En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de precisiones al respecto del protocolo de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género en los diferentes efectores de salud.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco y prevé conocer si “existe un protocolo para abordar casos de violencia por motivos de género cometida por el personal hacia otros trabajadores de los efectores de salud. En caso positivo, adjúntelo según cada efector de salud”, si “se han recibido denuncias de violencia por motivos de género por parte de pacientes hacia el personal de los efectores de salud en los años 2019, 2020, 2021 y 2022” y si “se ha trabajado conjuntamente con otros organismos públicos para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en los efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

También buscará conocer la cantidad del personal del ámbito de la salud ha realizado la capacitación obligatoria en género, Ley Micaela.

En los fundamentos del texto recientemente aprobado, Velasco remarcó que “el presente pedido de informes se aboca a conocer si existen protocolos de abordaje y actuación sobre las distintas formas de violencia basada en género” y remarcó que “el mismo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado”.

Además precisó que “tratándose de violencia contra las mujeres, estos protocolos se convierten en una medida preventiva que produce dos efectos concretos: el primero, generar un espacio de contención, abordaje y orientación para las mujeres afectadas; el segundo, enviar un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no son toleradas. El objetivo del protocolo va a depender del tipo de violencia que se desee abordar”.

“Al presente lo motiva saber si se brinda asistencia técnica a las víctimas, para responder al marco legal vigente y así garantizar los derechos básicos de seguridad, acceso a la justicia y no revictimización de las mujeres en situación de violencia”, sentenció.