Un plenario de las comisiones de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular); y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda.

Desde el Salón Arturo Illia, la titular de la Comisión de Infraestructura anunció, previo al debate, que el senador Carlos Linares integrará la comisión en reemplazo del misionero Maurice Closs.

A continuación, González contó: “Este proyecto de ley convendría hacer un poco de historia al respecto, ya que precisamente es un proyecto que viene a instaurar nuevamente el título segundo de la Ley 27.613 que ya había sido aprobada tanto por Diputados como por el Senado. Viene nuevamente esta iniciativa a ponerse a consideración precisamente porque ha vencido su plazo”.

“Este plazo, con respecto al título de incentivos, era por 360 días y ya fueron cumplidos y finalizados, por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es poner nuevamente en vigencia con este accionar legislativo esta instancia porque, a pesar de las dificultades y demoras iniciales para su reglamentación, la Ley tuvo muy buena acogida en el sector de la construcción. Como ya sabemos este proyecto fue sancionado en plena pandemia”, explayó.

En tanto, destacó que “hubo más de 6 mil aperturas de cuentas según datos de la Cámara de la Construcción. Este sector prevé que se aumente el interés por acogerse a los beneficios fiscales de la norma cuando el Congreso la prorrogue”.

“El sector de la construcción ha tenido un repunte muy importante que es de conocimiento público, no solamente a las obras públicas y a los diferentes programas tantos nacionales como provinciales que se desarrollaron en el basto sector, sino también esto ha devenido en una gran y amplia movilización del sector privado y es precisamente a este sector al que hoy estamos tratando”, informó la formoseña.

Asimismo, se basó en datos del INDEC que arrojaron que “en abril del 2022 el indicador de la actividad de la construcción muestra una suba de 8.8% respecto al igual del año 2021. El acumulado del primer cuatrimestre presente un incremento del 3.1% respecto al interanual. Si miramos la información sobre los puestos de trabajo registrados en el área de la construcción en el sector privado, aquellos sobre los que efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional, en marzo del 2022 el indicador registró una suba de un 18.4%, mientras el acumulado de enero a marzo de 2022 presentó una suba del 17.9%”.

“En encuestas realizadas a empresas del sector se muestran expectativas buenas con respecto a nivel de actividad esperado en el periodo tanto en obras públicas como privadas. El 51% de las empresas que hacen obras privadas se prevé que el nivel de actividad se mantendrá durante los próximos meses, mientras que el 41% estima que aumentará que loa tribuyen a la obra pública, pero hay que apalancarlo con medidas fiscales para asegurar el cumplimiento del pronóstico”, sumó a su explicación.

En esa línea, la senadora por Formosa señaló que “con esta prórroga, los inversores pueden llegar hasta un 7.5% de ahorro en sus impuestos y aquellos que exterioricen sus activos tendrían un costo muy bajo que afrontar para regularizar su situación y, además, evitando las penalidades”.

“Lo importante es lograr soluciones a los problemas que enfrenta nuestra economía a causa de la pandemia como recuperar 110 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción o incrementar la producción o consumo de materiales o lograr el reingreso de divisas”, consideró.

Y cerró: “Esto va a incentivar a un sin número de personas y grupos a volcarse a la construcción de emprendimientos de carácter colectivo, individuales o teniendo en cuenta grandes complejos. Estamos tratando con urgencia este proyecto para que ayude a que puedan aportar al mercado de la construcción teniendo en cuenta que es una fuente generadora de empleo y funciona como efecto dominó en todo el campo de la producción”.

A su turno, el presidente de Presupuesto el riojano Ricardo Guerra detalló los aspectos centrales del proyecto y precisó que “incentiva la construcción de vivienda a ser llevada a cabo por sector privado a través de franquicias tributarias a los contribuyentes que se encuentran al día. Sobre los plazos plantea un blanqueo de dinero, pero que tengan destino específico la construcción de vivienda. Otro de los capítulos hace un pase de planes sociales al trabajo formal siempre que esté afectado a la construcción”.

También habló el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) quien le pidió a González contar con la información de los avances en la recuperación de la inversión en el maco de la obra pública porque “Es muy sustancial e importante más allá que dio cifras, pero esto de alguna manera suma al debate para tener información fehaciente con un proyecto de esta característica”.

“Tiene cinco artículos de los cuales los dos primeros son los más importantes, los restantes responden a normas complementarias. Esto es una prórroga el título primero que versa sobre título segundo de la Ley 27.613 que crea alícuotas especiales, está claro que es un blanqueo”, señaló y consultó si “no es necesario agregar el título primero de la Ley que habla de hacer una deducción como incentivo fiscal del 1% de los bienes personales y de ganancia que vencen el 31 de diciembre de este año y no está incluido en la media sanción, es importante que se incluya”.

Respecto al artículo 2 sobre la reconversión de los planes sociales en trabajo formal, recordó que “nosotros en agosto presentamos un proyecto que lleva la firma de 17 senadores de todo el país”, y solicitó: “Es una cuestión a estudiar y tenemos que analizar con todas las actividades en su conjunto y no solamente desde el punto de vista de la construcción. Es necesario darle una fuerte capacitación, articularlo lo público y privado, es necesario luchar con una cuestión cultural para recuperar la reconversión de los planes en trabajo formal. No debiera tratarse esto de forma aislada y discutir un programa de estas características para lograr una reconversión de los planes”.

En el uso de la palabra, el senador santafecino Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular) manifestó: “Entiendo que muchas cosas están distorsionadas en la Argentina, pero por mucho tiempo que se vienen modificando y venimos emparchando. Cada uno arma y desarma de acuerdo a su criterio y si tiramos todo lo que tenemos en la mesa y empezamos de cero es mejor a veces. Es probable que esta ley sea perfectible, todas las leyes lo son, pero indudablemente detrás de este proyecto estuvieron los sectores de las construcciones de viviendas”.

“Hoy tenemos un problema que, no digo que esta ley lo vaya a solucionar, son las viviendas sociales, costos de alquileres, lo difícil de no poder acceder a un crédito hipotecario para poder tener su vivienda gene de clase media y baja”, indicó y remarcó que “hoy lo que tenemos es esto”.

En su intervención, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) aclaró que “no es el único proyecto que está a disposición”, y retomó las palabras de su par Zimmermann y consultó: “¿Cuál es el impacto que esta Ley tuvo? ¿Cuál es el monto que se logró blanquear como resultado de esta Ley?”.

González le contestó del otro lado y le explicó que “el impacto que se tuvo en la primera instancia de la ejecución de la Ley fueron 887 las presentaciones de personas físicas y jurídicas que implicaron un monto de 26 mil millones con una recaudación fiscal de 1700 millones de pesos”.

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa -que fue aprobada con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones en Diputados- busca prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.