltado”.

En consonancia con la cuestión de las retenciones, le tocó luego hablar al jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien expresó: “Los derechos de exportación son para nosotros un elemento que debería estar integrando y que integraba el documento, o los primeros papers que formaron parte de este trabajo que rescato”.

“Hay que incorporar (las retenciones) en esta discusión para que el parche deje de ser un poco menos parche”, afirmó y enfatizó que “hay que sacarle la pata de encima al productor, hay que dejarlo que produzca”. “No puedo ser muy optimista de que vayamos a doblar la producción, de que vayamos a obtener los números que están allí (por el proyecto) planteados, si no incorporamos algún capítulo en la ley sobre cuestiones como los derechos de exportación”, reforzó.