Impulsan un proyecto para modificar el Código Penal sobre delitos de usurpación de tierras

A instancias del titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, y su par Agustín Domingo, la iniciativa propone cambiar los artículos 23 y 181 con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito”.

El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.

En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.

Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

3401-D-2022

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